Presenta su escrito de defensa en caso de que la Audiencia de Madrid rechace los recursos solicitando el archivo y deba enfrentarse a un jurado por cuatro presuntos delitos.
Begoña Gómez ha interpuesto un recurso para evitar el juicio, aunque ya presentó su escrito de defensa ante la posibilidad de tener que enfrentarse finalmente a un jurado. En su escrito sostiene que en 2020, cuando se reunió con el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en La Moncloa, ya desempeñaba el cargo de directora del máster y que fue la universidad la que le propuso «expresamente» crear la cátedra extraordinaria, basándose en su experiencia.
La esposa del presidente del Gobierno comienza señalando que su vínculo con la UCM data de 2012, época en la que Pedro Sánchez «no ostentaba responsabilidad pública alguna». En ese momento, era codirectora de estudios de Formación Continua de Técnico de Fundraising y, posteriormente, durante 11 años, codirectora del Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro.
Esta actividad se combinó con sus funciones directivas en la empresa Inmark, de la cual solicitó excedencia al asumir su esposo la Presidencia del Gobierno, «con la finalidad expresa de evitar cualquier conflicto de intereses derivado de la posición institucional de aquel».
El siguiente punto clave está relacionado con la investigación del juez Juan Carlos Peinado: «En marzo de 2020, Dña. Begoña Gómez Fernández amplió su labor docente al desempeñarse como codirectora del Máster Propio en Transformación Social Competitiva».
En julio de ese mismo año, convocó en La Moncloa al rector Joaquín Goyache. Ella misma organizó la reunión con motivo de «la participación del Rector en un Congreso para la difusión de los contenidos de los másters». Según su versión, fue en este encuentro donde Goyache «le planteó la posibilidad de dirigir una Cátedra Extraordinaria en la UCM, considerando la experiencia que tenía codirigiendo dos másters», en referencia a Fundraising y Transformación Social.
Tres meses más tarde, se constituyó la cátedra, cuya dirección asumió bajo propuesta expresa por parte de la propia UCM.
Además de la creación de la cátedra, que el juez Peinado sitúa dentro del delito de tráfico de influencias que se atribuye, la esposa de Sánchez rechaza el resto de cargos. Sobre la presunta apropiación indebida del software desarrollado en la cátedra, afirma que ni ella «ni el resto de los investigados se han beneficiado» de los fondos destinados por la UCM y varias empresas. Asimismo, asegura que «la UCM no ha sufrido perjuicio patrimonial alguno».
La propia UCM, en un escrito dirigido al juzgado, valoró el perjuicio en 113.000 euros, ya que ese software nunca se llegó a implementar. Esta circunstancia sirve a la investigada para argumentar que no pudo apropiarse de una plataforma digital que no estuvo disponible.
Detalla que ella misma reservó el dominio web correspondiente al máster de la UCM «con la finalidad de impedir que terceros pudieran apropiarse» del mismo. En cuanto a las sospechas sobre la constitución de una sociedad a su nombre con el nombre de la cátedra y el máster, aclara que «no tuvo ninguna actividad, no presentó cuentas anuales ni registró dominios, derechos o bienes de ningún tipo».
Otro aspecto de la imputación se centra en que su asistenta en La Moncloa, Cristina Álvarez, habría dedicado tiempo a labores profesionales privadas de la esposa del presidente, lo que podría constituir malversación. Argumenta que la asesora atendió «de forma ocasional» un número «muy limitado» de correos relacionados con la Complutense «para apoyar en momentos puntuales» a Begoña Gómez. Añade que esta situación no impidió que la asistenta cumpliera todas sus obligaciones públicas, por lo que no se produjo malversación alguna.
El escrito del abogado y exministro socialista Antonio Camacho incluye una breve referencia al empresario investigado Juan Carlos Barrabés, para quien Gómez elaboró cartas de recomendación para licitaciones públicas. Se limita a indicar que Barrabés impartió «alguna clase» en el máster y «no tuvo intervención ni en la génesis ni en el desarrollo de la mencionada Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva».
Este escrito ofrece menos detalles que otros previamente presentados por Gómez ante la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, encargada de revisar las actuaciones de Peinado en este proceso. El instructor considera que existen indicios suficientes para llevar a Gómez ante un jurado por cuatro delitos. Será este tribunal, al resolver los recursos, quien tendrá la última palabra sobre si finalmente se juzga a la esposa del presidente del Gobierno.