La semana pasada, el Juzgado de Instrucción decidió archivar la querella al concluir que no existía caso, ya que el centro habría implementado las medidas necesarias
Un informe de la Inspección Educativa, realizado pocos días después del suicidio de Sandra Peña, confirmó que el colegio privado concertado de esta alumna sevillana de 14 años, presunta víctima de acoso escolar, no habría adoptado medidas adecuadas frente a la situación que enfrentaba, según adelantó este martes el Diario de Sevilla.
La joven se suicidó en octubre de 2025, y los padres acusaron entonces al centro Irlandesas de Loreto de no responder a las solicitudes de intervención hechas por la familia ante el comportamiento de los compañeros hacia la menor.
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La familia interpuso una querella contra el colegio, pero la semana pasada el Juzgado de Instrucción número siete del Tribunal de Instancia de Sevilla determinó que no existía caso ya que el centro supuestamente tomó las medidas necesarias. Sin embargo, ha aparecido un informe que indica que no consta que se iniciara un procedimiento corrector dado el presunto acoso contra la joven.
Varios cientos de familiares de estudiantes del colegio Irlandesas Loreto de Sevilla se han reunido este viernes en una plaza próxima al domicilio de la joven de 14 años que el miércoles se precipitó desde un balcón en la calle Rafael Laffón; allí rindieron homenaje a la menor y denunciaron supuestos episodios de acoso escolar en la institución. El tío de la menor, presente en la concentración, anunció que se emprenderán las acciones legales pertinentes. (Europa Press)
Los inspectores creen que se debió activar el protocolo contra el acoso
El juez que llevaba el caso manifestó en su auto que el colegio sí implementó medidas de protección tras una reunión con la familia en septiembre de 2025, tales como la separación de las presuntas acosadoras y el seguimiento psicopedagógico, y señaló la ausencia de relación causal entre la actuación del centro y el suicidio, ocurrido fuera de las instalaciones escolares. Además, el magistrado recalcó que el hecho de que no se activara formalmente el protocolo antiacoso no implica necesariamente que el desenlace pudiera haberse evitado. En el auto se afirma que dicho protocolo es “indudablemente eficaz”, aunque se añade que eso no permite concluir que su aplicación hubiera evitado “la decisión de la menor de quitarse la vida”.
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Por otro lado, los inspectores de Educación confirman en su informe —elaborado antes de la sentencia— al menos tres episodios entre Sandra y sus presuntas acosadoras, que incluirían insultos y humillaciones. Por ello, consideran que estos hechos deberían haber dado lugar a la apertura del protocolo correspondiente de acoso y de prevención de suicidio.
Tras conocerse el archivo provisional de la querella contra el centro, los padres de Sandra Peña anunciaron que apelarán una decisión que los “hunde y destruye aún más”, mientras que el colegio insistió en que siempre actuó “guiado por la responsabilidad, la prudencia y la intención de proteger” a la alumna. Actualmente, el proceso continuará por la vía civil, tras considerarse agotada la vía penal. No obstante, el auto también indica que “nadie esperaba que supervisaran a la menor en todo momento para evitar que se suicidara” y subraya la falta de una relación suficientemente causal entre las supuestas omisiones del centro y el suicidio de la adolescente.
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Información de apoyo y ayuda
En caso de necesitar ayuda, se recomienda contactar a un amigo o familiar de confianza, ya que las personas cercanas desean brindar apoyo. Si no se está preparado para hablar con ellos, se puede llamar al teléfono de la esperanza (en España): 717 003 717 o a la línea de atención a conductas suicidas del Ministerio de Sanidad: 024. También existen asociaciones como Papageno y La niña Amarilla con las que se puede contactar.
*Con información elaborada por EFE.
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