La Comisión Europea afirma que su próximo presupuesto a largo plazo fortalecerá los valores democráticos. Sin embargo, grupos de la sociedad civil advierten que podría debilitar silenciosamente a las ONG al eliminar fondos protegidos y transferir el control a los gobiernos nacionales.
La propuesta presupuestaria de 1,8 billones de euros de la Comisión no declara explícitamente «estamos recortando a las ONG». No obstante, si se producen recortes, estos vendrán a través del diseño estructural, con menos líneas de financiación específicas, partidas más débiles y un mayor dinero canalizado por los gobiernos nacionales. Las coaliciones de la sociedad civil alertan de que podría tratarse de un desfinanciamiento lento disfrazado de simplificación.
ADVERTISEMENT 
ADVERTISEMENT
Sin defensores explícitos
El Marco Financiero Plurianual (MFP) reorganiza el presupuesto de la UE, reduciendo 52 programas a 16, integrando la cohesión, lo social y la agricultura en 27 planes de asociación nacionales. Los capítulos protegidos son defensa, competitividad y transiciones digital y verde. La sociedad civil no figura entre ellos.
«Estamos en un momento de prioridades cambiantes y un entorno en transformación para la Unión», explica Eulàlia Rubio, investigadora principal en el Instituto Jacques Delors. «La fragmentación interna es considerable. Eso dificulta mucho las negociaciones y hasta cierto punto se refleja en ellas.»
Rubio añade que el respaldo a la democracia y la resiliencia cívica es justamente un apartado «en el que no existen grandes defensores entre los estados miembros, y nadie contempla recortes significativos ahí.»
Un programa emblemático con una laguna estructural
La Comisión señala a AgoraEU, un programa de 8.580 millones de euros que fusiona CERV y Europa Creativa, como prueba de su compromiso con la sociedad civil y la libertad de medios. Aunque nominalmente es más amplio que sus predecesores, presenta una omisión crucial: el borrador del reglamento no exige explícitamente subvenciones operativas, financiación plurianual que permite a las ONG realizar defensa, vigilancia y litigios estratégicos. Sin garantías legales, futuros programas podrían simplemente eliminarlas.
Este precedente ya está establecido. En 2025, la Comisión suspendió las subvenciones operativas para ONG del sector salud bajo EU4Health, pasando a financiación basada solo en proyectos. Varias organizaciones sanitarias presentaron una queja ante la Defensora del Pueblo Europea. La sociedad civil considera que esto podría ser el modelo que el MFP formalice de forma general.
El Parlamento Europeo se ha opuesto, solicitando que AgoraEU alcance los 10.720 millones, un 25% por encima de la propuesta de la Comisión, y que las subvenciones operativas estén expresamente protegidas. Más de 500 organizaciones han firmado una carta abierta respaldando este aumento.
El riesgo mayor radica en transferir el gasto social a planes de asociación nacionales bajo control estatal. La partida social decrece del 25% del actual Fondo Social Europeo+ a un objetivo general del 14%.
Para ONG que trabajan en estados como Hungría o Eslovaquia en temas de estado de derecho o derechos de minorías, esto distingue entre acceder directamente a fondos de la UE, sin posibilidad de bloqueo gubernamental, o depender de autoridades potencialmente hostiles a su labor.
Debate sobre la financiación de ONG en la UE
No todos los expertos coinciden en que la financiación de ONG a nivel de la UE sea la herramienta adecuada. Zsolt Darvas, economista y senior fellow en Bruegel, sostiene que el presupuesto debe centrarse en lo que los estados miembros no pueden abordar solos. «El presupuesto de la UE representa apenas el 1% del PIB europeo, mientras que los estados miembros gastan casi la mitad», afirma. «Apoyar a las ONG es más una competencia nacional. Los gobiernos nacionales cuentan con suficiente poder fiscal para financiarlas si lo consideran pertinente.»
Este razonamiento parte de la premisa de que los gobiernos usarán esa capacidad para respaldar a la sociedad civil independiente, cosa que en varios estados miembros ha demostrado no ser así.
En junio de 2025, el Grupo de Trabajo de Supervisión, creado por el PPE, ECR y Patriots for Europe, inició una investigación sobre la financiación europea a ONG. Los partidos de izquierda y centro la boicotearon. El Tribunal Europeo de Cuentas no halló irregularidades financieras, solo datos dispersos.
Rubio califica esta situación de «peligrosa». «Es erróneo asumir que hay que controlar quién recibe los fondos. Entrar en esa lógica de definir quién es bueno o malo es riesgoso.» En cambio, la UE debería enfocar el apoyo de manera estratégica: «Debemos ser efectivos en respaldar a quienes sufren ataques a su estado de derecho. Y en el pasado no hemos sido lo suficientemente buenos en ello.»
Lo que está en juego
En marzo de 2026, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE constató que el 75% de las organizaciones de la sociedad civil reportaron obstáculos para su trabajo. En 2025, CIVICUS degradó a Francia, Alemania e Italia a «espacios cívicos obstructivos».
El MFP 2028-2034 representa solo una oferta inicial. Pero sus decisiones estructurales, la reducción de líneas específicas, la debilidad de las partidas y la falta de subvenciones operativas explícitas ya traslada el riesgo a la sociedad civil.