Las claves
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha presentado una lista que supera los 30 testigos para su defensa en el proceso judicial por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida.
Entre los testigos propuestos se encuentran rectores y altos funcionarios de la Universidad Complutense, ejecutivos de empresas patrocinadoras y representantes de Google, Reale Seguros, Indra y Telefónica.
La defensa de Gómez pretende probar que su vínculo con las empresas y la gestión de la cátedra universitaria se realizó mediante procedimientos ordinarios, sin ejercer influencias impropias.
El juicio podrá celebrarse ante un jurado popular si la Audiencia Provincial de Madrid ratifica la decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado.
El abogado de Begoña Gómez, el exministro Antonio Camacho, entregó este lunes el escrito de defensa que incluye una relación con más de 30 personas a quienes se pretende que presten testimonio en el próximo juicio contra la esposa de Pedro Sánchez.
El juez Juan Carlos Peinado, instructor en el conocido como caso Begoña, propuso en abril pasado que la esposa del jefe del Gobierno sea juzgada por un jurado popular por cuatro delitos supuestos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y apropiación indebida.
Camacho ha presentado un recurso a esta resolución ante la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal superior al juez Peinado con facultad para ratificar o revocar sus decisiones.
Si finalmente la Audiencia desestima el recurso y Begoña Gómez debe enfrentar juicio, será un jurado popular —conformado por nueve ciudadanos sin formación jurídica— quien decida sobre su culpabilidad o inocencia.
A continuación, se detalla la relación de testigos más importantes que Camacho, representando a la esposa de Sánchez, solicita que sean convocados:
1. Joaquín Goyache Goñi
Actualmente rector de la Universidad Complutense de Madrid, institución pública donde Begoña Gómez codirigió una cátedra extraordinaria hasta 2024.
En julio de 2020, Goyache acudió, a petición de la esposa de Sánchez, al Palacio de la Moncloa. En esa reunión se acordó que Gómez comenzara a dirigir dicha cátedra.
El juez Peinado reprochó en una resolución que la esposa de Sánchez usara la Moncloa como centro de negocios y se reuniera allí con Goyache, calificando esta «escenificación intimidante para cualquier ciudadano».
Por otro lado, la defensa sostiene que Goyache fue convocado en Moncloa debido al cierre de la UCM durante la pandemia de Covid-19.
Goyache declaró como testigo ante Peinado, quien después lo convirtió en investigado y finalmente archivó la causa en su contra.
2. José Manuel Ruano de la Fuente
Fue codirector de la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva y profesor en la UCM. Ocupaba el cargo de director en la Escuela de Gobierno de la Complutense cuando fue designado como corresponsable de la cátedra, para suplir la carencia de titulación superior de la esposa de Pedro Sánchez.
La defensa de Gómez considera su testimonio «fundamental», y critica que el juez instructor rechazó inicialmente su comparecencia, siendo esta la única persona que compartió la dirección ejecutiva del proyecto junto con la investigada.
3. Juan Carlos Doadrio Villarejo
Ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, responsable de firmar el convenio original con las empresas patrocinadoras de la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva.
En su declaración como testigo, explicó que tras la reunión en Moncloa, Goyache le indicó crear una cátedra dirigida por la esposa de Sánchez.
4. José María Coello de Portugal
Reemplazó a Doadrio como vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales en la UCM.
Forma parte de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Complutense, así como del claustro y de la Comisión de Reglamentos del Consejo.
Recibió una notificación de Camacho vía correo electrónico sobre la proximidad del vencimiento del dominio donde se alojaba el software desarrollado para la cátedra co-dirigida por Gómez, para que la UCM decidiera si renovarlo.
Con su testimonio, la defensa intentará demostrar que esta herramienta digital siempre fue concebida como propiedad de la universidad pública.
5. Gabriel Ramón Navarro Azpiroz
Director de los servicios jurídicos de la UCM. Fue el encargado de redactar y promover el informe interno que la Complutense remitió a Peinado en julio de 2024.
En dicho documento, la universidad solicitó al juez investigar si la esposa del presidente cometió apropiación indebida, beneficiándose de un software desarrollado por la UCM.
Este es uno de los cuatro delitos atribuidos a Gómez por el instructor. Además, la UCM estima en aproximadamente 113.000 euros el daño sufrido por la supuesta apropiación de esta herramienta digital, creada altruistamente por varias empresas para la cátedra.
Gómez ofreció gratuitamente un software muy similar en una web de su propiedad y registró el concepto Transformación Social Competitiva como suyo, alegando haberlo creado para impedir su uso fuera del ámbito universitario.
6. María Jesús Morillo
Forma parte del personal de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM.
La defensa propone que declare, ya que los correos electrónicos intercambiados con la OTRI son clave para refutar la acusación de apropiación indebida.
Camacho señala que Gómez registró el software a su nombre siguiendo instrucciones expresas de la universidad, que no registraba dominios en Internet.
7. Blanca María Juan de Castro
Ejerció como coordinadora de la cátedra en la UCM, y declaró que fue propuesta para ello por la propia Begoña Gómez.
Ambas mantienen una amistad. De Castro acompañó a la esposa de Sánchez durante un incidente con el agitador Vito Quiles, que llevó a Gómez a anunciar una denuncia por «agresión».
Camacho también solicita la declaración de María Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina y Mercedes Vaquero Aguilar, ambas del personal administrativo de la Complutense.
8. Ignacio Mariscal Carnicero
CEO de Reale Seguros, una de las dos empresas que apoyaron la cátedra de Begoña Gómez, ya prestó testimonio en el caso.
Como reveló EL ESPAÑOL, Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en Moncloa y también investigada, contactó en febrero de 2024 con la aseguradora para instarla a continuar financiando el proyecto.
Álvarez se dirigió por correo electrónico a Pilar Suárez-Inclán, directora de Comunicación y Reputación Corporativa de Reale.
«Begoña me pide que te traslade que desearía que mantuvierais el patrocinio de la Cátedra, aunque sea con una cantidad menor. Estamos dispuestos a colaborar con lo que necesitéis», expresó la asesora.
9. Marc Simón
Subdirector general de la Fundación La Caixa, entidad que junto con Reale Seguros patrocinó la Cátedra.
Simón tuvo una participación activa en la Comisión Mixta de Seguimiento, órgano que avaló y ratificó el nombramiento de Begoña Gómez.
Ya declaró frente al juez Peinado y reconoció que en 2020 Gómez le propuso que la Fundación sufragara la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva.
La Fundación aportó 15.000 euros anuales durante cuatro años.
10. Fuencisla Clemares
ExCEO de Google en España y Portugal. Fue la máxima responsable de la compañía tecnológica cuando ésta financió con 110.000 euros el desarrollo del software mencionado.
Clemares declaró como testigo en la instrucción del caso y explicó que Google inicialmente invirtió 70.000 euros, ampliándolos luego en 40.000 euros adicionales.
Aunque su equipo la informó sobre el acuerdo, aseguró que no supervisó los detalles y destacó que la inversión fue aprobada pues el proyecto se alineaba con los objetivos de «digitalización» y «sostenibilidad» de la empresa.
11. Miguel Escassi
Director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google, también testificó en la instrucción del caso Begoña.
Fue el interlocutor principal con la esposa de Pedro Sánchez.
Ante Peinado, Escassi señaló que Cristina Álvarez «se presentó como integrante del equipo del proyecto».
Declaró que entendieron que Álvarez era parte del equipo tecnológico, relacionada con la Complutense y la cátedra, siendo ella la directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia.
El juez Peinado también propuso que Álvarez sea juzgada por un jurado popular por un presunto delito de malversación vinculado a su apoyo a los negocios privados de Gómez.
Antes de Google, Escassi asesoró a Nadia Calviño entre 2020 y 2021 en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
12. Miguel Rodríguez Bueno
Ingeniero y profesor, fue jefe de Proyecto (Industry Manager) en Google y coordinó el equipo que desarrolló la plataforma tecnológica Transforma TSC.
La defensa quiere determinar con su testimonio el estado de desarrollo técnico del software, que según Camacho quedó inacabado y en fase de pruebas tras la acelerada supresión de la cátedra por la UCM.
Además, se ha solicitado la declaración de Isaac Hernández Vargas, country manager de Google Cloud Iberia.
13. Ángel Bonet Codina
Empresario y socio de Minsait, testigo de gran importancia estratégica para la defensa, pues fue quien presentó formalmente a Begoña Gómez ante los directivos de esta filial de Indra, que también financió el software.
Con su testimonio, el abogado pretende demostrar que el contacto entre Gómez e Indra se originó por canales tradicionales ligados a redes de innovación social, no por influencias institucionales desde Moncloa.
14. Manuel Ausaverri Ferrer
Director general de Estrategia de Indra, supervisa proyectos corporativos relacionados con la sostenibilidad empresarial.
Declaró como testigo ante Peinado y calificó los encuentros con Gómez y directivos, incluido Marc Murtra, como un «acto de cortesía». Señaló que Indra participa en miles de proyectos y que la creación del software era un caso menor.
15. Luis Abril Mazuelas
Ex ejecutivo de la división Minsait de Indra, declaró ante Peinado que Gómez visitó en 2022 las instalaciones para presentar el software de su cátedra.
Durante su interrogatorio, reveló una reunión entre Marc Murtra, ex presidente de Indra, y la esposa del presidente.
16. Rosauro Varo
Reconocido ante el juez como quien facilitó la primera reunión entre Gómez y Telefónica, seguida de otros encuentros que resultaron en la participación de la empresa en el software.
Testificó que en septiembre de 2021 coincidió con Gómez en unos premios de sostenibilidad, donde ella le explicó que codirigía una cátedra en la Complutense orientada a la digitalización de pymes.
Como ex accionista y miembro del Consejo Asesor de Telefónica hasta 2025, Varo organizó encuentros entre Gómez, Gonzalo Martín-Villa (director de operaciones) y otros directivos telefónicos.
Por ello, en el listado de testigos solicitados aparece también Sergio Oslé Varona, directivo de Telefónica.
17. José María Torres
Presidente de Conpymes, patronal de pymes auspiciada por Begoña Gómez en su presentación.
Declaró el jueves pasado ante Peinado y reconoció que Numintec, una de sus empresas, patrocinó la cátedra. Admitió que fue «el único» proyecto académico de este tipo con el que colaboró.
18. Luis Miguel Ciprés
CEO de Innova Next SL, principal consultora del grupo de Juan Carlos Barrabés, también investigado en el caso.
Ciprés testificó en instrucción sobre dos cartas firmadas por Gómez y que Barrabés usó en licitaciones públicas de Red.es que ganó el grupo empresarial.
Sin embargo, aclaró que dichas cartas no eran recomendaciones ni solicitaban trato preferente, sino avales estándar para apoyar proyectos.
19. Luis Antonio Martín Bernardos
Ex administrador solidario de Innova Next SL y directivo durante las adjudicaciones mencionadas.
Su declaración busca desligar esos contratos de cualquier trato de favor otorgado por la esposa de Pedro Sánchez.
Gómez declaró recientemente ante la Fiscalía Europea, que investiga posible malversación de fondos de la UE en estas adjudicaciones, que nunca intervino para favorecer al Grupo Barrabés.
20. Agentes de la UCO
La defensa pide que declaren varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como testigos.
Estos agentes elaboraron informes clave, como el dosier inicial de mayo de 2024, que concluyó que no había indicios de tráfico de influencias en los negocios de Gómez.