Se considera que las conductas investigadas superan el ámbito del debate político y podrían constituir delitos de acoso y divulgación ilegal de secretos contra dos exmiembros de SALF.
El Tribunal Supremo ha solicitado al Parlamento Europeo un tercer suplicatorio para levantar la inmunidad al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez y proseguir con la investigación abierta en su contra por un presunto caso de acoso a dos antiguos compañeros de su partido, Se Acabó la Fiesta.
Esta petición forma parte de cinco procedimientos judiciales que actualmente pesan sobre el eurodiputado en el alto tribunal. En tres de ellos, los jueces instructores ya han requerido autorización al Parlamento Europeo para proceder contra él.
Hace algunas semanas, la Eurocámara accedió a una de esas solicitudes y retiró la inmunidad a Pérez en el proceso donde se le investiga por presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert.
El nuevo suplicatorio está vinculado a una querella interpuesta por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco, quienes abandonaron SALF tras denunciar una campaña de hostigamiento después de las elecciones europeas de 2024.
Luego de tomar declaración tanto a Alvise como a los denunciantes, el magistrado instructor, Manuel Marchena, considera que existen indicios suficientes para solicitar al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad parlamentaria del líder de SALF.
De acuerdo con el auto judicial, la investigación se focaliza en unas declaraciones pronunciadas por Alvise en un pódcast, donde habría instado a sus seguidores a perseguir y denunciar públicamente a sus excompañeros por respaldar una votación en la Eurocámara sobre el rearme europeo.
En esas manifestaciones, el eurodiputado acusó a ambos de «traicionar» a sus votantes y alentó a sus seguidores a increparlos en público, calificándolos de «corruptos» y «criminales».
Durante su declaración ante el juez en enero pasado, Luis Pérez Fernández rechazó haber alentado ningún acoso y defendió que sus palabras se pronunciaron en un contexto de confrontación política y discrepancias ideológicas con sus excompañeros.
No obstante, el juez sostiene que los hechos investigados sobrepasan la libertad de expresión política. En el auto, se señala que la difusión de mensajes a través de redes sociales y la publicación de datos personales de los denunciantes exceden los límites del debate parlamentario y no están amparados por la inmunidad.
Además, el magistrado subraya que los dos eurodiputados demandantes han afirmado haber tenido que modificar sus hábitos y canales de comunicación como consecuencia del acoso sufrido, principalmente mediante redes sociales.
Los querellantes también atribuyen a Alvise un presunto delito de revelación de secretos por divulgar información personal, y denuncian haber sido víctimas de amenazas, insultos y continuas campañas de difamación en internet.