El abogado Carlos Aranguez publicó una nota en la que cuestionaba a la magistrada por «no comprender lo que implica la violencia vicaria» tras la decisión de la juez de archivar una de las denuncias de la mujer granadina contra su ex pareja.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial decidió este miércoles brindar protección a la juez que archivó una de las denuncias de Juana Rivas, la mujer granadina imputada por presunta sustracción de su hijo pequeño el pasado verano en Granada —y que previamente fue condenada por hechos similares, para luego ser indultada por el Gobierno—.
El CGPJ respalda a la magistrada Aurora María Angulo González de Lara, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, señalando que las declaraciones del abogado de Rivas, Carlos Aranguez, quien dirigió una nota pública titulada «Quédense con este nombre: Aurora Angulo», fueron «objetivamente perturbadoras para la independencia judicial, especialmente por la repercusión que dicha comunicación tuvo en medios y redes sociales».
Aranguez reprochaba que Angulo no admitiera una de las denuncias de Rivas, que, en ese momento, pedía que se «escuchara» a su hijo Daniel. Paralelamente, la corte civil de Cagliari ya había decidido que el menor debía regresar a Italia, argumentando que la posición del niño respondía a nuevas influencias por parte de Rivas, quien le solicitaba que acusara a su padre, Francesco Arcuri, de malos tratos.
El menor retornó finalmente a Italia. Aranguez difundió la nota antes de que esto sucediera, aparentemente como una forma de presión contra la magistrada. «Resulta gravísimo que una jueza especializada en violencia de género no entienda qué es la violencia vicaria, que consiste en dañar o controlar a los hijos para infligir sufrimiento a la madre», manifestó el abogado, desacreditando el fallo judicial.
El pleno del Consejo resolvió publicar su acuerdo «como medida para restablecer la independencia judicial alterada, dejando claro que las críticas a sentencias no justifican campañas de desprestigio profesional o presiones extrajudiciales contra la jueza competente».
Del acuerdo del pleno del CGPJ se excluyeron las referencias «a las declaraciones realizadas» sobre este tema, así como respecto a la actuación de la magistrada por parte de las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego, respectivamente, dado que se consideraron expresadas con respeto a la función judicial y dentro de su ámbito político», aclara el servicio de Comunicación del Consejo.