Las claves
Tras seis meses y 38 sesiones, el juicio del caso Pujol ha llegado a su fin, con siete hijos del expresidente catalán enfrentándose a penas que suman hasta 83 años de prisión por delitos de corrupción.
Jordi Pujol i Soley, cabeza del clan, ha sido excluido del proceso judicial a causa de su deterioro cognitivo, quedando fuera de la posibilidad de ser condenado.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los Pujol amasaron fortunas mediante el cobro de comisiones ilegales y fraude fiscal, mientras las defensas defienden que los fondos provienen de una herencia familiar.
Durante el juicio declararon ex altos cargos policiales, y este proceso ha sido interpretado parcialmente como un juicio simbólico contra la figura política que la familia Pujol representaba en el nacionalismo catalán.
Años de investigación exhaustiva, miles de páginas y millones de euros bajo sospecha… Después de seis meses y 38 sesiones, el caso Pujol quedó este jueves listo para sentencia.
Para el nacionalismo catalán, se trata del enjuiciamiento de «un símbolo» de Cataluña, un apellido venerado que ha quedado manchado por acusaciones de corrupción.
Desde este momento, un grupo de empresarios acusados de pagar comisiones ilegales a cambio de contratos, junto con los siete hijos de la familia Pujol, señalados por enriquecerse con esos métodos ilegítimos, aguardan una resolución que los condene o absuelva.
La decisión recaerá en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado José Ricardo de Prada, quien este jueves declaró el famoso visto para sentencia que cerró el juicio.
¿Se dictará condena o absolución para los Pujol? ¿Será para algunos miembros o para todos? ¿Cuántos años de prisión podrían recibir?
Quien ya está libre de estas incógnitas —al menos respecto a él mismo— es Jordi Pujol i Soley. El deterioro cognitivo del expresidente catalán y padre del clan, a sus 96 años, lo eximió del juicio, impidiendo cualquier condena.
Esto no impidió que, durante su extenso alegato final el miércoles, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo destacara que entre 1980 y 2003 el apellido del entonces todopoderoso president fue sinónimo de Cataluña.
Ese apellido, junto con la considerable fortuna familiar y los privilegios, ha sido legado a todos sus hijos. Los tuvo junto a Marta Ferrusola, quien no llegó a sentarse en el banquillo por su fallecimiento en 2024.
Los siete descendientes Pujol-Ferrusola afrontan peticiones de prisión impuestas por la Fiscalía Anticorrupción que, en total, suman más de 80 años de cárcel. Exactamente, ochenta y tres.
El fiscal Bermejo reclama la pena máxima (29 años de prisión) para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, administrador de una fortuna que, según el Ministerio Público, se incrementó mediante comisiones ilegales y fraude fiscal.
De hecho, luego de seis meses de proceso, las peticiones y convicciones de Anticorrupción permanecen firmes: casi tres décadas de cárcel para el mayor de los hermanos y castigos entre ocho y 14 años para los demás.
La herencia del abuelo
La hipótesis común de las defensas, reiterada a lo largo del juicio, es diferente: sostienen que ese dinero, oculto durante décadas en Andorra, es una deixa de Florenci Pujol, una herencia otorgada por el abuelo, quien fue banquero y padre de Jordi Pujol i Soley.
No hay evidencias concluyentes, más allá de indicios y testimonios contrapuestos, que respalden una versión sobre la otra.
Este miércoles, Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola —quien también defendió al expresidente antes de su exclusión— enfatizó esta «duda razonable» para solicitar la absolución de los acusados. «No es una suposición extravagante», destacó, en referencia al legado de Florenci.
Aunque no existe sentencia aún, en términos políticos el nacionalismo catalán ha cosechado ciertos logros —más o menos significativos— durante el desarrollo de este juicio.
Al comienzo, en noviembre de 2025, el tribunal decidió mantener a Jordi Pujol i Soley como acusado, a pesar de su estado de salud. El otrora molt honorable participó en la primera sesión a través de videoconferencia, evitando así su presencia física en el banquillo.
Esa imagen, que al final no ocurrió, era un temor constante para el post-pujolismo desde hace más de diez años, desde que el 25 de julio de 2014 el exlíder admitió poseer una gran fortuna oculta en Andorra, fuera del alcance del fisco español hasta entonces.
A finales de abril pasado, la Sala de lo Penal decidió excluir a Jordi Pujol (padre) del caso tras una entrevista personal —esta vez el expresidente sí viajó a Madrid— y considerando el informe del forense de la Audiencia Nacional. No se tomó fotografía alguna ni fue interrogado como acusado finalmente.
Además, al iniciar el juicio y a petición de las defensas, el tribunal autorizó la declaración de tres exaltísimos mandos de la Policía Nacional, quienes tanto el independentismo como sectores de izquierda vinculan a la llamada Policía patriótica.
El excomisario José Manuel Villarejo, el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino y Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, comparecieron el 24 de febrero.
A juicio del fiscal, que negó cualquier sesgo político en el caso, estas testimoniales constituyeron un intento por parte de los acusados de reforzar la narrativa —ampliamente difundida por el independentismo— de que el caso Pujol tuvo un origen dudoso, ligado a un supuesto complot policial contra el pujolismo. España contra esa Cataluña que el apellido Pujol simboliza.
Independientemente de si se condena o absuelve a sus hijos, es muy probable que la sentencia mencione al patriarca, a pesar de haber sido exonerado por motivos médicos. Probablemente solo como contexto histórico. De esto el nacionalismo difícilmente se librará.
Porque es indiscutible que el proceso —aunque, como indicó el fiscal, «no es un juicio político»— ha marcado un juicio contra una etapa política. Un periodo que la Historia, con la perspectiva que otorgan los años pasados y sus implicaciones para la Justicia, deberá evaluar por su cuenta.