Las claves
Las asociaciones de guardias civiles AUGC y JUCIL expresan su creciente descontento entre los agentes debido a la falta de reconocimiento y el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno.
El ministro Marlaska recibió abucheos durante un acto en Baeza tras mencionar la muerte de dos guardias civiles en Huelva, hecho que las asociaciones consideran el detonante de la protesta.
La polémica se intensificó tras la ausencia de representantes gubernamentales en el funeral de los agentes y las declaraciones de María Jesús Montero al calificar la tragedia como un «accidente laboral».
El Congreso volvió a aplazar la tramitación de la ley destinada a reconocer a guardias civiles y policías nacionales como profesionales en situación de riesgo, una reivindicación histórica del colectivo.
«La tragedia ocurrida en Huelva ha sido la última gota que ha colmado la paciencia». Las dos entidades principales que representan a más de 90.000 miembros de la Guardia Civil han levantado la voz ante los sucesos y sus consecuencias durante esta semana.
Con esta expresión, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la agrupación mayoritaria en el cuerpo, interpreta los abucheos que este miércoles interrumpieron el discurso de Fernando Grande‑Marlaska en una ceremonia de jura de bandera celebrada en Baeza, provincia de Jaén.
El ministro fue interrumpido justo cuando expresaba sentirse «dolido y enfadado» por la muerte de dos agentes que fallecieron mientras perseguían una narcolancha en aguas próximas a la costa de Huelva el viernes pasado.
La otra asociación mayoritaria, JUCIL, también considera que la pitada no debe verse como un incidente aislado, sino como la consecuencia directa del descontento creciente entre miles de guardias civiles y policías nacionales.
«Durante años, el incumplimiento de compromisos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el bloqueo en el reconocimiento como profesión de riesgo, la falta de una equiparación salarial real y completa, y la negación de una jubilación digna, han provocado una desconexión inevitable entre la política y la realidad de los agentes», afirman a EL ESPAÑOL.
«Los guardias civiles han escuchado durante demasiado tiempo promesas que nunca se concretan».
«Aunque las pitadas desaparezcan, el malestar persistirá mientras no se resuelvan los problemas reales», añaden.
«Entiendo y comprendo su dolor, su rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y Jerónimo», declaró el ministro en el acto de este miércoles.
En ese instante, el público comenzó a silbar. Los silbidos se prolongaron cerca de ocho segundos, lo que llevó a la organización a solicitar por megafonía que se mantuviera «el respeto y la compostura debida hacia las instituciones y los alumnos en formación».
Desde la AUGC explican a este diario que esos abucheos no constituyen «una falta de respeto», sino que «surgen del dolor, la frustración y años de abandono hacia los guardias civiles y sus familias por parte del Ministerio del Interior».
Porque «cuando se minimiza la muerte de compañeros diciendo que es un ‘accidente laboral’ y quienes arriesgan sus vidas perciben que sus advertencias son ignoradas, el malestar acaba manifestándose públicamente».
Desde JUCIL también defienden el respeto institucional, pero recuerdan que este «debe ser recíproco».
«Actualmente existe entre los agentes una percepción generalizada de abandono, cansancio y falta de reconocimiento. La sociedad española valora y respeta a su Guardia Civil. Lo que falta es que la clase política esté a la altura».
El funeral en Huelva por los agentes fallecidos se celebró el sábado. Ni Marlaska ni Pedro Sánchez asistieron.
Ningún otro ministro del Gobierno tampoco estuvo presente, una ausencia que ha generado malestar tanto en la Guardia Civil como dentro del propio PSOE andaluz, según informó EL ESPAÑOL este miércoles.
La justificación oficial para la no asistencia del ministro fue la crisis sanitaria originada por el hantavirus.
Marlaska ofreció a la misma hora una rueda de prensa sobre el buque en cuarentena y después viajó a Tenerife para comparecer junto a Mónica García, Ángel Víctor Torres y el director de la OMS en el Puesto de Mando de Granadilla.
Asistieron la secretaria de Estado de Interior y la directora general de la Guardia Civil, pero esa representación no fue considerada suficiente, especialmente en plena campaña electoral en Andalucía.
En contraste, sí que acudió al funeral la candidata socialista andaluza, María Jesús Montero, quien fue recibida con abucheos.
«Accidente laboral»
Dos días más tarde, la controversia sobre la tragedia de los guardias civiles se incrementó cuando Montero definió en un debate electoral la muerte de los agentes como un «accidente laboral», una expresión que el PSOE luego matizó sin llegar a desautorizarla, hablando de «muertes en acto de servicio».
La propia Montero trató de corregir su discurso en redes sociales, utilizando ya la fórmula «muerte en acto de servicio», aunque sin pedir disculpas ni hacer una rectificación explícita.
Lejos de admitir el error, la candidata socialista intentó repartir la responsabilidad por el uso del término «accidente laboral».
En una entrevista en la SER, Montero incluso responsabilizó directamente a Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía.
«Yo no tengo criterio para calificar nada como accidente laboral. Tras lamentar el fallecimiento, hablé de una intervención del señor Maíllo, por lo que entiendo que alguien pudo haberlo asociado», explicó.
Es decir, según ella, fue llevada a esa situación por el dirigente andaluz de Izquierda Unida.
Para la AUGC, esa corrección parcial no es suficiente. «Que ahora se diga que las palabras fueron malinterpretadas no disminuye el profundo malestar que han causado entre los guardias civiles y sus familias», sostienen.
«Los compañeros sienten que durante mucho tiempo han estado alertando sobre la falta de medios, el riesgo creciente frente al narcotráfico y la falta de respuestas reales», lamentan.
Por si fuera poco, a todo este malestar acumulado se sumó otro motivo de indignación para el Instituto Armado este miércoles.
El Congreso volvió a posponer la ley que pretende reconocer el estatus de profesión de riesgo para policías nacionales y guardias civiles.
Así lo decidió la Mesa, órgano encargado de organizar y supervisar la tramitación legislativa en la Cámara, donde la izquierda tiene mayoría.
Es la septuagésima primera ocasión en la que PSOE y Sumar combinan sus votos para congelar una norma impulsada por el PP, y que el Senado aprobó hace casi dos años, en junio de 2024.
Ahora, la iniciativa vuelve a paralizarse por 15 días, plazo que probablemente se prolongará para demorar aún más su tramitación.
La propuesta de ley del PP permanece paralizada desde que finalizó el plazo ordinario para presentación de enmiendas, el 3 de septiembre de 2024.
Desde entonces, la Mesa ha estado ampliando sucesivamente los plazos para evitar que la norma avance a su votación en la Comisión de Trabajo.
¿Qué implica ser profesión de riesgo? Este reconocimiento incluiría cambios concretos en las condiciones laborales, como la opción de anticipar la edad de la jubilación o recibir mayores compensaciones económicas.
El Gobierno teme perder la votación. Fuentes socialistas aseguran que algún socio parlamentario podría apoyar la iniciativa, y que, en cualquier caso, el PSOE no se puede permitir votar en contra en el Congreso una norma con tal sensibilidad.