Las claves
Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, se negó a declarar en la Audiencia Nacional respecto a sus intercambios de mensajes con Francina Armengol.
El juez Ismael Moreno está investigando la denominada ‘trama balear’, vinculada a la venta de material sanitario al Gobierno de las Islas Baleares durante la pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a García un delito de tráfico de influencias por supuestas comisiones ilegales en estas operaciones.
García sostiene que esta trama fue juzgada por el Tribunal Supremo, aunque el juez Moreno desestima que tales hechos formaran parte de aquel proceso.
El exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, se negó a testificar en la Audiencia Nacional sobre sus comunicaciones y chats con Francina Armengol, expresidenta de las Islas Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados.
García compareció este jueves en la Audiencia Nacional para ser interrogado por el juez Ismael Moreno, responsable de la investigación sobre la llamada trama balear. En concreto, se le cuestionó por su papel en facilitar que las empresas Soluciones de Gestión SL y Eurofins Megalab suministraran material sanitario durante la crisis del Covid-19 al gobierno regional.
Como contraprestación por esta intermediación, García habría recibido pagos ilegales. Por este motivo, la Fiscalía Anticorrupción le imputa un delito de tráfico de influencias en un escrito formal.
No obstante, Koldo decidió no declarar durante la audiencia, ejercicio legítimo de su derecho como investigado, argumentando que la trama balear ya fue objeto de juicio ante el Tribunal Supremo, que lo procesó hasta la semana pasada.
Pocas horas antes, su defensa presentó un recurso para evitar que García tuviese que presentarse ante el juez Moreno. Sin embargo, este último rechazó la petición y aclaró que las actuaciones juzgadas por el Supremo no comprendían las gestiones de García con el Ejecutivo balear.
La representación legal de García planea apelar nuevamente esta resolución, incluso ante la Sala de lo Penal, órgano superior al juez instructor.
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