Las claves
Carlos Cuerpo tomó parte en un evento celebrado en Málaga con mujeres empresarias y solicitó el voto para las elecciones autonómicas andaluzas.
Resaltó que la administración autonómica gestiona el uso de cuatro de cada diez euros públicos y defendió la relevancia del voto para decidir sobre sanidad, educación y cuidados.
Elogió la descenso del IPC al 3,2% registrado en abril y atribuyó la moderación en los precios de combustibles y electricidad a las políticas implementadas por el Ejecutivo.
Reafirmó el compromiso del Gobierno respecto a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y anunció encuentros con los sectores involucrados para mantener los apoyos después de junio.
El vicepresidente primero del Gobierno y Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estuvo presente este jueves en Málaga en un encuentro con mujeres empresarias y emprendedoras organizado por el PSOE, dentro del marco de la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas que se celebrarán el próximo 17 de mayo.
Cuerpo afirmó que la conciliación y el cuidado son los principales temas que las mujeres empresarias le han transmitido. «Existe un claro componente de género que nos indican. Se precisa un modelo que promueva una mayor igualdad en este campo y que alivie la carga que asumen las mujeres, también en el ámbito empresarial», destacó.
Además, el vicepresidente aprovechó la reunión en Málaga para enviar un llamado a la movilización para los próximos comicios autonómicos. Acompañado por el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, Cuerpo aseguró que «el gobierno autonómico administra cuatro de cada diez euros públicos, en áreas tan relevantes como la sanidad, la educación o los cuidados; por ello, es fundamental que los ciudadanos contrasten propuestas y acudan a votar el domingo», señaló.
Subrayó que las encuestas sitúan la sanidad, la vivienda, la educación y los cuidados como las preocupaciones claves de los andaluces, y defendió que la propuesta del PSOE es la que mejor responde a estas exigencias. «Existe una candidatura que apuesta claramente por lo público, que es la de María Jesús Montero, y esperamos que reciba un respaldo mayoritario», enfatizó.
Por otro lado, mencionó los datos económicos recientes. El Instituto Nacional de Estadística confirmó una tasa de IPC del 3,2% en abril, dos décimas menor que en marzo. El vicepresidente valoró favorablemente este resultado y lo atribuyó directamente a las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
«Sin estas políticas, la subida de precios habría sido aproximadamente un punto porcentual mayor«, aseguró, señalando que el efecto amortiguador fue especialmente evidente en los combustibles.
Explicó que sin las bonificaciones vigentes, el precio de los carburantes habría aumentado cerca del 28%, comparado con el 13% actualmente. «Los consumidores lo perciben al llenar el tanque: el gasóleo está por debajo de 1,70 euros por litro, cuando antes de estas medidas superaba los dos euros», indicó.
Respecto a la electricidad y el gas, el vicepresidente destacó que los precios descendieron durante abril, con una bajada cercana al 4% en la electricidad. Según su valoración, esto justifica que las medidas de protección en este sector puedan retirarse progresivamente. «Esta situación afianza el compromiso hacia una economía más electrificada y con mayor participación de energías renovables», afirmó.
Como dato relevante, recordó que en 2019 el gas era determinante en el precio de la electricidad en el 75% de las horas diarias, mientras que en lo que va de 2026 esta proporción se ha reducido al 16%.
Ante la consulta sobre qué sucederá tras el 1 de julio, momento en que expira el actual Real Decreto-Ley, el vicepresidente mantuvo prudencia pero fue contundente: «Continuaremos brindando apoyo mientras sea necesario».
Anunció que la próxima semana el Gobierno mantendrá encuentros con los agentes sociales y sectores más afectados, incluyendo a transportistas, agricultores y otros grupos, para evaluar la continuidad del respaldo más allá de junio. «Desde el primer día lo dijimos: protegeremos a hogares y empresas mientras sea indispensable», reiteró.
Consultado sobre la reducción de la jornada laboral, el vicepresidente ratificó el compromiso del Gobierno para avanzar hacia una semana laboral de 37,5 horas, además de modernizar el registro horario por medio de la digitalización. «El crecimiento debe estar acompañado de mejoras en las condiciones laborales. Esta es una de las grandes metas pendientes», comentó.