Las claves
La Audiencia Nacional establece que la Policía tenía el deber de investigar si Miguel Urbán financió a Podemos mediante la venta de cocaína tras la denuncia de un confidente en 2016.
El confidente apuntó a Urbán en una operación con 40 kilos de cocaína en un pub madrileño, y su testimonio fue respaldado por tres declararantes.
La Fiscalía Antidroga inició una investigación, que fue cerrada tras cinco meses al no hallar pruebas que respaldaran la denuncia.
El tribunal desestima la acusación de Podemos sobre un «montaje policial» y confirma que las diligencias policiales estaban justificadas.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictaminó que la Policía debía investigar, en 2016, si el entonces eurodiputado Miguel Urbán financió Podemos a través de la venta de cocaína.
Así consta en una resolución del tribunal, fechada el 8 de mayo, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL.
En ese año, hace ya diez años, un confidente policial informó al CITCO (Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) sobre una transacción de 40 kilos de cocaína en un pub de Madrid en la que involucraba a Urbán.
Este informante comunicó su testimonio al comisario José Luis Olivera, quien era entonces el máximo responsable del Centro.
Posteriormente, este mando policial elaboró una nota complementaria en la que señalaba que el pub estaba gestionado por personas de extrema izquierda vinculadas al movimiento 15-M, semilla de Podemos.
Tres testigos más validaron el relato del confidente. Por esta razón, la Fiscalía Antidroga abrió una investigación que, tras cinco meses de indagaciones, fue archivada en julio de 2016 al no acreditar, ni siquiera de manera indicativa, los hechos denunciados.
«Montaje policial»
Podemos ha definido esta pesquisa como un «montaje policial» destinado a «perjudicar» y desprestigiar al partido. Además, la formación señala a Olivera como parte de la llamada Policía patriótica, un grupo de agentes cuya misión sería sabotear a organizaciones políticas de izquierdas.
No obstante, la Sala de lo Penal manifiesta en su resolución que Podemos «desestima la circunstancia» de que el aviso del confidente, aunque de forma tangencial, fue respaldado por varios testigos.
«Por ende», concluye la Sala, «independientemente de las valoraciones que [Podemos] hace sobre la actuación de los miembros del CITCO o las posibles contradicciones en sus declaraciones, no puede ignorarse que la credibilidad [de lo contado por el confidente] contó» con el apoyo de diversas voces.
Todo esto «aun cuando, finalmente, la investigación [de Antidroga] no arrojara resultados y las diligencias acabaran archivadas».
El tribunal rechaza, en efecto, «la inferencia formulada [por Podemos] que atribuye motivos espurios» a los funcionarios del CITCO por tramitar la denuncia y remitirla a la Fiscalía.
«En consecuencia, este conjunto de argumentos no es procedente», concluye la Sala, que descarta llamar a Olivera como investigado.
Ante esta situación, el tribunal desestima el recurso presentado por Podemos contra la decisión del juez Santiago Pedraz de no ampliar la investigación sobre un presunto espionaje contra Podemos para incluir a Olivera.
Siguiendo la línea de la Fiscalía, la Sala, superior jerárquicamente al instructor, ha respaldado completamente su postura.
En su Juzgado (Instrucción 5 de la Audiencia Nacional), Pedraz indaga si la Policía patriótica espió ilegalmente a Podemos durante la presidencia de Mariano Rajoy.
En este proceso, el juez instructor rechazó citar como investigados a Olivera y al excomisario José Manuel Villarejo. Este último, según sostiene Podemos, redactó un informe policial sobre el «pitufeo» en Podemos que incluía menciones a supuestas transferencias desde Urbán al partido.
El partido llevó ante la Sala de lo Penal la denegación del juez a sus solicitudes. En respuesta, la Sala señala que Pedraz sí incorporó al proceso el documento elaborado por Villarejo y mantiene abierta la posibilidad de llamar como investigados a más personas en el futuro.