El empresario y el antiguo asesor están citados por sus gestiones para el Gobierno de Armengol relativas a la compra de mascarillas para Baleares.
El Gobierno y el PSOE han soportado el primer juicio en un caso importante de corrupción durante la era Sánchez. Durante un mes, el partido socialista ha experimentado cierta incomodidad por los hechos analizados en el Tribunal Supremo, presuntamente cometidos por quien fue ministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Entre los asuntos que han salido a la luz en la vista, que se ha prolongado un mes y ha sido dirigida con serenidad por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, se encuentran comisiones ilegales en el momento más crítico de la pandemia, colocaciones irregulares en empresas públicas y actividades vinculadas a la prostitución. Se espera que la sentencia se emita antes del verano. Fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO indican que el tribunal planea empezar las deliberaciones esta misma semana y que el veredicto será anunciado en un plazo razonable.
Sin embargo, lejos de concluir, el proceso judicial para los socialistas apenas ha comenzado. El próximo jueves está citado en la Audiencia Nacional, nuevamente, el exasesor de Ábalos, Koldo García, a quien el Supremo ha ratificado su prisión preventiva mientras se aguarda el fallo. Según un auto, el tribunal indica que no se observa «ninguna alteración en las condiciones analizadas al establecer la medida cautelar que justifique sostener la pretensión planteada, especialmente en relación a la desaparición del riesgo de fuga. Es necesario considerar que, finalizado el juicio oral, se encuentra en una fase inicial de deliberación compleja que requiere un estudio minucioso de la causa».
También estaba citado inicialmente para el jueves próximo el empresario Víctor de Aldama debido a las gestiones que ambos realizaron con el Gobierno de las Islas Baleares dirigido por Francina Armengol para la compra de material sanitario. Sin embargo, la Audiencia ha aplazado su declaración hasta el 21 de mayo.
El Ejecutivo autonómico encabezado por la actual presidenta del Congreso contrató con la empresa relacionada con la red corrupta Soluciones de Gestión para adquirir mascarillas durante la pandemia de covid. En la vista oral celebrada en el Alto Tribunal, Aldama explicó cómo se llevaron a cabo las negociaciones con el Gobierno balear y afirmó que se reunió personalmente con Armengol.
Fuentes jurídicas y fiscales señalan que la sentencia que dicte la Sala de lo Penal será fundamental para la extensión del caso en la Audiencia Nacional. En su informe final, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, afirmó que los integrantes de la presunta organización criminal eran más que los juzgados en el Alto Tribunal. «Cada uno de los tres miembros de la organización contaba con un grupo de personas a su alrededor, apoyados de forma puntual o continua por otras autoridades y empleados del Ministerio de Transportes», aseguró Luzón.
Por otra parte, según informó EL MUNDO, Anticorrupción ha solicitado en la Audiencia Nacional que la declaración de Aldama y Koldo en el juicio por las mascarillas se incorpore a la causa abierta en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del PSOE. El Ministerio Público considera que esos testimonios podrían ser esenciales para avanzar en las investigaciones iniciadas por el manejo descontrolado de dinero en efectivo en Ferraz, ya que aportan información «inédita» y de «interés» para esclarecer los hechos. El juez Ismael Moreno ha dado luz verde a esta petición.
En paralelo, en el procedimiento abierto por los supuestos amaños de obra pública desde el Ministerio de Transportes, se aguarda que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aporte nuevos atestados para posteriormente proceder a la imputación de las constructoras como personas jurídicas, incluyendo a la multinacional Acciona, según fuentes del caso. Además, están pendientes testificales por practicar, como la de los responsables del bar Franky en Pamplona (Navarra), lugar donde la trama encabezada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría blanqueado el dinero recibido de Acciona.
Junto a estas investigaciones en la Audiencia Nacional, hay otra fecha prevista próximamente. El próximo 28 de mayo comenzará en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio contra el hermano del presidente del Gobierno, el músico David Sánchez Pérez-Castejón.
La conclusión estimada de las sesiones está prevista para el 4 de junio. En el banquillo de los acusados se sentarán, además del hermano del jefe del Ejecutivo, el exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el exasesor de La Moncloa, Luis Carrero, acusados de prevaricación y tráfico de influencias.
Las penas solicitadas para el hermano del presidente del Gobierno comprenden tres años de prisión, doce años de inhabilitación y varias multas. En cuanto a las responsabilidades civiles, aparte de las sanciones económicas, las acusaciones populares exigen que Sánchez y el asesor reintegren los salarios percibidos en la Diputación.
Finalmente, junto a estas citas judiciales confirmadas, quedan por resolver otras decisiones judiciales que se conocerán en las próximas semanas y que serán determinantes, como por ejemplo la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que ratificará o revocará la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar a Begoña Gómez a juicio con jurado por delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, apropiación indebida y corrupción en negocios vinculados al sector privado. El recorrido judicial no ha hecho más que iniciarse.