Las claves
España no asistirá a la cumbre internacional destinada a garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, justificando la ausencia por la coincidencia con el Consejo de la UE en Bruselas, aunque ambas reuniones podrían celebrarse simultáneamente.
El Gobierno español reafirma su postura de brindar únicamente respaldo político a la coalición internacional, rechazando cualquier implicación militar sin el aval de la ONU.
Mientras otras naciones europeas despliegan buques y recursos militares, España limita su participación a la diplomacia y a la coordinación desde Bruselas.
La coalición multinacional encabezada por Francia y Reino Unido pretende asegurar la seguridad en Ormuz, crucial para el comercio global de petróleo y gas, pero España permanece en un rol secundario.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no asistirá este martes a la cumbre que organizará las contribuciones de los «más de 40 países» firmantes de la coalición internacional para garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz.
De acuerdo con fuentes oficiales del Ministerio, Robles justificó su ausencia ante sus homólogos británico y francés, responsables de la convocatoria, debido al Consejo de la UE celebrado en Bruselas, aunque ambas reuniones son compatibles.
El encuentro de la coalición, convocado por el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, y la ministra gala, Catherine Vautrin, coincide en fecha con el Consejo de la UE, por razones de eficiencia, ya que el orden del día de la reunión de ministros comunitarios también incluye temas relacionados.
Estas reuniones también coincidieron, por ejemplo, el 25 de marzo, justo antes de un Consejo de Exteriores centrado en temas comerciales.
Además, al menos 21 de los 44 países comprometidos en aportar capacidades militares a la coalición son miembros de la UE. Estos gobiernos no planean ausentarse del Consejo de Defensa ante la reunión de Ormuz.
Esto se debe, en primer lugar, a que la cumbre convocada por Londres y París es telefónica. Y, en segundo lugar, a que los temas relacionados con Oriente Próximo y la seguridad marítima también se tratarán en Bruselas, conforme al orden del día del Consejo.
«No a la guerra»
Desde que comenzaron los bombardeos de EEUU e Israel contra Irán, el Gobierno de Pedro Sánchez ha calificado las operaciones bélicas como «ilegales», negando el uso de sus bases militares y posteriormente su espacio aéreo. El presidente resumió su posición con el lema «no a la guerra», comparándola con la postura mantenida en Irak en 2003.
Después rechazó integrarse en la coalición para la reapertura de Ormuz, dado que esta no cuenta con respaldo de Naciones Unidas, y se negó a que la fragata española que escoltaba al portaaviones francés Charles de Gaulle en Chipre lo acompañara hacia el Golfo Pérsico.
Sin embargo, el Gobierno español sí apoyó políticamente la coalición tras el alto el fuego pactado entre Washington y Teherán el 8 de abril. No obstante, decidió no enviar a su ministra de Defensa a la reunión de este martes, ni siquiera como gesto de alineamiento con el núcleo franco-británico.
Moncloa sostiene que la única vía de solución debe ser diplomática, con un alto el fuego incondicional, el «respeto al derecho internacional» y sin abrir un nuevo frente español en el estrecho de Ormuz.
Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores intentó ganar tiempo. José Manuel Albares destacó durante varios días que no se había recibido ninguna petición formal para que España participara en una misión en Ormuz y reiteró que el Gobierno no integraría «ninguna operación militar vinculada al conflicto en Irán».
Exteriores y Defensa mantienen una postura firme. Desde el inicio de la crisis, el Ejecutivo establece como único mandato para reconsiderar su posición a Naciones Unidas, conscientes de que ni Israel ni EEUU aceptarán someterse a esta autoridad… y que ni en la OTAN ni en la UE existe consenso para coordinar la misión.
Aun así, con la retórica pacífica, Sánchez empezó a ceder ante las presiones de socios y aliados, señalando la necesidad de «reabrir el estrecho de Ormuz» y proteger el comercio global, condicionando la posible implicación española a que la operación se realizara «bajo el mando de la ONU».
Destructor británico a Ormuz
Simultáneamente, París y Londres aceleraron la planificación de una misión multinacional para despejar minas, proteger el tráfico mercante y garantizar la libertad de navegación tras la consolidación del alto el fuego, dejando claro que será una operación distinta a las acciones bélicas de Estados Unidos.
Esta iniciativa cristalizó en una coalición de más de cuarenta países, sin revelar cada uno explícitamente, con 22 socios comunitarios dispuestos a aportar diferentes capacidades militares.
Francia ofreció el portaaviones Charles de Gaulle y varios escoltas; Reino Unido, por su parte, ha comenzado a desplazar el destructor HMS Dragon hacia la zona para formar el núcleo principal del dispositivo. Y España optó por permanecer fuera, limitando su apoyo a la esfera «política y diplomática».
Mientras algunas naciones europeas anuncian el envío de buques, helicópteros y equipos especializados, España concentra su participación en comunicados, negociaciones sobre el marco jurídico en la ONU y debates dentro de la UE acerca de la seguridad marítima regional.
El Reino Unido continúa siendo el más explícito en el ámbito militar. Según su planificación oficial, el HMS Dragon, destructor tipo 45, encabezará el dispositivo para proteger convoyes comerciales antes del verano.
Francia, por su parte, considera la misión como una extensión natural de su despliegue en el Mediterráneo oriental. El Charles de Gaulle fungirá como plataforma aérea y de mando para la coordinación de patrullas, en un esquema similar a las operaciones de seguridad marítima en el océano Índico y el Golfo de Adén.
En el último escalón
Los países participantes discutirán en la mesa diferentes formas de contribución graduada.
Algunos contribuirán con buques y aviones, otros se integrarán en la estructura de mando, en el intercambio de inteligencia o en la financiación de capacidades de desminado, y un tercer grupo optará por un respaldo meramente político. España ha escogido, por ahora, esta última opción.
Desde Moncloa se sostiene que no habrá despliegue militar mientras la ONU no establezca un marco claro y que el papel español se concentra en defender el derecho a la libre navegación, impulsar soluciones diplomáticas y coordinar, desde Bruselas, la respuesta europea a la crisis.
Más de cuarenta países trabajan de manera coordinada para proteger unas rutas por las cuales circula alrededor del 20% del petróleo mundial y cerca de una cuarta parte del comercio global de gas natural.
España, mientras tanto, confía en que el lema global de «no a la guerra» siga otorgándole beneficios en imagen pública y no perjudique su credibilidad ante socios y aliados a la hora de defender los intereses del país.