El tribunal da por comprobada la versión de la soldado, respaldada además por las declaraciones de otros testigos de la unidad
El Tribunal Supremo ratificó la condena a seis meses de cárcel para un sargento primero del Ejército de Tierra por abuso de autoridad y maltrato contra una soldado bajo su mando. La sentencia, emitida el 16 de abril, estableció la suspensión militar de empleo, la suspensión en el ejercicio de cargos públicos y la inhabilitación especial para votar durante el tiempo de condena.
Los hechos que llevaron a la condena ocurrieron el 15 de diciembre de 2022, al finalizar la ceremonia de relevo del jefe del Regimiento de Infantería “Garellano” nº 45. Durante la celebración posterior, la soldado, asignada a la USAC “Soyeche”, desempeñaba funciones de atención en las mesas tras el acto oficial. Solicitó permiso en varias ocasiones para dejar unas jarras en la mesa donde se encontraban, entre otros, el sargento primero.
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Ante la ausencia de respuesta, tocó el brazo del suboficial para poder completar su tarea, lo que provocó una reacción enojada por parte del sargento, quien la reprendió en público. Posteriormente, según los hechos probados, el oficial siguió a la soldado, la agarró de forma brusca del brazo y la giró con fuerza, insistiendo en que no tenía derecho a tocarle.
La sentencia detalla que, tras el incidente, la soldado se alejó del lugar y comenzó a llorar debido a la angustia ocasionada por la situación. Inmediatamente, informó a su superior, el subteniente, quien se dirigió al sargento para pedirle explicaciones.
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Sus compañeros confirmaron la versión
El Tribunal Supremo dio por acreditada la declaración de la soldado, además respaldada por los testimonios de otros testigos presenciales de la unidad. La sentencia subrayó que estos relatos coinciden en lo fundamental respecto a la conducta del suboficial y el impacto emocional que la víctima experimentó tras el hecho.
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El procedimiento judicial comenzó tras la denuncia presentada por Miriam y concluyó, en primera instancia, con la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Militar Territorial Cuarto el 21 de octubre de 2025. La suboficial condenada apeló la decisión alegando vulneración de la presunción de inocencia, retrasos indebidos en el proceso y la incorrecta imposición de penas accesorias.
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El Tribunal Supremo, en su fallo del 16 de abril de 2026, rechazó todos los argumentos del recurso. Consideró que existieron pruebas suficientes contra el acusado, que el proceso no sufrió demoras injustificadas y que las sanciones impuestas se ajustan a la ley.
El tribunal recordó que la resolución es definitiva en el ámbito militar ordinario y no admite la presentación de nuevos recursos en esta vía. Las costas del proceso se asignaron de oficio, conforme a la normativa vigente sobre justicia militar.
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