El cambio consolidó la convicción de que el deporte adaptado debe compartir infraestructuras, recursos y visibilidad con el resto del sistema federativo español.
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La Ley del Deporte ya establece la obligación de integrar a los deportistas con discapacidad en las federaciones ordinarias, siempre que sus federaciones internacionales hayan realizado dicha integración, transformando el nuevo modelo de una decisión política en un mandato legal.
Este cambio afianza la idea de que el deporte adaptado debe compartir estructuras, recursos y presencia mediática con el resto del sistema federativo español.
La Ley 39/2022, vigente desde enero de 2023, reconoce explícitamente el deporte practicado por personas con discapacidad e incorpora la igualdad y la inclusión como principios fundamentales del sistema deportivo.
Entre las medidas esenciales se incluye la «promoción de la integración de todos los deportistas bajo una misma federación», que se vuelve obligatoria cuando la federación internacional correspondiente haya integrado las modalidades de discapacidad.
Esto implica que, si la federación internacional de una disciplina reúne bajo un único organismo a deportistas con y sin discapacidad, la federación española correspondiente debe replicar ese modelo.
La propia documentación interpretativa de la norma enfatiza que la integración de las modalidades de discapacidad en las federaciones españolas «debe realizarse sin excepción» en estos casos, mediante un acuerdo formal entre la federación de origen y la de destino.
Fin de un modelo paralelo
Este giro normativo rompe con la estructura tradicional del deporte adaptado, que en España se organizaba mediante federaciones específicas según los tipos de discapacidad.
El nuevo marco legal exige que las federaciones españolas «ordinarias» aseguren una integración efectiva de estas modalidades, asumiendo la gestión de licencias, competiciones y desarrollo deportivo, eliminando la lógica de circuitos completamente independientes.
El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes Europa Press
Iniciativas como la de los deportes de invierno, en los que la Real Federación Española de Deportes de Invierno ha firmado convenios con varias federaciones de discapacidad, anticipan el camino que deberán seguir otras disciplinas.
De ahora en adelante, el deportista con discapacidad de alto rendimiento deberá desarrollar su trayectoria en la misma estructura federativa que el resto de especialistas de su disciplina, desde las categorías base hasta la élite.
La integración no se limita a ubicar las modalidades de discapacidad dentro del organigrama existente, sino que implica compromisos específicos para las federaciones.
Deben garantizar la accesibilidad a las instalaciones, el uso de productos de apoyo y ayudas técnicas, además de asegurar la presencia de personal asistente y guías cuando sea necesario, todo ello sin afectar indebidamente el rendimiento deportivo.
Asimismo, se exige la representación de personas con discapacidad en los órganos de gobierno y la promoción de la formación continua de técnicos y entrenadores en estas modalidades.
El Consejo Superior de Deportes ha respaldado este proceso con ayudas económicas concretas, que superan los 12 millones de euros desde la aprobación de la ley, para facilitar esta transición en las federaciones.
El Gobierno y los organismos implicados reconocen públicamente una transformación cultural real en el deporte español, situando la igualdad de oportunidades «en el centro de nuestro sistema deportivo».
La Comisión Nacional de Deporte Inclusivo y el movimiento paralímpico han desarrollado decálogos y guías para ordenar un proceso de integración que, hasta ahora, presentaba desigualdades según la modalidad y la región.