Las claves
La Fiscalía Anticorrupción sostiene su reivindicación de entre 8 y 29 años de cárcel para los descendientes de Jordi Pujol i Soley.
El tribunal ha comunicado el sobreseimiento libre para Jordi Pujol, ex presidente de Cataluña, debido a su deterioro cognitivo.
La Fiscalía acusa a la familia Pujol de operar como una organización criminal y de ocultar capitales en Andorra desde 1991.
Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, también enfrenta una petición de 17 años de prisión por parte de Anticorrupción.
La Fiscalía Anticorrupción ha reafirmado su demanda de penas que van desde ocho hasta 29 años de reclusión para los hijos de Jordi Pujol i Soley.
De igual modo, el tribunal encargado de juzgar el denominado caso Pujol se ha comprometido a dictar en las próximas horas una resolución de «sobreseimiento libre» —esto es, irrevocable y definitiva— para el expresidente catalán que gobernó entre 1980 y 2003.
Así lo anunciaron, durante la sesión del juicio de este lunes, por una parte el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo y, por otra, el magistrado José Ricardo de Prada, presidente del tribunal.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya decidió excluir a Pujol i Soley, de 95 años, de este proceso judicial debido a su «deterioro cognitivo», tras haberse sometido a un examen médico justo el día en que estaba previsto dictar una condena.
Por otra parte, en la etapa de conclusiones, las defensas de los hijos Pujol solicitaron su absolución absoluta. En caso de ser condenados, pidieron que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas, a causa del largo retraso en la celebración del juicio, lo que, de ser aceptado, mitigaría las penas.
«En el caso poco probable de que exista condena», coincidieron en señalar dos abogados defensores.
Anticorrupción demanda la pena máxima, de 29 años de prisión, para el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. Sus hermanos Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta enfrentan condenas que oscilan entre ocho y catorce años.
Es decir, los siete suman un total de 83 años de reclusión, si se acumulan las penas solicitadas por el fiscal Bermejo para cada uno.
Además, la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, también imputada, se enfrenta a una petición de 17 años de cárcel por parte de Anticorrupción.
En conclusión, el Ministerio Público afirma que la familia Pujol se comportó como una organización criminal cuando este apellido parecía prácticamente sinónimo de Cataluña.
Según el escrito acusatorio de Anticorrupción, que Bermejo ratificó este lunes, los miembros del clan, «actuando en conjunto», ocultaron, al menos desde 1991, una «gran cantidad de dinero» en Andorra.
Esos fondos serían «resultado del favorecimiento a ciertos empresarios para que ganaran distintos concursos públicos de la Administración catalana».
Este lunes, antes de las conclusiones, declararon en el juicio varios de estos empresarios.
Todos ellos negaron el pago de comisiones ilegales y describieron el trabajo de Jordi Pujol Ferrusola como el de un lobista internacional.
«Es imposible acceder al mundo sin los lobbys», explicó Luis Delso, ex presidente de la constructora Isolux Corsán, también acusado.
Durante su interrogatorio, justificó así la razón por la que pagó a Jordi Pujol Ferrusola para impulsar proyectos en México y Gabón: «Para el 100 % de los contratos internacionales se requieren lobbys. Sin ellos, no es posible, porque compites contra alguien que ya está establecido», detalló.
Esta semana concluirá el juicio, tras casi seis meses de sesiones. Este martes, fiscalía y Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, presentarán sus informes finales. Las defensas harán lo propio el miércoles y jueves.