La Audiencia Provincial ha aceptado la solicitud realizada por las defensas de los acusados, quienes consideran que sus clientes dispondrán de mayores garantías si declaran al final, tras la comparecencia de los testigos.
Las declaraciones de David Sánchez Pérez-Castejón, ex presidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve acusados en el juicio relacionado con el supuesto trato preferente en la contratación del hermano del presidente del gobierno en dicha institución en 2017, dejarán de abrir el proceso que comenzará en la Audiencia Provincial de Badajoz el 28 de mayo. Anteriormente, se estableció que ese día y el siguiente, 29, debían dedicarse a escuchar a los 11 imputados por prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Más adelante, se programaron las declaraciones de una quincena de testigos. La finalización de las sesiones se prevé para el 4 de junio, según el magistrado ponente de la causa en la Audiencia Provincial de Badajoz, Emilio Serrano.
No obstante, mediante un escrito dirigido a la Sala, las defensas pidieron modificar el orden de las declaraciones para que sus representados se pronuncien al final, argumentando que tener la oportunidad de escuchar antes a los testigos les proporciona una mejor defensa. Así, aunque las fechas del juicio oral entre el 28 de mayo y el 4 de junio se mantienen, se ha confirmado hoy que los acusados no declararán el 28 ni el 29, aceptándose la petición de sus defensas. Fuentes judiciales describen esta solicitud como una medida “lógica”, apuntando que es habitual que los acusados declaren al final, tal como ocurrió esta semana en el caso de las mascarillas con el ex ministro Ábalos y Koldo García.
Por ejemplo, uno de los abogados, representante de Juana Cinta (exdirectora de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz), indica en su solicitud que “el criterio del Tribunal Supremo sobre declarar en último lugar supone una garantía para el derecho de defensa del acusado… que esta declaración se produzca en último término asegura mejor el derecho a la defensa y debería ser aceptado, pues no se ejerce de igual modo el derecho de defensa con el interrogatorio realizado por el letrado al final que con la ‘autodefensa’, como es el trámite de última palabra”. Posteriormente, la defensa de David Sánchez, el abogado Emilio Cortés, también lo solicitó el 29 de abril: “… solicitando que las declaraciones de los acusados se realicen después de la práctica de la prueba -en sentido estricto- durante el plenario. A efectos de este requerimiento, nos sumamos a los argumentos presentados por la representación de Dña. Juana Cinta Calderón Zazo, que explican la pertinencia y conveniencia de establecer este orden en el estrado”.
En estas condiciones, las dos primeras jornadas por la mañana estarán dedicadas a las cuestiones previas y, desde el 1 de junio, en sesiones de mañana y tarde, se citan los testigos, cerrando el juicio con las declaraciones de los acusados. Además del hermano del presidente del gobierno y del ex secretario general de los socialistas extremeños, los restantes investigados son cargos y exdirectivos de diversas áreas de la Diputación de Badajoz, junto con el exjefe de la Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de esta institución, Luis María Carrero, amigo de David Sánchez y antiguo asesor en el Ministerio de Presidencia. Por este motivo, el hermano del presidente del gobierno también está imputado por prevaricación y tráfico de influencias, por presuntamente intervenir en la contratación de Carrero en la Diputación de Badajoz.
Entre los testigos, figuran candidatos al puesto que finalmente ocupó David Sánchez (que la jueza de Instrucción Beatriz Biedma ha calificado de irregularmente transformado en Jefe de la Oficina de Artes Escénicas), coordinadores de Actividades de los Conservatorios de la Diputación y directores y exdirectores de los conservatorios. También declararán cuatro testigos adicionales y nueve agentes de la Guardia Civil que formaron parte en la investigación del caso.
El juicio contará con la presencia de siete acusaciones populares (Manos Limpias, HazteOír, Vox, PP, Iustitia Europa, Asociación Liberum y Fundación de Abogados Cristianos), las cuales permanecieron unificadas durante la instrucción.
El auto de procesamiento elaborado por Beatriz Biedma sostiene que David Sánchez, con “conocimiento previo” de que el puesto de coordinador de Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz se había “creado para él”, participó en la convocatoria “y realizó la entrevista para simular la formalidad legal del procedimiento, siendo el principal beneficiario”.
La jueza entiende que la creación del puesto fue “a petición, probablemente, de personas del entorno de David Sánchez que conocían dicha necesidad”, dado que “en ese momento carecía de empleo estable”. Además, esta creación, supuestamente acordada por Gallardo, la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez, y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como “objetivo” que lo ocupara David Sánchez, quien renunció a su cargo en febrero de este año en plena investigación.
La jueza también procesa a Luis María Carrero, ya que, según la instructora, habría hecho uso de la influencia derivada de “su amistad íntima” con David Sánchez para lograr la creación y posterior acceso a la jefatura de la Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.
En cambio, la Fiscalía modificó su postura durante la instrucción y solicitó el cierre del caso al entender que no hay indicios suficientes que evidencien la comisión de los delitos imputados.