En Valencia arrestan a una pareja por obligar a su hija de 16 años a contraer matrimonio sin su consentimiento

La adolescente solicitó ayuda a los responsables del centro educativo donde cursaba sus estudios. Sus padres le retiraron el teléfono móvil y, en ocasiones, emplearon la violencia física

Un coche de la Policía Nacional. (David Zorrakino / Europa Press)

La Policía Nacional detuvo en Valencia a una mujer y a un hombre, de 44 y 50 años respectivamente, acusados de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, al forzar a su hija de 16 años a contraer matrimonio en su país de origen sin su consentimiento.

Según datos de la agencia EFE, la investigación comenzó cuando agentes de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia recibieron la alerta de los responsables del centro educativo donde estudiaba la menor, que informaron que sus padres pretendían enviarla a su país natal para casarla con un hombre escogido por ellos, sin la aprobación de la joven.

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En el transcurso de la investigación, los agentes confirmaron que la menor estaba aislada, sin oportunidad de interactuar con otras personas ni salir de la vivienda, excepto para acudir al instituto. Sus padres le retiraron el teléfono móvil y, en varias ocasiones, emplearon violencia física.

Al enterarse de los planes de sus padres, la adolescente pidió ayuda a los responsables de su colegio. La Policía verificó que se encontraba en una situación vulnerable y remitió el caso a la Fiscalía de Menores.

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Orden de alejamiento

Finalmente, la joven quedó bajo la tutela de los Servicios Sociales. Los agentes identificaron y arrestaron a sus padres como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad, aunque se decretó una orden de alejamiento respecto a la menor.

La legislación española brinda una protección especial a menores y personas en situación de vulnerabilidad frente a cualquier tipo de coacción relacionada con el matrimonio. Las autoridades califican estos casos como una grave violación de los derechos fundamentales, actuando de forma coordinada para prevenir y sancionar estos delitos.

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(Con información de la agencia EFE)

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