La mayoría de las propuestas no pasarán por el Congreso. Para el Gobierno, esto demuestra que la «legislatura suma y sigue».
El inicio del año o del curso escolar es momento de establecer metas. Gimnasio, idiomas… Ahora es el turno del Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Anual Normativo para 2026. Este documento agrupa las iniciativas legislativas o reglamentarias que cada ministerio planea presentar al Gabinete para su aprobación durante el próximo año natural. Desde La Moncloa destacan que este texto refleja que la legislatura «suma y sigue» y que su trabajo se proyecta hacia un futuro que desean consolidar. Sin embargo, la ambición de este plan es menor respecto a años anteriores.
La fragilidad parlamentaria, la creciente distancia que exhiben los socios frente a las próximas elecciones —un ejemplo claro fue el reciente enfrentamiento con el PNV— y la incertidumbre por la situación global derivada de conflictos bélicos, conducen al Ejecutivo a un «ejercicio realista» con hasta 179 propuestas normativas. En 2025 la previsión fue de 199; en 2024, 198; y en 2022, 368. Solo en 2023, año electoral con un panorama político poco definido y sin claras mayoresías en el Congreso, se registró un número más bajo: 117. En 2021, año post pandemia, también fue inferior: 144. La cifra para 2026 se asemeja a la de 2020 (172 iniciativas), aunque ese año estuvo marcado por la pandemia y sus imprevistos.
El 2026 es un año preelectoral, dado que los comicios, recuerda Pedro Sánchez, se celebrarán en verano de 2027. Esta situación, junto con la ya de por sí débil posición parlamentaria del Gobierno, provoca que los socios prioricen sus propios intereses, comenzando a definir su perfil y distanciándose de La Moncloa. El ministro para la Presidencia, Félix Bolaños, responsable de coordinar y presentar este plan en el Consejo de Ministros, califica la situación como una «compleja pero razonable estabilidad parlamentaria» y señala que el Gobierno ya ha llevado al BOE 62 iniciativas. No obstante, también debe reconocerse que la ley más significativa del Ejecutivo, la de Presupuestos, ni ha sido presentada ni aprobada en toda la legislatura, ha sufrido derrotas notables —la más reciente, el rechazo a la prórroga de los alquileres— y evita votar incrementos en Defensa debido a la oposición de sus socios.
«Se continúa trabajando para garantizar el Estado del Bienestar», reflexionó Bolaños. «Se evidencia la voluntad de continuar transformando la realidad desde el Gobierno». El documento aprobado se describe como un «ejercicio realista de planificación, pero también ambicioso». Así se desglosan las 179 propuestas: 10 leyes orgánicas (5,5 %); 38 leyes ordinarias (21,2 %) y 131 reales decretos, que conforman la mayor parte del plan (73,1 %).
Como en planes anteriores, la principal herramienta para la acción gubernamental serán los reales decretos, que son iniciativas aprobadas por el Consejo de Ministros sin necesidad de pasar por el Congreso. En un contexto donde La Moncloa no cuenta con mayoría asegurada y, por el contrario, existe una «mayoría de bloqueo», estos decretos permiten salvar obstáculos y otorgan mayor peso a la acción ejecutiva frente a la legislativa, que requiere validación de las Cortes. Los reales decretos ley difieren de los reales decretos, pues responden a situaciones de urgencia o imprevistos y deben ser ratificados por la Cámara Baja.
Los reales decretos son el motor principal de los planes normativos desbloqueados por el Gobierno de Sánchez, que es el primer Ejecutivo que los aprueba y evalúa, ya que los anteriores no lo hacían. Siempre han representado más del 70 % en los últimos años.
Entre las iniciativas previstas para 2026 se incluye la Ley de Presupuestos Generales del Estado, a pesar de que el Gobierno no ha presentado esta ley durante toda la legislatura. «La intención es presentar esa ley en 2026. Esa es la voluntad», sigue siendo el mensaje oficial, aunque la posibilidad de abordar directamente el presupuesto de 2027 ya está abierta.
Otras medidas contempladas son la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; la Ley Orgánica de Integridad Pública; y la Ley Orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos.