Justifica su negativa a responder a las preguntas del PP amparándose en una norma que declara secretos los datos en poder del Consejo Gestor del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas y de la SEPI.
«El artículo 2.17 del Real Decreto-ley 25/2020, que establece medidas urgentes para respaldar la reactivación económica y el empleo, impide entregar la información solicitada por sus señorías». Con esta explicación, el Gobierno ha denegado la respuesta a las preguntas enviadas por escrito por el Partido Popular, quienes requerían datos y aclaraciones sobre la supuesta participación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el rescate, valorado en 53 millones de euros, de la aerolínea Plus Ultra.
El PP se dirigió al Ejecutivo para indagar sobre la afirmación de Víctor de Aldama, considerado el «nexo corruptor» de la trama de mascarillas, quien aseguró que el ex presidente Zapatero estuvo implicado en el rescate de la compañía aérea y acudió al Ministerio de Transportes para presionar a favor de la operación ante el entonces ministro José Luis Ábalos. Según la versión de Aldama, tras ese encuentro Ábalos llamó al presidente Pedro Sánchez para comunicarle la petición realizada por Zapatero. Durante esa llamada, el ministro recibió la instrucción de Sánchez de hacer lo necesario para que el rescate se llevara a cabo.
Posteriormente, según se detalla en el documento de preguntas enviado por el PP al Gobierno, se encargó un informe técnico para evaluar la viabilidad del rescate a la empresa. Dicha valoración, indica el escrito de los populares, fue negativa al constatar que «la compañía no cumplía los requisitos mínimos solicitados».
La versión de Aldama insiste en que, pese a ese informe desfavorable, Sánchez ordenó ejecutar el rescate, lo que según cita el PP llevó a que se redactara un precontrato a favor de Plus Ultra con alguna empresa «lessor» que simulaba para la aerolínea disponer, bajo modalidad de alquiler, de una flota de entre cuatro y seis aviones; que el Ministerio de Transportes emitiera un segundo informe favorable al rescate con datos y criterios poco ajustados a la realidad y que Ábalos contactara con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para informarle de la orden recibida de Pedro Sánchez, a lo que ella habría respondido, según Aldama, que ella «se encargaba de la SEPI«.
A raíz de estas declaraciones del comisionista Víctor de Aldama, acusado aún pendiente de sentencia en el caso de las mascarillas, los populares solicitaron al Gobierno detalles como «la fecha de la reunión entre Zapatero y Ábalos», las «dos conversaciones entre Ábalos y el presidente Pedro Sánchez», «cuándo Sánchez comunicó a Zapatero su apoyo al rescate de Plus Ultra», «por qué se emitió un segundo informe favorable que contradice al primero» y, además, si el Gobierno planea entregar el informe técnico inicial que evaluaba negativamente la operación.
En otros dos escritos dirigidos al Ejecutivo, el PP pregunta también por las verificaciones realizadas para aprobar el rescate a la compañía y si se han investigado posibles usos indebidos de los fondos entregados.
Frente a todas estas preguntas, el Gobierno responde citando un decreto aprobado tras la pandemia que establece que «los datos, documentos e informaciones en posesión del Consejo Gestor y de SEPI (…) serán confidenciales y, salvo excepciones contempladas en la normativa vigente, no podrán divulgarse a personas o autoridades ni usarse para fines distintos a los originales. También están obligados a respetar el secreto y a no utilizar la información para otros fines los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes designados por el Consejo Gestor y SEPI». Sobre las preguntas vinculadas a la «intervención de terceros», la contestación es un escueto «no son ciertas».
No obstante, fuentes del PP sostienen que el real decreto es válido para proteger las operaciones realizadas durante la pandemia, entendiendo por tales aquellas que contienen información clave de las empresas, como sus planes estratégicos, pero no debería servir para, afirman, «encubrir actos que deberían ser públicos», tales como los informes que avalaron el rescate financiado con dinero público o las supuestas gestiones del ex presidente con el entonces ministro de Transportes a favor de una empresa cuyo rescate, recalca el PP, «provocó una profunda confusión en el ámbito económico español» y que además ha derivado en la detención del presidente y consejero delegado de la compañía por presuntos indicios de fraude al Estado a través del «uso indebido» de los 53 millones otorgados.