Asuntos Internos examina los vínculos entre algunos agentes y Mustapha C., mientras la UDEF sigue las pistas de décimos ganadores que habrían sido empleados para lavar dinero.
La investigación sobre el segundo narcotúnel del Tarajal ha llegado a la Audiencia Nacional, debido a la magnitud del caso y a las investigaciones abiertas en diversas provincias. El juez Piña indaga si otros guardias civiles pudieron ofrecer cobertura, compartir información o proteger a la red que operaba en la frontera de Ceuta con Marruecos. La causa, en parte bajo secreto, incluye una línea sobre los contactos entre la organización y agentes del Instituto Armado, y otra relacionada con blanqueo a través de la supuesta adquisición de décimos premiados de la Lotería de Navidad.
Asuntos Internos de la Guardia Civil investiga el rol que algunos agentes podrían haber desempeñado en torno a Mustapha C., conocido como ‘Brouzi‘, señalado por las autoridades como uno de los presuntos responsables de ambos túneles detectados entre Ceuta y Marruecos. La envergadura de la obra, la cantidad de droga atribuida al grupo y las conversaciones incluidas en el sumario han hecho que los investigadores se cuestionen si la red contó con apoyo interno.
En el centro de la investigación está Ángel A., apodado ‘el Angelito‘, guardia civil retirado y actualmente en prisión provisional. La UDYCO lo describe como presunto intermediario entre Mustapha C. y compradores de hachís, una figura capaz de moverse tanto en el ámbito policial como en el entorno del narcotráfico.
Ángel A. rechaza estas acusaciones. Declaró ante el juez que su relación con Mustapha C. no estaba vinculada al tráfico de drogas, sino a una colaboración con la UCO de la Guardia Civil para acercarse al presunto capo con la intención de convertirlo en informante. Según su versión, estos contactos se reanudaron tras el hallazgo del primer túnel en Ceuta, cuando agentes le solicitaron ayuda al saber que conocía a Brouzi.
El interrogatorio aportó respuestas sorprendentes. En una conversación intervenida, el Angelito mencionó haber introducido «por lo menos 10 camiones». El juez le preguntó su contenido, y él respondió: «De fruta». También explicó otra frase registrada en las grabaciones: «Yo no soy corrupto, soy traficante». Ante el magistrado, afirmó que eran expresiones hechas «en caliente» por un momento de enfado.
La Fiscalía no acepta esta versión. Aunque actuara como confidente o enlace, ese papel no le eximiría de responsabilidad si hubiera incurrido en delitos. Por ello, el juez ordenó su ingreso en prisión provisional.
La causa experimentó otro avance tras un informe policial elaborado en abril a solicitud del magistrado. El documento examina conversaciones entre Ángel A., Mustapha C. y tres guardias civiles. Según la Policía, una de esas comunicaciones sugiere que un agente de la UCO que declaró en el juzgado pudo tener conocimiento del presunto comportamiento delictivo de Brouzi.
En esa conversación, el Angelito atribuye a dicho guardia civil la responsabilidad de un alijo de unas 15 toneladas intervenido en Almería. El informe destaca otra frase de Ángel A., que señala que ese agente de la UCO «debe saber en todo momento cuándo entra [Brouzi] o cuándo viaja». En otro diálogo, un uniformado responde: «Eso lo está salvando».
Los agentes consideran que el segundo túnel fue una infraestructura posiblemente diseñada para trasladar fardos de hachís desde Marruecos hacia Ceuta, con destino posterior a la Península y otros países de Europa. Marruecos colaboró desde que España avisó al otro lado de la valla. Sus efectivos localizaron la boca del túnel y confirmaron que el trazado llegaba a la nave del Tarajal. Posteriormente, la entrada marroquí fue sellada con hormigón.
La boca estaba situada en una finca cercana a una base de la Gendarmería Real, en una zona bajo vigilancia constante. Según fuentes consultadas, una estructura de este tipo difícilmente pudo operar durante un largo periodo sin ayuda, protección u omisión en territorio marroquí.
Lotería premiada y agentes locales implicados
La UDEF investiga cuántos décimos del quinto premio del Sorteo de Navidad de 2025, distribuido por el Club San Urbano de Ceuta, pudieron ser usados para blanquear dinero procedente del narcotráfico. En este contexto, fue detenido un policía local de la ciudad por vender un boleto premiado a uno de los presuntos responsables de la red. El agente fue dejado en libertad con cargos, acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales.
El Club San Urbano, una asociación con amplia presencia social en Ceuta y compuesta por miembros de la Policía Local, distribuyó el 22 de diciembre uno de los quintos premios. El número 25.412 entregó 2,1 millones de euros tras la venta de 350 décimos, cada uno premiado con 6.000 euros.
Las escuchas realizadas al Audi Q5 usado por el Angelito recogen conversaciones sobre la compra de décimos, pagos en efectivo y la figura de intermediarios. En una de ellas se establece el precio de cada boleto en 6.600 euros, 600 euros más que el premio oficial. «Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, seiscientos», se oye contar dentro del coche. En otra grabación, uno de los implicados explica su margen: «A seis mil seiscientos cada uno, y le voy a ganar yo doscientos euros». El Angelito reconoce entonces el rol de uno de ellos: «Ole ahí mi primo, comisionista Aldama».
Las grabaciones reflejan la búsqueda de más personas premiadas. Uno de los implicados avisa que va a «investigar quién más tiene décimos». El Angelito menciona a alguien que «tiene seis». En esta búsqueda aparecen Simón, la Polaca y Carlos, vinculados en las escuchas a boletos aún no entregados o pendientes de cobro.
Los investigadores indican que adquirir décimos premiados por encima de su valor conocido es una técnica habitual para blanquear dinero. El comprador no pretende ganar en la Lotería, sino hacer aflorar dinero en efectivo. La Policía intenta ahora determinar qué boletos acabaron en manos de la trama, quiénes los vendieron a sobreprecio y quiénes cobraron finalmente los premios.