Las claves
El Ejecutivo ha dado luz verde al Plan Anual Normativo para 2026, que contempla la elaboración de 179 disposiciones, entre las que se incluyen 10 leyes orgánicas, 38 ordinarias y 131 reales decretos.
Solo el 36% de las leyes previstas para 2025 se han materializado, mientras que un 46% permanece bloqueado en el Parlamento debido a la falta de apoyos.
La relación del PSOE con sus aliados parlamentarios se ha desgastado, dificultando la tramitación tanto de nuevas leyes como de los Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno ha justificado la demora en la presentación de los Presupuestos argumentando la coyuntura internacional y la carencia de apoyos, sugiriendo un posible aplazamiento hasta septiembre.
Desde 2022, el Gobierno no ha presentado proyecto alguno de Presupuestos Generales del Estado. No obstante, este martes aprobó el denominado Plan Anual Normativo, que establece para 2026 un total de 179 disposiciones.
Moncloa prevé aprobar 10 leyes orgánicas, 38 ordinarias y 131 reales decretos, casi un tercio de los cuales responden a la incorporación de normativa europea al ordenamiento nacional.
Este optimismo contrasta con la realidad política y los datos: el informe del Plan Anual Normativo 2025 solo refleja un 36% de leyes aprobadas, mientras un 46% continúa paralizado en el Parlamento debido a la ausencia de apoyos.
Además, la situación política se ha complicado para el Ejecutivo. El PSOE enfrenta dificultades para pactar con Junts, y el PNV ha adoptado una posición más distante.
De hecho, el Ejecutivo anticipa que todos sus socios parlamentarios se desmarquen progresivamente, considerando que queda un año hasta las elecciones generales.
Pedro Sánchez ya anunció en septiembre de 2024 su intención de gobernar al margen del Parlamento, y Moncloa está orientando sus esfuerzos hacia iniciativas que no requieran el paso por el Congreso.
Resulta significativo que entre las leyes el Gobierno se compromete a aprobar figure la de Presupuestos, pese a no haber cumplido hasta ahora con esta obligación constitucional ni con los compromisos públicos reiterados por el presidente y sus ministros.
Asimismo, sin haber iniciado siquiera los trámites preliminares para aprobar las Cuentas, se hace imposible presentarlas antes de finales de junio. El Ejecutivo ha comenzado a insinuar la conveniencia de esperar hasta septiembre para presentar los Presupuestos de 2027, lo que implicaría un nuevo incumplimiento respecto al Plan Anual Normativo aprobado este martes.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, reiteró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que es preciso superar la incertidumbre generada por la guerra en Irán antes de presentar unos Presupuestos basados en datos reales. Dado que este conflicto se prolonga, no se esperan Presupuestos antes del verano.
Lo cierto es que el Gobierno, pese a sus promesas incumplidas, evita presentar los Presupuestos para esquivar una derrota política significativa por la falta de apoyos parlamentarios.
Esta situación se ha mantenido durante toda la legislatura, enfrentando una mayoría conservadora adversa que bloquea la aprobación de normativas.
Parálisis en el Congreso
Esta coyuntura genera un bloqueo en diversas normativas, que quedan hundidas en sucesivas prórrogas para la presentación de enmiendas.
Es el caso de algunas iniciativas relacionadas con la Justicia, como la reforma del sistema de acceso a las carreras fiscal y judicial, la modificación del Estatuto Fiscal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras.
También quedan paralizadas propuestas acordadas entre partidos de izquierda, como la reforma de la conocida ley mordaza -Ley de Seguridad Ciudadana-, que lleva años sin avanzar.
Otras iniciativas incluidas en planes anteriores han caído debido a la falta de apoyo, como la ley de reducción de jornada, que fue rechazada por la mayoría del Congreso.
El Ejecutivo argumenta haber cumplido el 82% del Plan Normativo de 2025, ya que contabiliza como cumplidas aquellas fases previas a la remisión al Parlamento, etapas que dependen exclusivamente de su voluntad, salvo contadas excepciones como la abolición de la prostitución por desacuerdos entre PSOE y Sumar.
Incluye asimismo la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque su aprobación en el Congreso resulta prácticamente inviable. Podrían presentar el proyecto de ley y considerarlo aprobado formalmente, pero su validación en la Cámara baja es dudosa.
La evidencia indica que la mayoría de las leyes en los planes gubernamentales se arrastran de un año para otro.
Consultado sobre la dificultad para obtener apoyos en el Congreso, Bolaños recordó que en esta legislatura se han aprobado 62 leyes: 2 reformas constitucionales, 10 leyes orgánicas, 18 ordinarias y 32 reales decretos-ley convalidados.
Comparó esta cifra con la actividad de los parlamentos autonómicos, señalando que solo la Comunidad Valenciana ha superado este volumen debido a la dana. Para el ministro, esto representa «una estabilidad parlamentaria compleja pero razonable» que ha requerido un esfuerzo «absolutamente hercúleo».