El 46% de la población apoya la cláusula que regula el acceso a los servicios públicos. Entre los votantes, se incluye un 22% del PSOE que la respalda de forma abierta.
Casi la mitad de los españoles, concretamente un 46%, está conforme con el principio de «prioridad nacional» para acceder a los servicios públicos. No obstante, los ciudadanos otorgan su apoyo con la comprensión de que tal término se refiere al arraigo real, duradero y comprobable en el territorio, y no a la procedencia del solicitante, es decir, si es inmigrante o nacido en España.
Dentro del grupo que defiende esta «prioridad», ya sea «totalmente» o «bastante», se encuentra un 22,3% de votantes socialistas, casi uno de cada cuatro, mientras que un 21% la apoya «poco» y un 42,6%, «nada». Entre el electorado de Sumar, solo el 15,2% la respalda con claridad, un 19,6% «poco» y un 57,6%, «nada».
Aunque los acuerdos pactados entre PP y Vox en Extremadura y Aragón -que incorporan el arraigo reforzado como criterio fundamental para el acceso a ayudas y servicios públicos- son poco conocidos, los datos de la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO evidencian que la ciudadanía considera adecuado tener en cuenta requisitos como el tiempo de residencia, el contrato laboral, las cotizaciones y los vínculos familiares para priorizar dicho acceso.
En este sentido, los entrevistados apoyan la interpretación del llamado principio de «prioridad nacional» que propone el Partido Popular, y no la versión planteada por dirigentes de Vox, para quienes significa un «españoles, primero», lo que supondría excluir, para obtener beneficios públicos o acceder a servicios esenciales, a quienes no hayan nacido en España.
Los populares insisten en que su lectura, centrada en el arraigo, está en línea con el marco constitucional y no presenta tintes xenófobos, ya que no discrimina a las personas por su origen. El 76% de sus votantes respaldan este principio, y son incluso superados por los de Vox, que lo apoyan un abrumador 87%.
La mayoría de los ciudadanos, independientemente de su edad, también se pronuncia a favor. Los más partidarios -49,2%- son los votantes entre 45 y 64 años. Los jóvenes de 18 a 29 años otorgan un apoyo del 40%, que aumenta al 44,6% entre electores de 30 a 44 años y se sitúa en el 45,8% en los votantes mayores de 65.
Mientras los pactos firmados en Extremadura y Aragón empiezan a implementarse y el ciudadano podrá valorar sus resultados, el escepticismo respecto a su durabilidad es elevado. Solo el 19% de los votantes afirma estar convencido de que los acuerdos entre PP y Vox garantizan una estabilidad que dure cuatro años, el periodo de legislatura. Un 31% considera que podrían mantenerse dos años y un 35% estima que su vigencia no superará un año.
Probablemente, esta opinión se ve influida por la ruptura unilateral en julio de 2024 por parte del partido de Santiago Abascal de los acuerdos anteriores con los populares, así como por las críticas y ataques que Vox continúa dirigiendo al PP.
Hace dos años, Vox anunció la retirada de su apoyo parlamentario a gobiernos autonómicos de coalición con el PP en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura, además de en Baleares, donde no formaban parte del Ejecutivo pero le respaldaban externamente. En aquella ocasión, el motivo declarado fue la distribución entre las autonomías de 347 inmigrantes menores de edad no acompañados, aceptada por los populares.
Actualmente, la encuesta revela dudas significativas sobre la estabilidad de los nuevos pactos. Solo un 32% de votantes del PP confía en que los acuerdos permanezcan vigentes durante los cuatro años para los cuales se firmaron inicialmente. La mayoría, un 48%, apuesta porque duren dos años, y un 8,7%, más escéptico, opina que solo tendrán validez un año.
En contraste, los electores de Vox muestran mayor optimismo: un 43,4% cree que los acuerdos durarán toda la legislatura y un 39,3% que, al menos, se mantendrán dos años.
La opinión contraria la expresan los votantes de las fuerzas de izquierda. El recelo sobre la permanencia de los acuerdos, que han permitido formar Ejecutivos PP-Vox en Extremadura y Aragón y, posiblemente, también en Castilla y León, es muy alto entre simpatizantes de PSOE y Sumar.
Casi el 60% de los votantes socialistas considera que los pactos no durarán más de un año, y solo un 8,5% cree que podrían mantenerse durante toda la legislatura. Entre los electores de Sumar, la incredulidad es mayor: apenas un 2,2% les concede una vigencia de cuatro años, mientras un 68% opina que solo resistirán un año.