El documento, aprobado con el respaldo de la derecha y ultraderecha europea, subraya las repercusiones de la decisión del Gobierno en la producción de energía eléctrica y la economía regional
Este miércoles, la Eurocámara aprobó el informe que solicita al Gobierno español revisar el cierre de la central nuclear de Almaraz, planeado en dos etapas para 2027 y 2028 conforme a los planes del Ejecutivo. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votó a favor del texto elaborado con las recomendaciones de Estrasburgo tras la misión de investigación realizada por una delegación de eurodiputados en la planta de Extremadura en febrero pasado.
En el informe, el Parlamento Europeo recalca que toda resolución sobre la operación futura de la central cacereña debe basarse en una evaluación de impacto “exhaustiva” que considere las consecuencias para la región y el sistema eléctrico nacional. De acuerdo con el documento, la central cumple un papel fundamental en la generación eléctrica de España (aportando casi el 7% de la electricidad consumida) así como en la estructura económica de Campo Arañuelo.
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Aunque las conclusiones de la comisión no tengan carácter vinculante, el informe advierte sobre la necesidad de equilibrar los objetivos de transición ecológica con el bienestar económico local y la estabilidad del suministro energético, poco después de cumplirse un año del apagón que afectó a toda la península, instando al Gobierno a extender la vida útil de la central hasta al menos 2040.
Varias enmiendas de Vox se incorporan al texto
La Comisión de Peticiones solicita también al Gobierno del PSOE estudiar la opción de nuevas prórrogas después de 2040, mientras menciona presuntos motivos ideológicos detrás de la decisión de abandonar la energía nuclear para la transición verde. El informe, promovido y respaldado principalmente por los grupos parlamentarios de derecha y ultraderecha europeos, exige detener cualquier medida encaminada al cierre de centrales nucleares en España.
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El borrador inicial del documento, presentado en abril, ya cuestionaba si dicha decisión se ajustaba a “los principios de buena gobernanza, transparencia y legislación basada en evidencia”; sin embargo, múltiples enmiendas incorporadas durante la votación, impulsadas por Vox y apoyadas por el PP, introducen referencias a una “profunda preocupación” por el posible impacto del cierre en la seguridad del suministro, además de extender el horizonte temporal hasta 2040.
El texto resalta los riesgos demográficos y económicos que implicaría el cierre de instalaciones industriales en regiones con menor desarrollo, como Extremadura. En particular, advierte que clausurar la central de Almaraz podría agravar la situación en zonas que dependen de esta actividad para su estabilidad y progreso económico, tal como ya indicaba el borrador presentado en abril. Varias fuentes han reportado que entre 3.000 y 4.000 empleos directos e indirectos en la región dependen de la planta, además de recordar que su actividad genera para el Estado cerca de 435 millones de euros anuales en impuestos.
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El futuro de la central reactiva el debate sobre las nucleares
El acuerdo firmado en 2019 entre el Gobierno español, los sindicatos y las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz estableció que el primer reactor cesaría operaciones el 1 de noviembre de 2027, y el segundo, el 31 de octubre de 2028. Este calendario responde al plan nacional para el cierre progresivo de las centrales nucleares en España y es parte de la política energética del país.
No obstante, en octubre pasado, Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitaron al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga hasta junio de 2030 para ambos reactores. Argumentaron la necesidad de garantizar la seguridad del sistema eléctrico, la estabilidad de precios y una transición energética ordenada. Hasta ahora, la solicitud de prórroga no ha sido aprobada, ya que requiere una evaluación técnica del Consejo de Seguridad Nuclear y un acuerdo político entre el Gobierno y las compañías propietarias.
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Organizaciones ecologistas como Greenpeace han expresado su rechazo a la prórroga, señalando que mantener la central en funcionamiento retrasaría el avance de las energías renovables y perpetuaría los riesgos asociados con la energía nuclear y la gestión de residuos. Por su parte, la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’ ha apoyado el informe y afirma que constituye un “respaldo rotundo” para la continuidad de la planta. Los representantes de la asociación recuerdan que su cierre “aumentaría la dependencia de fuentes fósiles, encarecería la factura eléctrica y supondría pérdida de empleo”, además de que la Unión Europea ya reconoció como un “error estratégico” la renuncia a las nucleares debido al incremento de la dependencia energética externa.