El 28 de abril, la primera revisión formal de la Comisión Europea sobre el Digital Markets Act (DMA) concluyó que es “adecuado para su propósito”, destacando su impacto positivo en consumidores y competencia. El Parlamento solicita acelerar un cumplimiento más riguroso ante la resistencia externa.
El DMA busca que los mercados digitales en Europa sean más justos y accesibles, restringiendo la influencia de las grandes plataformas online conocidas como “gatekeepers”.
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El 28 de abril, la Comisión concluyó su primera evaluación del DMA desde su entrada en vigor en 2022. Tras analizar su aplicación y cumplimiento, determinó que sigue siendo “pertinente y bien adaptado al entorno digital en evolución”.
“Estoy de acuerdo en líneas generales con la valoración de la Comisión Europea […] pero los mercados digitales cambian rápido, y el marco no debe considerarse estático, especialmente en lo referente a IA y cloud”, declaró Andreas Schwab, miembro del Parlamento Europeo por el EPP y ponente del DMA.
Su análisis se basó en 450 aportaciones recogidas en consultas públicas entre julio y septiembre de 2025. Aunque el feedback fue mayormente favorable, muchos pidieron una mejor materialización de la ley.
Quienes apoyan el DMA sostienen que es clave para garantizar igualdad de condiciones en el mercado digital de la UE y devolver a los consumidores el control sobre sus datos. Los críticos argumentan que genera barreras normativas, obstaculiza la innovación y desalienta las inversiones.
El DMA es una intervención técnica y estricta de la Comisión que se dirige exclusivamente a ciertas grandes compañías, lo que dificulta el cumplimiento procesal y carece de un justo mecanismo de controles y equilibrios, señaló Maria Teresa Stecher, Senior Policy Manager en CCIA, con sede en Bruselas.
La CCIA representa a cuatro de los siete gatekeepers identificados por la UE (Apple, Amazon, Google y Meta).
¿Por qué es necesario?
Las principales plataformas online como Booking, Google y Amazon dominan servicios digitales esenciales como tiendas de aplicaciones, mercados y motores de búsqueda. Esto les permite imponer condiciones desiguales, controlar datos, decidir el acceso al mercado y distorsionar la competencia.
El creciente poder de estas plataformas a finales de los 2010s y comienzos de los 2020s impulsó a la UE a reforzar su regulación del mercado digital, cambiando su enfoque normativo.
La ley previene infracciones limitando anticipadamente el poder de los denominados «gatekeepers». Define criterios para su identificación y establece obligaciones y prohibiciones preliminares que buscan hacer los mercados digitales más justos y competitivos desde el inicio.
Antes de 2022, las leyes de competencia, protección al consumidor y datos imponían sanciones tras detectar faltas, permitiendo que los gatekeepers mantuvieran un dominio no controlado. Según Stecher, “había voluntad política para dirigirse a ciertas empresas concretas, creando un marco y definiéndolo, aunque la ley de competencia y sus procedimientos podrían haber logrado resultados similares”.
El DMA considera gatekeepers a las empresas con una facturación anual de al menos €7.5 mil millones en los últimos tres años, una valoración de mercado de €75 mil millones y más de 45 millones de usuarios finales al mes. Entre 2023 y 2025, siete compañías cumplieron estos criterios: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft y Booking. 23 de sus servicios digitales son considerados puntos de acceso.
La ley exige que estas plataformas permitan a terceros interactuar con sus servicios, acceder a datos generados por usuarios y promocionar ofertas fuera de sus propias plataformas. Ya no pueden favorecer sus productos, impedir la desinstalación de apps o rastrear a usuarios para publicidad sin consentimiento.
Incumplir el DMA puede conllevar multas del 10% sobre la facturación anual total (20% en caso de reiteración), además de sanciones periódicas equivalentes al 5% de los ingresos diarios promedio. En 2025, la Comisión multó a Apple con €500 millones y a Meta con €200 millones, y el 16 de abril pidió a Google facilitar el acceso de terceros a datos de búsqueda.
Beneficios para ciudadanos y empresas
El DMA brinda a consumidores y empresas mayor variedad, control y un entorno digital más equitativo.
Permitió que los usuarios elijan entre diferentes motores de búsqueda y navegadores, desinstalen aplicaciones preinstaladas y descarguen apps desde tiendas de terceros.
“Actualmente, los consumidores pueden elegir su navegador preferido, como en iOS, mediante lo que llamamos pantalla de elección”, comentó Agustín Reyna, Director General de la asociación de derechos del consumidor BEUC.
Los usuarios deciden también a qué plataforma transferir sus datos y cómo se utilizan, incluso para publicidad personalizada. Las recomendaciones de las plataformas ya no sesgarán los resultados de búsqueda para productos y servicios.
Stecher observó que los cambios impulsados por el DMA complican la navegación online y reducen la usabilidad, pues ahora los usuarios deben usar intermediarios para obtener resultados, lo que lleva a búsquedas menos relevantes y costos superiores.
Para las empresas, la ley les otorga igualdad para promocionar sus servicios y mantener tiendas de apps propias. Pueden establecer precios en plataformas de los gatekeepers, ofrecer servicios innovadores a usuarios de iOS, Android y Windows, y acceder a datos que generan durante su uso.
“La Comisión no considera suficientemente los impactos negativos en las empresas pequeñas que dependen mucho de los gatekeepers, provocando pérdidas anuales que van de €8 a €114 mil millones”, afirmó Stecher.
Schwab defendió que “las preocupaciones sobre efectos no deseados deben tomarse en serio, pero a menudo se exageran […]. Hasta ahora hay poca evidencia de impactos sistémicos negativos, siendo principalmente un discurso promovido por los propios gatekeepers”.
Una experiencia limitada
A pesar de progresos iniciales, la ley no ha logrado aún desplegar todo su potencial, principalmente debido a deficiencias prácticas.
La revisión de la Comisión detectó que la aplicación es lenta y desigual, con algunas grandes tecnológicas cumpliendo solo parcialmente o diluyendo su efecto. En ciertos casos, las plataformas rediseñaron apps y configuraciones para que las alternativas existan técnicamente, pero resulten difíciles de localizar o usar, disuadiendo el cambio de usuario.
“Son más reticentes a los cambios, o estos son demasiado lentos, usando técnicas para dificultar que los consumidores ejerzan sus derechos”, señaló Reyna.
También hay vacíos en su gestión de tecnologías aceleradas, como la inteligencia artificial. El DMA no fue diseñado para el auge actual de la IA, por lo que los reguladores aún definen cómo aplicarlo a herramientas como asistentes y chatbots, generando riesgo que grandes firmas integren servicios de IA propios en sistemas operativos o motores de búsqueda.
Otra debilidad es la computación en la nube, base del ecosistema digital, que aún no está bajo las restricciones más estrictas del DMA. Esto dificulta que empresas cambien proveedor o migren datos, vinculándolas a un único suministrador. Para los usuarios, esto implica menos innovación y aumento de precios a largo plazo.
La Comisión también encontró problemas con la transparencia, pues los informes de cumplimiento de plataformas grandes suelen ser demasiado superficiales para revelar qué sucede realmente tras bastidores. Empresas pequeñas, investigadores y grupos de consumidores siguen enfrentando obstáculos para entender cómo se toman decisiones o si la normativa se cumple efectivamente.
La revisión también evidencia fricciones entre el DMA y otras leyes europeas, en especial sobre protección de datos y ciberseguridad. Las empresas afirman que cumplir unas normas a veces entra en conflicto con otras, lo que ralentiza lanzamientos o cambios en productos dentro de Europa. Para los usuarios, esto puede traducirse en experiencias digitales distintas o restringidas.
Estas limitaciones provocan que, aunque en teoría haya más opciones disponibles (navegadores, apps o ajustes sobre datos), los beneficios no siempre se reflejan claramente en la práctica. Las empresas, sobre todo las más pequeñas, continúan enfrentando obstáculos para competir con plataformas dominantes.
Equilibrando la economía digital
El DMA prometía competencia justa, eliminar obstáculos para pymes y dar mayor control a consumidores sobre datos y servicios digitales. A pesar de sus fallos, ya ha avanzado en varios aspectos.
En poco más de dos años, navegadores y tiendas de apps alternativos ganaron visibilidad gracias a las pantallas de elección, aumentando su uso real y proporcionando opciones genuinas. Más de 40 empresas lanzaron nuevos servicios aprovechando mejor el acceso a datos, y entraron al mercado nuevos marketplaces, algunos gestionados por compañías europeas pequeñas. Los servicios de mensajería comenzaron a interoperar, permitiendo que proveedores menores conecten con plataformas grandes como WhatsApp o Messenger.
Por ejemplo, “los usuarios pueden intercambiar mensajes entre BirdChat, una startup letona, y alguien que usa WhatsApp”, indicó Reyna.
También es posible ahora eliminar apps preinstaladas, decidir cómo se combinan datos personales entre servicios y transferirlos más fácil entre plataformas. Un número “significativo” de usuarios ha optado por no compartir datos. Además, mejoró la transparencia en publicidad online.
Reformando, no reiniciando
La revisión confirma que la ley seguirá vigente, pero requiere una aplicación más precisa y detallada. La Comisión planea intensificar el cumplimiento, iniciando procedimientos formales cuando sea necesario y usando “decisiones de especificación” para definir claramente los requisitos para las empresas.
Reyna afirmó que “el cumplimiento por parte de la Comisión Europea es clave… llega un momento en que solo las conversaciones no bastan… la Comisión debe endurecer su postura para lograr estos cambios más rápido”.
Uno de los enfoques principales es la nube. La Comisión inició investigaciones de mercado para decidir si servicios como Amazon Web Services y Microsoft Azure deben ser designados formalmente como gatekeepers, sometiéndose a obligaciones más estrictas sobre portabilidad, cambio e interoperabilidad.
Los reguladores también exploran si asistentes de IA y herramientas similares deben encuadrarse en categorías existentes y ya promueven normas adicionales para que los servicios de IA sean fácilmente modificables por usuarios y puedan integrarse con sistemas operativos y datos de búsqueda de forma justa. Esto afecta cómo se configuran las herramientas de IA predeterminadas en dispositivos.
La Comisión planea además crear nuevas directrices para clarificar el manejo del consentimiento de usuarios, compartición de datos y portabilidad. Se busca perfeccionar normativas sobre perfilado del consumidor, con informes más claros sobre el uso de datos y posibles formatos más estrictos para divulgación.
En cuanto a la transparencia, que debe mejorar, los informes de cumplimiento podrían ser más completos, facilitando la comparación entre plataformas e identificación de fallas. La Comisión también compartiría más información sobre investigaciones y procesos regulatorios en curso.
Para optimizar el sistema, se simplificarán los formatos para empresas, mejorará la coordinación con reguladores nacionales y se actualizarán las normas de ejecución del DMA. Además, se presta creciente atención a la aplicación privada, para que empresas y grupos de consumidores puedan presentar sus propios casos.
Finalmente, la Comisión hará un uso más activo de las herramientas “a prueba de futuro” integradas en la ley. Esto implica ampliar el alcance a nuevos servicios si es necesario, actualizar obligaciones mediante directrices en lugar de leyes y adaptar la regulación a sectores dinámicos como la IA sin reabrir todo el marco legal.
Para los ciudadanos, esto significa servicios digitales cotidianos más flexibles y menos restrictivos. Será más sencillo cambiar entre apps, controlar el uso de datos personales y elegir alternativas a los servicios predeterminados en dispositivos y plataformas online.
Para las empresas, especialmente las pequeñas, estas medidas igualarán condiciones. Mejor acceso a datos, reglas justas en tiendas de aplicaciones y sistemas operativos, y capacidad para competir con servicios integrados podrían abrir nuevas oportunidades comerciales. Al mismo tiempo, las grandes tecnológicas enfrentarán una supervisión más estricta y normas más claras, limitando algunas ventajas actuales, pero brindando mayor certeza sobre sus obligaciones.