El permiso para transferir 6.111 cajas al Archivo General de la Administración está pendiente desde diciembre de 2024 y todavía no se ha llevado a cabo. Esta demora obstaculiza la labor de los investigadores y limita el acceso a información para los familiares de las víctimas de la dictadura.
Más de quinientos investigadores han solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se eliminen los impedimentos vigentes para acceder al archivo del Ministerio del Interior, el cual conserva información sobre prisiones y acciones policiales durante la era franquista. En la carta enviada este miércoles al ministro, advierten que “esta situación frena el avance del conocimiento histórico y limita el derecho de la ciudadanía a acceder a archivos públicos conforme a los estándares internacionales”, según indica la carta abierta difundida por los investigadores.
El archivo del Ministerio del Interior guarda decenas de miles de cajas con millones de documentos correspondientes al siglo XIX, la Segunda República y el franquismo, a pesar de que la normativa vigente establece que, como regla general, no debe conservar documentación de más de treinta años. El permiso para la transferencia de 6.111 cajas (que contienen documentos fechados entre 1829 y 1994) al Archivo General de la Administración está aprobado desde diciembre de 2024, pero no se ha ejecutado.
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Solicitan que se eliminen los elementos de censura
Los firmantes de la carta, que incluyen docentes e investigadores de historia contemporánea, ciencia política y disciplinas afines de universidades españolas y extranjeras, han expresado su preocupación porque “las solicitudes se atienden con demoras significativas, no se proporcionan los instrumentos de consulta y, en ocasiones, se entrega documentación que no está sujeta a restricciones de acceso, pero que presenta marcas actuales de censura”, según detallan al ministro. Asimismo, señalan que, en algunos casos, la documentación se suministra con “restricciones de acceso”, como la supresión de nombres de personas “aunque hayan fallecido hace décadas”, una práctica que definen como censura.
Los investigadores atribuyen el origen de estas trabas para desempeñar su labor a “la aplicación restrictiva de una regulación interna obsoleta, que debe actualizarse conforme a la legislación actual de transparencia y los estándares de apertura vigentes en la archivística nacional e internacional”, conforme al documento entregado esta semana al Ministerio del Interior.
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La divulgación de detalles inéditos sobre el intento de golpe de Estado, incluyendo el papel del rey Juan Carlos, la participación de miembros de los servicios de inteligencia y los planes para controlar la televisión pública.
Qué demandan los investigadores del archivo de Interior y cómo plantean modificarlo
La esencia de las peticiones se sintetiza en la exigencia de que, “bajo la aplicación estricta de la normativa, se ordene la transferencia de la documentación histórica custodiada en el sistema de archivos del Ministerio del Interior”. El primer paso, según la carta, es “llevar a cabo de inmediato la transferencia al Archivo General de la Administración autorizada desde diciembre de 2024”. Además, proponen continuar con la identificación y la planificación del traslado escalonado del resto de la documentación histórica que permanezca después de esta transferencia.
Mientras este proceso no se concrete, los firmantes solicitan garantizar el acceso a este patrimonio documental “en condiciones equivalentes a las del resto de la red de archivos estatales”. Entre las medidas concretas demandan: “Hacer públicos y accesibles los instrumentos de consulta del archivo”, “simplificar el procedimiento de solicitud de documentación”, “asegurar que las solicitudes se resuelvan dentro del plazo obligatorio de un mes, reforzando, si fuese necesario, el personal y los recursos del archivo para cumplirlo”, y “garantizar el acceso íntegro a la documentación que no esté sujeta a restricciones”.
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El grupo de investigadores también solicita facilitar y normalizar la consulta presencial en el archivo, habilitando espacios adecuados “para proteger este derecho”, así como “revisar y actualizar la Instrucción que regula el acceso a la documentación, de 2006, reemplazándola por un reglamento moderno”. Por último, exigen “garantizar la no aplicación retroactiva de la ley franquista de secretos oficiales de 1968”, para evitar que se utilice para impedir el acceso a documentación relevante.