La Unión Europea deberá renovar el hardware y amortizar activos, además de afrontar una reducción en la eficiencia y un retraso en la digitalización

La Unión Europea ha optado por avanzar en su estrategia para fortalecer la ciberseguridad del bloque, implementando la eliminación progresiva de equipos provenientes de proveedores chinos, conforme a las nuevas reglamentaciones en materia de ciberseguridad. Ante dicha decisión, Pekín ha advertido a los 27 estados miembros que esta acción podría implicar un costo superior a 367.800 millones de euros para la UE en el plazo de cinco años.
La alerta emitida por la Cámara de Comercio de China, que también señala a Alemania como la nación más afectada, debiendo asumir casi la mitad del impacto económico, llega tras la intención europea de retirar paulatinamente componentes y dispositivos de proveedores “de alto riesgo” en sectores clave, lo cual afecta especialmente a compañías chinas como Huawei.
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En detalle, un análisis elaborado por KPMG indica que la sustitución obligatoria de proveedores chinos en 18 sectores críticos acarrearía a la UE una inversión de 367.800 millones de euros entre 2026 y 2030. Esto se debe a que la Unión tendría que renovar el hardware y amortizar activos, además de enfrentar una reducción en la eficiencia y un retraso en el avance digital, conforme al informe.
Entre los sectores más impactados se encuentran el energético y el de telecomunicaciones. En lo que respecta al coste para los diferentes países miembro de la UE, seis estados tendrían que afrontar pérdidas superiores a 10.000 millones de euros: Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Países Bajos. En el caso de Alemania, el desembolso alcanzaría los 170.800 millones de euros.
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Desde China han solicitado a la Unión Europea eliminar de las normativas propuestas las cláusulas que identifican a los países “que generan inquietudes en materia de ciberseguridad” y el concepto de “alto riesgo”, advirtiendo al bloque europeo con contramedidas si no se implementan cambios significativos en dicha normativa, que actualmente está en su etapa inicial de desarrollo.
Bruselas aconseja excluir a Huawei y ZTE
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, enfatiza la importancia de respetar el derecho internacional y un orden fundado en reglas. Resalta que China es un interlocutor crucial para buscar soluciones diplomáticas que pongan fin al conflicto y aporten a la estabilidad y la paz global.
En esta línea, la Comisión Europea también recomendó a los estados miembros de la UE limitar el uso de fondos comunitarios para proyectos que involucren inversores procedentes de “proveedores de alto riesgo”, lo que, según la portavoz de Industria del Ejecutivo comunitario, Siobhan McGarry, podría ocasionar un apagón remoto en las redes eléctricas de un estado integrante de la UE.
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La portavoz indicó que esta medida forma parte de la estrategia de seguridad económica presentada en diciembre, en la que se señalaron varias áreas de riesgo prioritarias, entre ellas la protección de infraestructuras críticas. Concretamente, Bruselas ha centrado su atención en los inversores —dispositivos clave en instalaciones solares o eólicas—, debido a su función en la gestión del flujo eléctrico y su posible vulnerabilidad a ciberataques.
“Nuestras evaluaciones de riesgo han confirmado estas amenazas”, afirmaron fuentes de Bruselas, además de subrayar la necesidad de actuar de inmediato. Por ello, la Comisión ha optado por elaborar directrices para limitar el uso de fondos europeos, como paso previo a eventuales medidas más amplias dentro del marco de la futura legislación en ciberseguridad.
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Asimismo, la Comisión recordó que ya existen recomendaciones anteriores para excluir a proveedores considerados de riesgo, como Huawei o ZTE, de infraestructuras estratégicas en sectores como las telecomunicaciones, conforme a las preocupaciones de seguridad detectadas durante los últimos años. “Contamos con una recomendación para apartar a Huawei y ZTE de sus operadores de telecomunicaciones y de sus infraestructuras de conectividad”, añadió Thomas Regnier, portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica.

