Fuentes judiciales otorgan verosimilitud al testimonio del empresario y aseguran que, sin su colaboración, la investigación no habría logrado descubrir la verdadera magnitud que alcanzó la red criminal.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la participación del empresario Víctor de Aldama ha sido «fundamental» para esclarecer las actividades del grupo criminal que estableció su base en el Ministerio de Transportes, dirigido por el ex secretario de Organización del PSOE, el otrora influyente José Luis Ábalos.
Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO confirman la fiabilidad del testimonio ofrecido por Aldama durante la vista oral y aseguran que, sin la cooperación del empresario, los investigadores no habrían descubierto la verdadera envergadura alcanzada por la red criminal. De hecho, la confesión del comisionista fue decisiva para indagar los amaños en la adjudicación de grandes obras públicas (causa por la que terminó en prisión preventiva el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán).
Asimismo, el testimonio del empresario Víctor de Aldama y las pruebas presentadas en la pieza secreta sobre la presunta financiación irregular del PSOE están ayudando a la Audiencia Nacional a avanzar en la investigación, según ha podido saber este periódico.
En el caso Mascarillas, gracias a su colaboración, se ha podido establecer la función que desempeñaba cada integrante de la red criminal supuesta: Ábalos como el político influyente que facilitaba negocios; su exasesor Koldo García como responsable de gestionar las comisiones y sobornos del ministro; y Aldama como el «vínculo corruptor» que conectaba el Ministerio con numerosos empresarios. En su informe de conclusiones definitivas, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostendrá que la cooperación del comisionista fue clave y en ningún caso exculpatoria, ya que el acusado se ha autoimputado.
Respecto al testimonio ofrecido por Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo la semana pasada, el aspecto menos convincente para el fiscal es el relato sobre el rescate de Air Europa. El empresario negó que la familia Hidalgo hubiera entregado comisión alguna, ni en dinero ni en especie, relacionada con dicha operación. En relación a la estancia del exministro en un chalet de Marbella, Aldama afirmó que «no se trata de un pago adicional. Koldo lo costea con lo que yo le entrego. Hidalgo no aporta nada, ni siquiera se lo propuse. Me parecía una cuestión ética y moral revelar esto sin ningún tipo de comisión». En este punto, el Ministerio Público opina que Aldama no ha dicho toda la verdad y que «protege» a la familia Hidalgo.
En su escrito de conclusiones provisionales, Luzón solicitó que se le concediera la atenuante analógica por confesión conforme al artículo 21.4 del Código Penal, aclarando en la fase previa al juicio que pediría una reducción mayor de la pena dependiendo de su declaración. Aunque Aldama no se declaró culpable «antes de saber que el proceso judicial iba dirigido contra él», el fiscal considera que su colaboración temprana ha sido efectiva y beneficiosa. Se trata de una solicitud para un atenuante simple.
La decisión, de Peramato
La última palabra sobre si la atenuante debe considerarse muy cualificada —lo que implica una reducción automática de la pena en uno grado y hasta dos grados de manera potestativa— corresponderá a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, según afirman fuentes fiscales. Luzón opina que la contribución del empresario ha sido valiosa para la investigación, aunque en el Gobierno causó gran incomodidad que Aldama señalara al presidente Pedro Sánchez como el máximo responsable de la organización criminal.
Además, la legislación europea en materia penal ha evolucionado claramente hacia el reconocimiento a quienes deciden colaborar con la justicia.
El fiscal jefe de Anticorrupción solicitó inicialmente siete años de prisión para Aldama por un delito de organización criminal y otro continuado de cohecho. Igualmente, por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, el Ministerio Público pidió imponer una multa de 3.713.981 euros para el comisionista.
A pesar de las reiteradas afirmaciones, el empresario no ha firmado ningún acuerdo previo con la Fiscalía aunque sí espera que su cooperación sirva para que la acusación reduzca la pena solicitada. Su defensa sostiene que, aunque la posición de la fiscal general sea desfavorable para su cliente, en su informe el fiscal jefe Anticorrupción argumentará que Aldama merece la atenuante muy cualificada. Cabe destacar que los fiscales disponen de libertad de expresión en sus informes durante el juicio oral —aunque respeten las órdenes de sus superiores—.
En su escrito de acusación, Luzón destacó que dicha colaboración implicaba «declaraciones relevantes, veraces, acordes con las pruebas incorporadas al procedimiento y, desde luego, no exculpatorias, dado que Víctor Gonzalo de Aldama Delgado admite sin ambages su participación».
Cuando el fiscal presente sus conclusiones definitivas, pueden ocurrir tres escenarios: primero, que mantenga la atenuante simple —Luzón ya solicitó la pena mínima dentro de la mitad inferior para el empresario—; segundo, que pida una atenuante muy cualificada —permitiendo una reducción de hasta dos grados—; y tercero, que acepte la aplicación del artículo 570 quarter del Código Penal, mencionado por el abogado de Aldama en su escrito de defensa. Esta última opción permitiría reducir la pena por el delito de organización criminal en uno o dos grados solamente.
El juicio se reanudará este lunes con la declaración del exministro Ábalos. Además, se realizará la prueba documental y, si el tiempo lo permite, se expondrán las conclusiones definitivas de acusaciones y defensas, incluyendo la del Ministerio Fiscal.