Sus antecesores, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, intensificaron el uso partidista de la institución mediante múltiples maniobras al servicio de Moncloa.
A lo largo de la casi centenaria trayectoria de la Fiscalía General del Estado existen varios episodios de complicidad con el poder, pero solo desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo se observan los casos más evidentes, transformando esta institución en la más politizada del sector público. Ni en TVE ni en la agencia Efe se ha alcanzado semejante nivel de uso partidista y carencia de imparcialidad institucional, comparable únicamente al descrédito irreversible del CIS bajo Tezanos. La represalia llevada a cabo ayer por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, contra los detractores de su antecesor, el condenado Álvaro García Ortiz, junto con el ascenso de los afines al denominado Equipo Fortuny, constituyen solo los movimientos más recientes dentro de una extensa serie de maniobras al servicio de Moncloa que reflejan la visión patrimonialista del Estado promovida por el presidente del Gobierno durante seis años de mandato.
Pedro Sánchez ya dejó clara su postura en una reveladora entrevista en RNE: «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso». Esto ocurrió en noviembre de 2019, dos meses antes de que María José Segarra, una fiscal general poco alineada con las posiciones del Ejecutivo, fuera sustituida por Dolores Delgado tras el fracaso del Gobierno por lograr que Segarra obligara a los fiscales a presentar cargos por sedición en el juicio del procés.
Por el contrario, Delgado como ministra sí impuso el cambio de rebelión por sedición, entre otras muchas decisiones. Su transición directa de ministra de Justicia a fiscal general supuso el primer golpe a la autonomía de esta institución. Posteriormente, interfirió en casos como los de Trapero o Stampa, y aplicó una política sesgada de ascensos basada en criterios ajenos al mérito y capacidad, anulada en varias ocasiones por el Supremo.
Ella misma se situó en el centro de la controversia cuando, al abandonar su cargo en julio de 2022, fue automáticamente promovida por su discípulo García Ortiz a fiscal de Sala del Supremo, el nivel más alto al que podía aspirar, en vez de regresar a su puesto anterior. Esta promoción personalizada fue anulada por el TS al detectar una «desviación de poder». A pesar de ello, García Ortiz la nombró fiscal de Sala de Memoria Democrática y el TS volvió a revocar tal nombramiento.
El caso más grave, sin embargo, ha sido el de García Ortiz mismo, ejecutor leal de las órdenes de Delgado, quien terminó siendo el primer fiscal general condenado en la historia democrática española por revelación de secretos en la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Este veredicto posee una gran importancia histórica y política, pues confirma que un fiscal general se prestó a urdir una operación política que atropelló los derechos de un ciudadano por ser pareja de una adversaria.
García Ortiz, cesado en diciembre de 2025 tras la sentencia del Supremo, tampoco ha evitado dejar una huella política controvertida. Apodado Don Alvarone por sus opositores y declarado incompetente por el CGPJ, intentó impedir que el Consejo Fiscal se pronunciara sobre la Ley de Amnistía; trató de forzar a los fiscales del procés a emitir informes favorables para amnistiar al prófugo Puigdemont (ellos se negaron y los apartó del caso), y entró en conflicto con la Fiscalía Superior de Cataluña tras recurrir esta una aplicación de la amnistía, además de continuar con la política de nombramientos discrecionales iniciada por su predecesora.
García Ortiz dejó una Fiscalía dividida, desacreditada y con profundas fracturas internas. Su sucesora, Teresa Peramato, muy cercana a él y a Delgado, ha evidenciado con la purga realizada ayer —incluyendo el ascenso de la esposa del ex fiscal— que será complicado, tal como prometió, «cerrar las heridas abiertas». Todo ello, unido al uso de la Fiscalía como herramienta en causas judiciales contra el hermano y la esposa de Pedro Sánchez, y acompañado por una persistente campaña que menosprecia a jueces y medios independientes, revela la degradación institucional a la que el Gobierno está conduciendo el Estado de Derecho.