La plataforma, compuesta por más de 60 organizaciones juveniles, alerta sobre una división que debería «superar cualquier interés partidista» que ponga en riesgo la democracia
El Consejo de la Juventud ha hecho pública hoy una carta abierta dirigida a las diputadas y diputados del Congreso, en la que los representantes juveniles reprochan a los parlamentarios su rechazo a la extensión de los contratos de alquiler.
«Se vive en un país donde resulta más sencillo adquirir edificios con vecinos dentro a manos de un fondo buitre que obtener una vivienda siendo una persona particular», han denunciado, señalando que «con decisiones como la adoptada ayer, la democracia está en juego».
Desde esta plataforma, integrada por más de 60 entidades juveniles, han alertado sobre la relevancia de la resolución tomada ayer en el Congreso de los Diputados, incluso advirtiendo sobre las posibles repercusiones.
«La magnitud de este problema provoca efectos que superan lo meramente individual. Cuando el acceso a derechos esenciales se vuelve inaccesible para una parte considerable de la población, la percepción de justicia se deteriora y, con ella, la confianza en las instituciones«, indicaron en su misiva.
En su comunicado, destacaron también que se está produciendo «una fractura social cuya reparación debería estar por encima de cualquier interés partidista«.
La vivienda, núcleo de desigualdad y precariedad
Insisten en que la crisis del acceso a la vivienda no se puede interpretar como un problema aislado, sino como un factor estructural que condiciona diferentes áreas de la vida. Por ello, han resaltado que no solo se trata de una dificultad para encontrar un hogar, sino que afecta directamente a la estabilidad laboral, la salud mental y la capacidad para desarrollar proyectos vitales, además de limitar la posibilidad de acumular patrimonio.
En este sentido, advierten que esta problemática contribuye a incrementar las desigualdades sociales, afectando principalmente a una generación que, pese a cumplir con sus trayectorias formativas y laborales previstas, no consigue alcanzar condiciones básicas de autonomía. «La juventud está sufriendo la cronificación de un tipo de precariedad«, apuntan.
El texto también cuestiona el papel del mercado y el modelo habitacional vigente, criticando que durante años se haya permitido un desplazamiento progresivo de la función social de la vivienda hacia una lógica de inversión. Según la organización, este planteamiento ha fomentado dinámicas que dificultan aún más el acceso, en lugar de garantizar el derecho consagrado en la Constitución.
Finalmente, apelan directamente a la responsabilidad de los representantes públicos, recordando que decisiones como la votación de ayer no constituyen simples trámites técnicos, sino que determinan el acceso a derechos fundamentales.
«No tomar medidas tiene consecuencias cruciales para la ciudadanía, para la juventud del presente y del futuro», concluyen, reprochando que el Congreso «tuvo la oportunidad» de situar la vivienda en el centro, pero, sin embargo, «no la cumplió».