La presencia del empresario en transacciones con Ábalos y su diálogo con altos cargos del Gobierno y la Guardia Civil refutan la idea de que sea un gran impostor
«Se cree que es James Bond, pero más se asemeja al Pequeño Nicolás, segunda parte; sólo le faltó afirmar que era agente de la TIA», declaró el Gobierno sobre Víctor de Aldama tras su primera declaración ante la Justicia en noviembre de 2024. En aquella ocasión, el Ejecutivo lanzó una campaña política y mediática para desacreditar al empresario, respaldo que recibió del propio presidente, que calificó todo su testimonio como una «menuda inventada».
Aldama desafió a Pedro Sánchez de un modo nunca visto antes por un investigado en un caso de corrupción frente a un jefe de Gobierno. Aseguró que no se preocupara, que si quería pruebas, las tendría, y comenzó a materializar su advertencia, desatando así un cruento enfrentamiento entre la versión del Ejecutivo y la suya propia.
Tras ingresar en prisión por el caso Hidrocarburos, Aldama salió en libertad bajo un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, pactado al margen del entonces fiscal general, quien se oponía a su excarcelación. Esta libertad provocó una fractura entre el Ejecutivo, que continuaba considerando al investigado un farsante, y un Ministerio Público que decidió confiar en la veracidad del testimonio que implicaba directamente al presidente en el conocimiento de las prácticas corruptas llevadas a cabo por su mano derecha en el partido y su hombre fuerte en el Gobierno.
El intento por desacreditarlo se basó inicialmente en una afirmación realizada por Aldama en la Audiencia Nacional, donde recordó haber sido un colaborador cercano de la Guardia Civil que lo detuvo e incluso tener relación con responsables de la Inteligencia de Estados Unidos.
EL MUNDO difundió pocas horas después el vídeo de la ceremonia en la que la Unidad Antiterrorista del Instituto Armado le otorgó la Orden del Mérito de la Guardia Civil, destacando sus «profundos valores» y sus «tributos» realizados «de forma altruista» en favor de «los intereses de España».
De forma interna, la UCE-2 justificó dicha condecoración señalando que Aldama facilitó a los agentes, entre otros aspectos, el «acceso» a la «cúpula de Huawei, de Globalia y de Correos» para llevar a cabo diversas pesquisas. Además, se vio en la necesidad de reconocer, a la luz de las imágenes publicadas por este diario, que el empresario costeó personalmente monterías para agasajar a la elite de la CIA y el FBI en España.
Una vez demostrada su estrecha vinculación con las Fuerzas de Seguridad del Estado, la ofensiva gubernamental se dirigió contra las acusaciones autoincriminatorias que lanzó contra destacados miembros del Gobierno socialista. Su cercanía a Sánchez, negada rotundamente por el líder del PSOE, quedó revelada por la fotografía presentada por este periódico, captada por Koldo García durante el mitin celebrado en 2019 en el Teatro La Latina. En ese momento, el partido respondió equiparando la imagen con cualquier selfie que un ciudadano pudiera tomarse con un dirigente en la vía pública.
Sin embargo, la situación se complicó cuando se profundizó en las operaciones realizadas con el ex ministro José Luis Ábalos y la coincidencia entre la acusación de Aldama sobre la entrega de hasta 4 millones en efectivo y la constatación por parte de la UCO de que manejaba habitualmente dinero en efectivo sin justificar. Pero, sobre todo, al escuchar los audios grabados por Koldo García en los que todos los investigados discutían el reparto de los fondos.
Hace año y medio, Aldama relató, y ahora confirma con más detalles, que se amañaban concursos en Transportes a cambio de comisiones y presentó listados con anotaciones manuscritas por el ex asesor de Ábalos.
Aunque Koldo negó ser el autor de esos documentos, un peritaje desacreditó rápidamente esa coartada, que también fue desmontada por las horas de grabaciones hechas por él mismo, en las que llegó a prometer a Ábalos, ambos ya apartados del ministerio, la adjudicación de un contrato de Adif, evidentemente manipulado, para que ambos pudieran retirarse satisfechos y que, según palabras textuales de Koldo, sólo quedara «llevarle el ataúd -a Ábalos- cuando muriera».
También se consideró una falsedad mayúscula que Cerdán, quien asumió tras la caída de Ábalos la secretaría de Organización del partido, pudiera estar involucrado en corrupción. El empresario explicó cómo Cerdán administraba un «cupo vasco» para amañar licitaciones en el norte de España y cobraba en efectivo en un bar frente a Ferraz.
Lo que había sido considerado una nueva «inventada» se confirmó cuando la UCO comprobó que Cerdán era simultáneamente mano derecha del presidente y constructor a cambio de sobornos.
Aldama sacó a la luz un contrato de alquiler con opción de compra sobre un piso de lujo en La Castellana con firmas de Ábalos para adquirirlo a precio bajo, además de numerosos mensajes con Koldo en los que presionaba a ministros y presidentes autonómicos para comprar material sanitario a Aldama.
Sin embargo, aún quedaba otro desacierto gubernamental más. Hace pocos días, María Jesús Montero negó la credibilidad de Aldama cuando afirmó que pujó por la sede central de la Sepi. No obstante, el empresario presentó una oferta escrita por 250 millones con sello de la Sepi. Y, ante esto, Montero guardó silencio.