Las autoridades no tienen detalles claros sobre el plan de Illa para desplegar policías en colegios con el objetivo de prevenir conflictos

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, participa en un desayuno organizado por Europa Press, Las claves

El Ejecutivo central, representado por la ministra de Educación Milagros Tolón, declara no disponer de información precisa acerca del plan piloto de la Generalitat para introducir policías sin uniforme ni armas en 13 centros escolares de Cataluña.

El proyecto de la Generalitat contempla la actuación de los Mossos como «agentes de convivencia», sin un despacho específico ni presencia permanente en los colegios, enfocados en mediación y prevención de conflictos.

Tolón informó además de que el Gobierno está elaborando un real decreto para reforzar los requisitos de apertura de centros privados de Formación Profesional, exigiendo un mayor número de ciclos formativos, personal docente suficiente y la obligatoriedad de enseñanza presencial.

El crecimiento de la FP privada en España ha sido significativo, con un aumento del 467% en la matrícula desde 2013, destacando especialmente la modalidad online.

Rechazo a pronunciarse por parte de la ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, respecto a uno de los asuntos educativos más controvertidos en semanas recientes: la presencia policial en colegios catalanes.

La responsable del ministerio evitó manifestarse sobre el proyecto piloto promovido por el Govern de Salvador Illa para incluir agentes de los Mossos d’Esquadra en escuelas catalanas.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, la ministra declaró desconocer los detalles específicos del plan y instó a la Generalitat a aclarar su mecanismo tras la controversia surgida en días recientes.

«No he revisado las especificaciones y prefiero abstenerme de opinar. Es responsabilidad de la Generalitat explicar el plan», sostuvo Tolón. Añadió que se trata de «un programa piloto» que abarca «13 centros de un total de 3.000» y enfatizó que «corresponde a la Generalitat detallarlo para su comprensión».

Esta iniciativa, desarrollada conjuntamente por las consejerías de Educación e Interior del Govern catalán, contempla la presencia de agentes de civil y sin armas en varias escuelas para desempeñar funciones de «prevención y mediación».

La medida ha suscitado críticas y confusión en la comunidad educativa y sectores políticos, forzando a la Conselleria de Educació a explicar públicamente el alcance del programa varios días después de su anuncio.

De acuerdo con el plan presentado por el Ejecutivo catalán, los Mossos actuarán como «agentes de convivencia» coordinados con las direcciones de los centros. No dispondrán de despacho propio, no ingresarán en las aulas ni estarán presentes de forma continua durante toda la jornada escolar. Su intervención dependerá de las necesidades específicas de cada colegio o instituto.

La Generalitat sostiene que la iniciativa representa una evolución de los denominados «agentes tutores», ya existentes en algunos centros catalanes, con un enfoque más preventivo. La intención es que los agentes conozcan el funcionamiento diario de los colegios y puedan intervenir en actividades de mediación, acompañamiento y sensibilización relacionadas con la convivencia escolar.

Requisitos de la FP privada

En el mismo evento, Tolón anunció que el Gobierno trabaja en un nuevo real decreto destinado a reforzar las condiciones para la apertura de centros privados de Formación Profesional. Según explicó, los nuevos establecimientos deberán disponer de un número mínimo de ciclos formativos, profesorado suficiente y una proporción de enseñanza presencial obligatoria, incluso en formación online.

La reforma pretende frenar la proliferación de «centros que solo otorgan certificados», en línea con el anuncio hecho por el presidente Pedro Sánchez en febrero pasado. El Ministerio planea iniciar el trámite del decreto en julio, aunque Tolón no especificó aún las exigencias mínimas que deberán cumplir estos centros.

«No estamos en contra de la privada, sino en contra de centros que no ofrecen calidad académica a los estudiantes ni garantizan salidas laborales», puntualizó la ministra. «Existen centros que imparten clases en garajes o locales inapropiados y otros ofrecen ciclos de la rama sanitaria en línea sin ninguna hora de prácticas en laboratorio», añadió.

El anuncio coincide con el notable auge de la FP privada en España. Según datos de CaixaBank Dualiza y Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, el alumnado matriculado en centros privados no concertados ha aumentado un 467% desde el curso 2013-2014, pasando de alrededor de 40.000 estudiantes a más de 226.000. Este crecimiento ha sido impulsado especialmente por la modalidad online.

Al ser consultada sobre las críticas de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que denuncian quedar fuera de la reforma, la ministra indicó que el Gobierno estudiará una regulación específica, aunque recordó que las comunidades autónomas ya poseen competencias para reducir ratios «desde ahora».

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