La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, declara que el impulso a las pensiones complementarias privadas no debe realizarse a expensas del sistema público y que rechazará cualquier reforma que lo comprometa
La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, emitió este jueves una advertencia firme desde Bruselas: la promoción de las pensiones complementarias privadas no debe comprometer la solvencia del sistema público. La intervención se produjo durante la sesión plenaria del Comité Económico y Social Europeo, que debatía el nuevo paquete de reformas promovido por la Comisión Europea.
En su discurso, la ministra destacó que la transición hacia soluciones individuales implica riesgos significativos para la población. “Cuando los sistemas de pensiones están demasiado orientados hacia lo privado, los riesgos recaen directamente sobre las personas”, señaló, según declaraciones recogidas por Efe, marcando una distancia clara con la estrategia que Bruselas pretende implementar a medio plazo.
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El debate a nivel europeo se centra en una propuesta que busca fortalecer el papel del ahorro privado en la jubilación, en un contexto marcado por el envejecimiento demográfico y la presión financiera sobre las arcas públicas. No obstante, España forma parte de los países que solicitan prudencia ante un posible cambio que podría desequilibrar el modelo social vigente.
La disputa europea por el futuro de las pensiones
Un aspecto clave del plan de la Unión es ampliar la posibilidad de que los fondos de pensiones laborales incrementen su inversión en los mercados bursátiles, hasta un máximo del 70% de sus carteras. A su vez, Bruselas intenta revitalizar el producto paneuropeo de pensiones individuales, conocido como PEPP, que hasta ahora no ha conseguido ganar tracción tras su lanzamiento.
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La comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, defendió esta iniciativa arguyendo que los productos de ahorro deben preservar el poder adquisitivo a largo plazo. Según indicó, sin esta garantía, las pensiones perderán su valor real con el paso del tiempo.
Otro elemento que suscita controversia es la propuesta de inscripción automática de los trabajadores en planes complementarios, una práctica que ya funciona en algunos estados del norte de Europa pero que genera incertidumbre en economías con menor tradición en este tipo de esquemas.
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El Pleno del Congreso, con el apoyo de PP, Vox y Junts, derogó este martes el decreto ley conocido como 'escudo social', que contemplaba la revalorización de las pensiones y prohibía los desalojos y los cortes de suministro de agua y luz a personas en situación vulnerable. (Fuente: Europa Press/Congreso)
Un modelo heterogéneo en Europa
El desarrollo de las pensiones complementarias varía considerablemente dentro de la Unión Europea. En países como Países Bajos o Dinamarca, los fondos ocupacionales —financiados conjuntamente por empresas y trabajadores— tienen un papel destacado en el sistema de protección social.
Sin embargo, en las regiones del sur y este del continente, estos sistemas están apenas implantados. En España, por ejemplo, su desarrollo ronda el 2%, muy por debajo de los niveles observados en los países nórdicos, aunque el sistema público presenta una tasa de sustitución relativamente alta.
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Esta disparidad alimenta el debate sobre si el modelo comunitario debe tender a una mayor uniformidad o preservar las características propias de cada estado. Según el Gobierno español, el equilibrio actual no debería alterarse sin un estudio profundo sobre sus posibles repercusiones.
El fracaso del modelo paneuropeo
Uno de los argumentos que respaldan la postura crítica es el escaso éxito del producto paneuropeo de pensiones individuales. Según el Tribunal de Cuentas Europeo, el PEPP no ha conseguido afianzarse como una alternativa real de ahorro desde su creación en 2019.
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El tribunal atribuye este fracaso a diversos motivos, entre ellos la carencia de incentivos fiscales, el límite máximo de costes del 1% y la competencia de productos nacionales más competitivos. Estos factores han mermado el interés tanto de las entidades financieras como de los usuarios potenciales.
No obstante, la Comisión Europea continúa apostando por reactivar este instrumento como parte de su estrategia para canalizar el ahorro hacia inversiones productivas, como infraestructuras, transición energética y proyectos de innovación.
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Críticas al enfoque de Bruselas
Las dudas no se limitan exclusivamente al Gobierno español. Desde el propio Comité Económico y Social Europeo han surgido críticas hacia el planteamiento de la Comisión. María del Carmen Barrera Chamorro, representante del grupo de los trabajadores, denunció que la propuesta carece de una evaluación social adecuada.
Considera que el enfoque comunitario es demasiado económico y no contempla el verdadero impacto que tiene sobre los ciudadanos. “No es posible analizar el sistema de pensiones sólo desde la óptica de la rentabilidad financiera”, afirmó Barrera durante el debate.
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El propio CESE aprobó un dictamen —aunque no vinculante— en el que advierte que el desarrollo intensivo de sistemas complementarios ha ido acompañado, en numerosos países, de un debilitamiento de las pensiones públicas.
Lecciones de la crisis y defensa del modelo español
Otro argumento que se expuso en el debate es la experiencia durante la crisis financiera, cuando múltiples planes privados sufrieron rentabilidades negativas durante varios años. En algunos casos, los ahorradores perdieron gran parte de sus fondos, lo que generó una sensación de desconfianza duradera.
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Frente a este contexto, Elma Saiz defendió el modelo español como un referente dentro de Europa. Indicó que el desarrollo de los planes de empleo en España ha sido fruto del diálogo social y la negociación colectiva, lo que ha facilitado un crecimiento más sostenible.
La ministra enfatizó que la protección del sistema público es tanto una cuestión económica como social. “Salvaguardar las pensiones públicas es proteger el modelo social europeo”, concluyó, dejando patente que España continuará rechazando cualquier reforma que ponga en peligro este pilar fundamental del Estado del bienestar.