Pedro Sánchez enfrenta la fractura de su legislatura por la pérdida de apoyo de sus socios ante escándalos de corrupción y presiones económicas

Pedro Sánchez durante su intervención en el Bloomberg CityLab 2026, celebrado este martes en el Teatro Real de Madrid. Las claves

El Congreso vetó el decreto para extender los alquileres, evidenciando la división entre los aliados de Pedro Sánchez y complicando la aprobación de iniciativas esenciales para el Gobierno.

PNV y Junts manifestaron su malestar con Moncloa, poniendo en duda la continuidad de la legislatura y cuestionando la factibilidad de aprobar nuevos Presupuestos.

Las perspectivas económicas empeoran debido a la guerra en Irán, con una inflación creciente y el peor dato laboral en 13 años, mientras el Ejecutivo carece de mayoría para aprobar reformas significativas.

El Gobierno también afronta el juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García por presunta corrupción, y María Jesús Montero podría sufrir un revés electoral en Andalucía el 17 de mayo.

Cuando la agenda está dominada por la política exterior, a Pedro Sánchez le favorece y, precisamente por eso, aprovecha esa dinámica internacional para adelantarse a la oposición.

El reto para el presidente surge cuando debe enfrentar la compleja realidad interna, especialmente en lo referente a su escasez de apoyos en el Congreso.

En esas circunstancias, la legislatura exhibe mayores fisuras y se hacen evidentes las dificultades del Gobierno para sacar adelante sus propuestas. Este martes ha sido una jornada especialmente complicada para el Ejecutivo en el plano interno, marcada por una serie de malas noticias y perspectivas negativas.

No obstante, fuentes oficiales de Moncloa destacaron la firme voluntad del presidente del Gobierno de sostener la legislatura hasta 2027. En concreto, hasta julio, fecha que Sánchez maneja en sus reuniones internas.

Este martes, el Congreso rechazó el decreto para prolongar los alquileres, impulsado por Sumar mediante un gesto inusual que provocó el retraso del Consejo de Ministros.

Por otro lado, los aliados del Gobierno se cruzaron reproches por el fracaso negociador; PNV y Junts exteriorizaron su descontento con Moncloa y plantearon la conveniencia de convocar ya elecciones; el Ejecutivo anunció que no garantizará la presentación de Presupuestos en 2026 y Economía alertó sobre el impacto de la guerra de Irán; todo esto a horas de la declaración ante el Supremo de José Luis Ábalos y Koldo García.

Para colmo, siguen surgiendo indicios de que María Jesús Montero sufrirá una derrota en Andalucía el próximo 17 de mayo.

Lo único que alivia al Gobierno es la vista oral en la Audiencia Nacional por el caso Kitchen, relacionado directamente con el Gobierno de Mariano Rajoy, que investiga presuntas operaciones ilegales de miembros de las Fuerzas de Seguridad para eliminar pruebas sobre la financiación ilícita del PP.

En el Parlamento, todo se resume en una mayoría conservadora frente a un Ejecutivo progresista, razón por la cual no se valida el decreto aprobado en un controvertido Consejo de Ministros e impuesto por Sumar para frenar la subida de los alquileres.

Queda claro que Sánchez no puede aprobar las medidas que desearía para afrontar problemáticas como la vivienda o la crisis generada por la guerra.

Sólo está en condiciones de dictar disposiciones que no requieran pasar por el Parlamento o que sean aceptadas por la derecha. Por eso, las iniciativas no pueden incluir la «intervención del mercado» ni modificaciones fiscales.

Esto limita notablemente al Gobierno en una democracia parlamentaria y, de hecho, los proyectos legislativos se bloquean desde hace tiempo en la Cámara.

Así lo afirmó hace una semana la portavoz de Junts, Míriam Nogueras: «Solo votamos admisiones a trámite, no leyes completas». El Gobierno presume de leyes aprobadas, pero omite que muchas más se estancan.

Nogueras ya cuestionó la semana pasada en el Congreso a Sánchez sobre los motivos para mantener la legislatura y este miércoles la portavoz del PNV, Isabel Vaquero, le preguntará en la sesión de control «¿cuáles son sus prioridades y cómo planea abordarlas con esta aritmética parlamentaria?».

El PNV está irritado con el Gobierno y, como añadidura, su líder, Aitor Esteban, canceló una reunión pactada con el Ejecutivo para este miércoles debido a un meme sobre él difundido por el PSE. El incidente también afecta al gobierno de coalición del País Vasco entre PNV y PSE.

Asimismo, Esteban publicó en redes un mensaje sobre la huelga médica en el que afirmó: «Si Mónica García no logra solucionar el conflicto médico, Sánchez debería cesarla. No podemos continuar así. Llevan dos años y 30 reuniones discutiendo, sin avances».

Sumar, sin un líder visible a futuro, resulta debilitado en esta disputa, aunque sostiene haber forzado al PSOE a debatir sobre los alquileres.

Sin embargo, no logró sacar adelante su decreto, al igual que fracasa con la reducción de jornada o el control de horarios laborales, entre otras propuestas. Sumar reprocha al PSOE su desentendimiento en la negociación y los socialistas responden que Yolanda Díaz llamó «clasistas y racistas» a Junts mientras solicitaba su voto, además de destacar que los partidarios de Carles Puigdemont ni siquiera atienden sus llamadas para negociar.

En este contexto, el ejemplo más claro de debilidad es lo que sucede con los Presupuestos Generales del Estado, que no se aprueban desde 2022.

Desde entonces, el Ejecutivo había afirmado reiteradamente que presentaría las cuentas como exige la Constitución, incluso en caso de rechazo, como Sánchez declaró solemnemente en varias ocasiones. Ahora, ha vuelto a poner en duda ese compromiso.

Concretamente, tras las declaraciones de ministros y presidente sobre la presentación de las cuentas, este martes inició un cambio de rumbo. Tanto el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, como el ministro de Hacienda, Arcadi España, sugirieron que quizás no presentarán las cuentas de 2026.

De hecho, han postergado decisiones previas como el cuadro macroeconómico o el techo de gasto, hasta el punto de que se podrían presentar junto con las de 2027, que están previstas para antes de octubre. Fuentes de Moncloa reconocen que en este momento no tendría sentido presentar y negociar dos Presupuestos en meses consecutivos, señalando que, como mínimo, habrá que esperar hasta otoño. Si acaso se presentan entonces y no se completa toda una legislatura sin proyecto de cuentas del Estado.

Ahora se utiliza la guerra en Irán como pretexto. Durante los últimos tres años ni siquiera se buscaban excusas, solo el paso del tiempo.

Lo que no hacen es admitir de forma pública y oficial que eluden cumplir la obligación constitucional de presentar las cuentas anuales, permitiendo así gestionar toda una legislatura sin presupuesto.

El relato gubernamental se basa en gran medida en datos macroeconómicos favorables, pero el conflicto en Irán ha puesto en riesgo esa estabilidad. De hecho, Cuerpo anunció que mantienen la previsión del PIB en 2,2% pero que la inflación llegará al 3,1% tras la peor cifra de empleo en 13 años.

Moncloa teme que el conflicto y la tensión en Oriente Medio se prolonguen, lo que provocaría graves consecuencias económicas. Además, como se mencionó, carece de mayoría para aprobar las medidas necesarias para mitigarlo.

Por otro lado, el Gobierno observa el juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García, donde se habla del descontrol en el ministerio y el PSOE. Desde Moncloa insisten en que, aunque haya condena contra quien fue la mano derecha de Sánchez, el presidente no tomará decisiones como dimitir o convocar elecciones.

En Moncloa consideran probable que se dicte condena, pero sostienen que las responsabilidades políticas ya fueron asumidas.

Finalmente, el 17 de mayo, Montero lucha por evitar que el PSOE sufra su peor resultado electoral en Andalucía, mientras se da por seguro que el PP gobernará, con mayoría absoluta o mediante pacto con Vox.

Scroll al inicio