Informe pericial de Begoña ante el juez Peinado confirma que el ‘software’ aportó beneficio a la UCM y no causó perjuicios

Joaquín Goyache, rector de la UCM, y Begoña Gómez en un acto. Las claves

Un informe pericial, aportado por la defensa de Begoña Gómez, descarta que la UCM haya sufrido un daño económico a causa del desarrollo del ‘software’ para la cátedra que ella dirigía.

Según el perito, en lugar de una pérdida, la UCM obtuvo un excedente gracias a las contribuciones de patrocinadores privados que superaron los gastos incurridos.

Los recursos destinados al desarrollo del ‘software’ procedieron íntegramente de patrocinadores y se ejecutaron conforme a la normativa presupuestaria y de contratación pública.

El informe subraya que, si la UCM no hubiese realizado el desarrollo del software, habría estado obligada a devolver la financiación recibida, lo que refuerza la inexistencia de perjuicio.

Un dictamen pericial presentado por la defensa de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado niega la existencia de perjuicio económico en la Universidad Complutense de Madrid, que la institución cuantifica en 113.000 euros, por el desarrollo de un ‘software’ para la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigió la esposa de Sánchez.

El informe, elaborado por el profesor titular de Derecho financiero y tributario Jesús Rodríguez Márquez, quien es actualmente presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente, sostiene que «no se ha producido el daño alegado por la Universidad; al contrario, los números proporcionados por ésta reflejan un superávit a favor de la entidad pública«.

La UCM suscribió con Reale Seguros y la Fundación La Caixa un convenio para la creación de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, dirigida por la esposa de Pedro Sánchez hasta septiembre de 2024.

Posteriormente, otras entidades se sumaron al convenio, unas aportando fondos adicionales (por ejemplo, Numintec Comunicaciones), otras contribuyendo en especie (de este modo, Indra se encargó del desarrollo tecnológico de la plataforma de ‘software’) y otras, como la Fundación Once, colaboraron con su experiencia y conocimientos.

Reale Seguros realizó una contribución única de 60.000 euros. Fundación La Caixa aportó 15.000 euros anuales entre 2020 y 2023. Human Age Institute, 10.000 euros; Numintec Comunicaciones, 6.000 euros.

Según el convenio, el 90% de esos fondos se destina a las actividades propias de la cátedra extraordinaria, un 5% a los servicios centrales de la UCM y el 5% restante al centro gestor de la universidad.

El acuerdo contemplaba la creación de una herramienta digital para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de que pudieran planificar la implementación de sus metas de desarrollo sostenible y evaluar el impacto de las medidas adoptadas.

Para esta finalidad, la UCM firmó un contrato de patrocinio con Google, que aportó 40.000 euros para la plataforma digital denominada Transforma TSC.

Dado que la contribución de Google se integró en el presupuesto de la UCM para la cátedra extraordinaria, los recursos totales ascendieron a 176.000 euros, de los cuales 158.400 euros (90%) se destinaron a las actividades y desarrollo del software de la cátedra, mientras que 17.600 euros (10%) cubrieron gastos de personal y gestión de la UCM.

El cálculo de la UCM

El dictamen indica que la UCM evaluó en 113.000 euros los perjuicios sufridos, realizando un cálculo de «su parte» en cada uno de los servicios universitarios implicados en la gestión de la cátedra.

Esta suma resulta de la adición de dos partidas principales. Por una parte, las cantidades destinadas al desarrollo del ‘software’, derivadas de varios contratos menores firmados con Making Science Group por 24.200 euros; Deloitte Consulting por 18.148,79 euros; Deloitte por 60.500 euros y otros contratos exentos de supervisión previa por 5.917 euros. Esta partida totaliza 108.765,79 euros.

Por otra parte, incluye los costes de personal y dirección asignados por la UCM al desarrollo y adaptación del ‘software’, asignando horas y personal a distintas tareas realizadas.

«No existe justificación adicional sobre por qué, por ejemplo, el gerente de la Escuela de Gobierno emplea tres horas en emitir un informe sobre un contrato menor. Es decir, la asignación de horas y personal se realiza de forma global y sin justificación adicional», señala el dictamen.

El coste total de personal sumado por todos los servicios, calculado de esta manera, asciende a 4.743,53 euros.

Sin irregularidades

El autor del informe aclara que desea «dejar patente la ausencia de cualquier irregularidad en el manejo de los fondos públicos asignados a la cátedra y, en particular, a la creación del ‘software'».

«Todo lo invertido por la UCM en el desarrollo del ‘software’ se ejecutó con estricto respeto a la normativa presupuestaria y de contratación pública», enfatiza al respecto.

Destaca además que los gastos vinculados a la cátedra «no fueron financiados con fondos diferentes a los proporcionados por los patrocinadores».

Resalta que «el gasto se ejecutó siguiendo estrictamente tanto la normativa presupuestaria y de contratación general como la propia de la UCM».

Dado el carácter específico de los ingresos, únicamente podían utilizarse para financiar las actividades ordinarias de la cátedra en un 90%, y los gastos indirectos en un 10%.

«Por el contrario, si no se hubieran realizado las actividades propias de la cátedra, incluyendo la elaboración del ‘software’, la UCM estaría obligada a devolver la financiación recibida, puesto que no puede destinarse a otros fines», afirma.

«Ningún perjuicio»

Para el perito, incluso si se hubiera producido una apropiación indebida del ‘software’, la UCM no habría sufrido perjuicio alguno por el gasto derivado de la contratación de los servicios necesarios para elaborar la plataforma, que suma 108.765,79 euros.

Y ello porque, según el convenio, era obligatorio desarrollar ese ‘software’ durante los dos primeros años de la cátedra; esos 108.765,79 euros «han sido proporcionados por las entidades privadas patrocinadoras» y, si no se hubiese aplicado a este fin, «se habría incumplido el convenio, obligando a la UCM a devolver la financiación recibida».

«Cabe recordar que la financiación destinada a esta finalidad asciende a 158.400 euros, cantidad considerablemente superior a la consignada como gasto por la UCM», subraya.

En cuanto a los gastos de personal que la UCM también contabiliza como perjuicio por 4.743,53 euros, el informe indica que el convenio «establecía que estos gastos deberían sufragarse con la financiación aportada por los patrocinadores».

«En esta sección específica, además, existe un superávit a favor de la UCM, ya que los fondos asignados a estos costes indirectos alcanzaron 17.600 euros, mientras que los gastos reales certificados por la UCM suman 4.743,53 euros. Por lo tanto, en este ámbito, no solo no hubo pérdida, sino que hubo un beneficio derivado de la ejecución del convenio y la creación de la plataforma de ‘software'», afirma.

A juicio del perito, la valoración realizada por la UCM es «incorrecta», puesto que «no se le ha causado daño alguno o, en todo caso, el hipotético perjuicio no puede consistir en las cantidades destinadas a la elaboración de la plataforma como herramienta propia de la cátedra».

«Nunca puede suponer un detrimento para la UCM utilizar fondos proporcionados por terceros, en los fines previstos en el convenio suscrito con aquellos», explica.

La UCM «recibió de empresas privadas 158.400 euros para las actividades de la cátedra, incluyendo la creación del ‘software’. La evaluación de la universidad indica que, de esos 158.400 euros, 108.765,79 fueron aplicados para el fin previsto», añade.

Además, la UCM «obtuvo de esas mismas entidades privadas 17.600 euros para cubrir gastos de personal y dirección relacionados con la cátedra». Y según el cálculo universitario, el gasto real en estos conceptos fue de 4.743,53 euros, «por lo que ha generado un superávit de 12.856,47 euros«.

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