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- Título del autor, Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia
- 27 abril 2026Actualizado 28 abril 2026
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Previo al ataque que causó al menos 20 decesos en el suroeste colombiano el pasado sábado, alias Marlon ya estaba identificado como líder de una de las estructuras guerrilleras con mayor capacidad para causar daño en la nación.
Actualmente, la recompensa por cualquier dato que conduzca a su ubicación asciende a 5.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a cerca de US$1,4 millones.
El presidente Gustavo Petro responsabiliza a este guerrillero por el ataque más letal entre las decenas registradas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca en los últimos días.
El atentado tuvo lugar en un tramo de la Vía Panamericana, entre las ciudades de Cali y Popayán, carretera que conecta gran parte del continente.
Un cilindro con explosivos estalló en la autopista, provocando la muerte de 15 mujeres y 5 hombres, además de dejar numerosos heridos.
Los vehículos en las inmediaciones quedaron completamente destruidos; la explosión generó un cráter amplio en el pavimento. Imágenes de cuerpos cubiertos con sábanas circularon en redes sociales.
«Los que perpetraron el atentado y causaron esas muertes… son terroristas, fascistas y narcotraficantes. Su líder es alias Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar», declaró Petro en X.
Colombia se encuentra a poco más de un mes de realizar las elecciones presidenciales.
Expertos consultados por BBC Mundo consideran que las acciones atribuidas a «Marlon» evidencian un «claro interés» de grupos armados para generar caos y desestabilización.
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Líder disidente
El verdadero nombre del guerrillero es Iván Jacobo Idrobo Arredondo, comandante de la estructura Jaime Martínez, que forma parte del Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las FARC fueron el grupo guerrillero más antiguo y grande del país. En 2016, numerosos integrantes firmaron un acuerdo de paz con el gobierno y se desmovilizaron.
Sin embargo, otros combatientes contrariados continuaron armados, manteniendo su lucha, que ahora incluye actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, extorsión y control territorial.
Idrobo Arredondo rechazó el proceso de paz.
«En 2013, mientras aún formaba parte de las FARC originales, fue capturado en una emboscada policial. También se le acusa del asesinato de un periodista», explicó a BBC Mundo Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El analista mencionó que «Marlon» fue incluido en el proceso de paz y liberado en 2017 con la condición de participar en él.
«Pero a finales de 2017 se desplazó al Cauca, se incorporó a otra estructura y retomó sus actividades armadas. Es un firmante de paz que volvió a tomar las armas», recordó Arias.
Tras la muerte de su superior en 2022, asumió el mando como comandante principal de la Jaime Martínez.
Según el investigador, se le considera «el impulsor de numerosos ataques contra la fuerza pública». Controla a más de 500 combatientes.
El Ministerio de Defensa también lo vincula con «terrorismo, reclutamiento de menores, secuestro, narcotráfico, homicidio y extorsión».
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, minimiza su figura.
«Es relevante que sea el líder, pero en estos grupos los cabecillas no tienen tanta importancia. Si capturas a uno, surgen dos, tres o cuatro más. La recomposición de la violencia es muy compleja», analizó Bonilla para BBC Mundo.
El aumento de las disidencias de las Farc
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El EMC, la estructura a la que pertenece la comandada por «Marlon», está dirigida por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias «Iván Mordisco».
Mordisco figura entre los hombres más buscados del país. Una fuente judicial confidencial informó a BBC Mundo que es uno de los objetivos principales del gobierno de Petro para capturar o neutralizar, con el fin de debilitar a los grupos armados y forzarlos a sentarse a negociar.
Las disidencias bajo Mordisco han sido de los grupos armados que más crecieron durante el último año en Colombia, aumentando de 3.279 efectivos en 2024 a 4.019 en 2025, de acuerdo con cifras de la FIP.
Su influencia se extiende en las regiones sur, oriente y occidente del país, con bastiones principales en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés y Guainía, según el informe de Insight Crime.
«Desde esas zonas, la estructura se expandió hacia Amazonas, en la frontera con Brasil y Perú; Putumayo, frontera con Ecuador; Casanare, Arauca, Tolima y Huila. También tiene presencia en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, en la costa del Pacífico», añade este centro de análisis.
Para 2025, se reportó que los grupos armados en Colombia incorporaron alrededor de 5.000 nuevos reclutas, alcanzando un total cercano a 27.000 combatientes.
El más grande es el Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo, con aproximadamente 9.000 integrantes. Le sigue el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con cerca de 7.000 efectivos.
Otras disidencias derivadas de las antiguas FARC, como el Estado Mayor de Bloques y Frentes, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y la Segunda Marquetalia, suman alrededor de 5.500 combatientes.
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Estos grupos ejercen un control creciente sobre territorios y rentas ilegales en diversas zonas de Colombia, disputándose el dominio con otros actores, a la vez que enfrentan a las fuerzas militares y generan temor entre la población civil.
El suroeste del país representa uno de los focos más activos del conflicto armado y es una de las regiones más militarizadas.
En Cauca, donde se atribuye el ataque a «Marlon», la violencia se incrementó en 2025 con acciones como hostigamientos, emboscadas, explosiones y combates, según la Fundación Pares.
La violencia tradicional convive con el uso de tecnologías como drones armados con explosivos, carros bomba, motobombas, volquetas adaptadas como lanzadoras y la instalación de cilindros en áreas urbanas y rurales, señala el análisis de Pares.
Pares resalta que la escalada de ataques de grupos como Jaime Martínez contra infraestructuras civiles y el aumento de explosiones en zonas pobladas han incrementado el impacto humanitario y económico, «profundizando la sensación de inseguridad entre la población civil».
La seguridad previa a las elecciones
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La seguridad representa uno de los temas principales en la campaña para las elecciones presidenciales de Colombia, cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo próximo.
Petro, excombatiente del M-19, asumió el poder prometiendo una estrategia ambiciosa de «paz total» con la que pretendía someter a los grupos armados mediante negociaciones.
Sin embargo, a pocos meses de finalizar su mandato, la iniciativa no ha producido los resultados esperados, con varias negociaciones suspendidas.
Los grupos armados se expanden y la crisis de violencia en algunos puntos del país ha incrementado la sensación de inseguridad ciudadana.
Frente a esto, el gobierno de Petro ha adoptado en los últimos meses una estrategia calificada por expertos como de «zanahoria y garrote»: intensificar la presión militar sobre los grupos sin abandonar la posibilidad del diálogo.
Bonilla considera que los ataques recientes del EMC buscan generar la percepción de que son más poderosos de lo que realmente son.
Además, al aumentar la sensación de caos y descontrol en el país, episodios como el del fin de semana pasado podrían beneficiar a las propuestas opositoras, quienes llegan a las elecciones con un discurso más duro contra el crimen y las guerrillas.
En la primera vuelta competirán Iván Cepeda, candidato petrista del partido Pacto Histórico; el derechista Abelardo de la Espriella; y Paloma Valencia, del partido conservador Centro Democrático (CD) del expresidente Álvaro Uribe.
Cepeda, favorito en los sondeos, se ha destacado por participar en varias mesas de negociación con grupos armados.
De la Espriella y Valencia representan las posturas de mano dura, con las que buscan captar apoyos del electorado colombiano.