Más de 100 entidades rubricaron un manifiesto exigiendo la investigación del magistrado por declaraciones públicas consideradas como «incompatibles» con la imparcialidad judicial.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comenzado a investigar las declaraciones del magistrado David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, tras la controversia generada en una sesión formativa realizada en el Colegio de la Abogacía de Madrid.
Este lunes, el Promotor de la Acción Disciplinaria decidió abrir diligencias informativas para examinar las quejas relacionadas con dichas afirmaciones. En su intervención, el juez indicó que «muchas» denuncias «parecen no tener demasiado fundamento» y las asoció a lo que llamó «la caza de la orden», aludiendo a la solicitud de órdenes de protección. Además, cuestionó el acceso a la asistencia jurídica gratuita en estos casos, mencionando que se otorga incluso a personas con capacidad económica, y planteó que las denunciantes no afrontan riesgos al iniciar el proceso.
Igualmente, el magistrado afirmó que los procesos judiciales «se prolongan indefinidamente» y, simultáneamente, «la madre realiza el lavado de cerebro pertinente» al menor, lo que a su entender genera un distanciamiento gradual respecto al padre. Estas declaraciones se dieron un día después de que la mujer que denunció al exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, por agresión sexual, compareciera ante él para ratificar su denuncia.
La polémica ha aumentado luego de la publicación de un vídeo del evento, ocurrido en febrero de 2026 y difundido el 22 de abril. Más de cien organizaciones firmaron un manifiesto solicitando al CGPJ que investigue al magistrado por considerar que sus declaraciones resultan «incompatibles» con la imparcialidad judicial requerida por su cargo.
El documento sostiene que las afirmaciones del juez reflejan una percepción «estereotipada» sobre las mujeres, insinuando que algunas denunciantes hacen un uso instrumental de las órdenes de protección o que existen «beneficios» asociados a denunciar. Asimismo, critican las alusiones a una supuesta manipulación materna en casos con menores.
Las organizaciones firmantes advierten que este tipo de discurso «no es neutro ni meramente académico», sino que puede minar la confianza de las víctimas en recibir una protección judicial libre de prejuicios. En este sentido, recuerdan que la Constitución española garantiza la igualdad y una tutela judicial efectiva, subrayando que España está sujeta a compromisos internacionales, como el Convenio de Estambul, que exige combatir los estereotipos de género y evitar la victimización secundaria.
Entre los firmantes se encontraban colectivos feministas, asociaciones de juristas y organizaciones sociales, así como partidos políticos y plataformas dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres.