Las claves
El Congreso ha rechazado el real decreto para limitar el precio de los alquileres, con los votos de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV.
La decisión de Junts, que ya había expresado su rechazo, fue fundamental para que la iniciativa impulsada por el Gobierno de Sánchez fuera tumbada.
El debate evidenció la división entre los socios del Ejecutivo y las acusaciones mutuas sobre intereses inmobiliarios y falta de compromiso con la crisis habitacional.
Asimismo, Junts votó en contra de la propuesta de ERC para crear un Consorcio de Transporte en Cataluña, demostrando su papel clave en la derrota de varias propuestas del Gobierno.
El Congreso de los Diputados rechazó este martes el real decreto que buscaba limitar el precio de los alquileres, tras obtener el apoyo mayoritario de PP, Vox y Junts, junto con la abstención del PNV. La medida cayó apenas un mes después de haber sido aprobada en el Consejo de Ministros, en una votación que confirmó la negativa anticipada del grupo de Carles Puigdemont.
Junts había advertido durante semanas sobre su postura y finalmente mantuvo lo anunciado. Su voto fue decisivo para que la medida, que desde su origen generó tensiones internas dentro del Gobierno, no prosperara, en particular por las dudas expresadas por algunos sectores socialistas sobre su inclusión en las medidas relacionadas con la guerra en Irán, dados los riesgos en el Parlamento.
El debate parlamentario permitió repasar el recorrido de una iniciativa que ha sido prorrogada desde 2020, en pleno inicio de la crisis del Covid, sosteniéndose mediante sucesivos reales decretos. Las últimas prórrogas fueron de un año, mientras que el texto ahora rechazado planteaba extender esta duración a dos años y limitar el aumento de los alquileres al 2%.
Desde su intervención, la diputada de Junts, Marta Madrenas, criticó la medida, calificándola de “arbitraria” y reflejo de la “incoherencia en las políticas aplicadas”. Además, la definió como una “operación propagandística jurídicamente cuestionable”, elaborada, según manifestó, de manera apresurada.
Estas declaraciones generaron un fuerte rechazo en las bancadas de izquierda, que reprocharon a Junts su papel en la caída de la norma. Incluso, varios activistas por el derecho a la vivienda demoraron la votación durante algunos segundos al gritar “vergüenza” desde la tribuna de invitados justo antes de la votación, lo que motivó su desalojo por orden de la presidenta, Francina Armengol.
Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, fue más lejos al insinuar posibles intereses inmobiliarios entre algunos diputados de Junts, solicitando una investigación sobre sus propiedades.
La tensión se intensificó hasta que el diputado cruzó el hemiciclo hacia la bancada independentista mostrando su declaración de bienes, en un gesto que elevó aún más el nivel del debate.
Este debate evidencia cómo el Gobierno pierde apoyo paulatinamente, sin lograr aprobar sus iniciativas. Incluso uno de sus aliados más constantes, Maribel Vaquero, del PNV, criticó que «la crisis de la vivienda no es un asunto coyuntural, sino estructural, y medidas puntuales como esta no suponen una solución», una crítica que coincide con la posición de PP y Vox.
El portavoz del PP, Daniel Pérez, definió la política de vivienda del Gobierno como “improvisada, propagandística y orientada a la supervivencia política”, acusándolo de transformar el Consejo de Ministros “en un mercadillo” donde se intercambian decretos por votos e ideologías por poder.
Asimismo, el diputado de Vox, Carlos H. Quero, sostuvo que la prórroga “no resuelve el problema, sino que lo pospone y lo empeora”, manteniendo que “la escasez seguirá presente”.
La izquierda tampoco mostró unidad, ya que durante el debate se evidenciaron divisiones. El portavoz de Sumar, Gerardo Pisarello, reprochó al PSOE no haberse “implicado suficientemente” y señaló que la ausencia en el debate de la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, demostraba que las acciones han sido “pocas y tardías”, posición compartida también por Compromís.
Ante esto, el portavoz del PSOE, Ignasi Conesa, pidió que “las izquierdas no se equivoquen de enemigo”, y justificó la ausencia de la ministra porque en ese momento participaba en la sesión de control al Gobierno en el Senado.
Asimismo, los partidos progresistas mantienen diferencias sobre el próximo paso a seguir. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, pronosticó que “Junts no lo cederá” y señaló que, en lugar de abandonar la medida deberían presentar “este Real Decreto todos los meses”. Opinión que comparte ERC, con Gabriel Rufián pidiendo mantenerlo vigente “hasta que se agoten”.
La ausencia de ministros del PSOE contrastó con la presencia de los de Sumar, con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, liderando la defensa. “La ciudadanía está cansada de que su principal problema sea moneda de cambio”, afirmó durante su intervención, que fue recibida con una ovación de pie por parte de Yolanda Díaz, quien le dedicó un beso aéreo desde su puesto como vicepresidenta segunda en la bancada azul.
En la réplica, Bustinduy optó por confrontar directamente con Vox y PP, reservando un trato menos duro hacia Junts, a quienes reprochó no escuchar las demandas ciudadanas. “Cada euro extra que paguen los ciudadanos tendrá nombres y apellidos”, sentenció.
Otro decreto que tumban
Este martes también resultó negativo para el Gobierno en otra iniciativa apoyada por el PSOE. Se trata de la propuesta de ERC para crear un Consorcio de Transporte en Cataluña, una demanda de los seguidores de Junqueras para que Salvador Illa apruebe los presupuestos.
Junts también votó en contra. “Cataluña no necesita ‘chiringuitos’ con el dinero público, sino cobrar lo que Madrid le adeuda”, expresó Miriam Nogueras. Una afirmación que irritó al socialista José Zaragoza, quien criticó el “cuanto peor mejor” y señaló que “el PSC luego tiene que reparar los daños causados”.
En ambas votaciones, Junts volvió a ser decisivo, frustrando así la hoja de ruta del Gobierno. Mientras tanto, el PNV comienza a distanciarse progresivamente del Ejecutivo, y persiste la incertidumbre sobre cómo llegará hasta el final de la legislatura sin una mayoría que le respalde.