Las claves
El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta una huelga educativa a nivel estatal, motivada por la precariedad laboral en el sector de educación infantil de 0 a 3 años, a pesar de haber destinado más de 600 millones de euros de fondos europeos para ampliar plazas.
Cerca de 60.000 trabajadoras de alrededor de 11.000 centros están convocadas a sumarse al paro, impulsado por sindicatos como CGT y CCOO, debido a los bajos salarios, elevadas ratios de alumnado y carencia de personal de apoyo.
Las ratios en las aulas superan las recomendaciones europeas, alcanzando hasta 8 bebés por clase en el tramo de 0 a 1 año y hasta 20 en niños de 2 a 3 años, lo que afecta tanto la calidad educativa como las condiciones laborales.
El sector se caracteriza por una gran fragmentación, con diferencias en salarios y condiciones laborales según el tipo de centro, y los sindicatos demandan una normativa estatal que unifique criterios y mejore las condiciones del personal.
La primera huelga educativa a nivel nacional a la que se enfrenta el Gobierno de Pedro Sánchez no guarda relación con la falta de inversión en universidades públicas ni con la elevada tasa de abandono escolar.
Se presenta una paradoja: el mismo Ejecutivo que ha movilizado más de 600 millones de euros en fondos europeos para expandir la educación de 0 a 3 años ahora afronta una protesta provocada por las condiciones laborales precarias de quienes sostienen dicho sistema.
El paro, convocado por CGT y la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y al que se ha sumado CCOO recientemente, está programado para el 7 de mayo en todo el país, concluyendo con una gran manifestación el día 23 en Madrid. Se espera la participación de unas 60.000 trabajadoras de aproximadamente 11.000 centros.
Esta movilización se originó en la huelga indefinida que se inició semanas atrás en la Comunidad de Madrid y que ha ido extendiéndose a otras regiones de España. El conflicto surge en uno de los sectores más feminizados y precarizados del sistema educativo: el primer ciclo de Infantil, donde el 97% del personal son mujeres.
En los años recientes, el Gobierno ha promovido la creación de más de 65.000 plazas públicas para niños de 0 a 3 años, gracias a los fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación. En total, este programa ha movilizado cerca de 670 millones de euros con el fin de ampliar la escolarización temprana.
No obstante, esta ampliación no ha ido acompañada —según denuncian sindicatos y trabajadoras— de una mejora proporcional en las condiciones laborales ni en el modelo educativo.
«El sistema crece, pero sobre una base precaria», resumen fuentes del sector. Muchas educadoras reciben salarios cercanos al SMI, con jornadas de hasta 40 horas lectivas sin tiempo remunerado para la preparación. «Son trabajadoras pobres», afirman representantes de CCOO, indicando que algunas se ven forzadas a tener un segundo empleo para completar sus ingresos.
Ratios elevadas y carencia de personal
Uno de los temas centrales del conflicto son las ratios. Actualmente, es común que haya ocho bebés por aula en el rango de 0 a 1 año, más de una docena entre 1 y 2 años, y hasta 20 en el tramo de 2 a 3 años. Según las trabajadoras, estos valores superan considerablemente las recomendaciones europeas, que sitúan los límites en cuatro, seis y ocho respectivamente.
Además, existe una carencia generalizada de la figura conocida como «pareja educativa» —dos profesionales por aula— junto con la falta de apoyo para atender a alumnos con necesidades especiales.
El resultado, denuncian, es un modelo tensionado que perjudica tanto la calidad educativa como las condiciones laborales del personal.
Sector fragmentado
El primer ciclo de Infantil posee, además, una estructura particularmente compleja: coexisten centros públicos gestionados directamente, otros externalizados, privados, y redes autonómicas y municipales, cada uno con distintos convenios y condiciones laborales.
Esta heterogeneidad ha provocado, según indican los sindicatos, una «desigualdad estructural», con trabajadoras que desempeñan funciones similares pero bajo marcos laborales muy diferentes.
Por tal motivo, reclaman una normativa estatal básica que uniformice criterios, establezca condiciones salariales dignas y reconozca esta etapa como plenamente educativa y no asistencial.
La ‘pelota’ de las ratios
El debate sobre las ratios no es solo técnico, sino también de competencias. Tras la aprobación de la Lomloe en 2020, el Gobierno central reservó expresamente la regulación del primer ciclo de Educación Infantil. El artículo 14.7 atribuye al Ejecutivo, junto con las comunidades autónomas, la fijación de requisitos mínimos en estos centros, incluyendo la relación numérica alumno-profesor.
No obstante, seis años después, esta normativa estatal aún no se ha desarrollado. Este vacío normativo ha generado un choque entre Administraciones durante la crisis del sector. Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha solicitado al Ministerio que asuma dichas competencias y regule la reducción de las ratios, argumentando que las autonomías no pueden modificar unilateralmente este marco sin invadir atribuciones estatales.
En respuesta, el Ministerio de Educación sostiene que, mientras no se apruebe esa regulación, las comunidades autónomas mantienen la capacidad para actuar y ajustar las ratios en sus territorios. Este argumento traslada la responsabilidad a los gobiernos regionales y ha sido interpretado por algunas autonomías como un intento de eludir las responsabilidades.
El resultado es un estancamiento normativo en un punto clave del conflicto: todas las partes coinciden en la necesidad de reducir el número de alumnos por aula, pero ninguna Administración ha tomado aún una decisión uniforme para implementarlo a nivel nacional.
Mientras tanto, siguen vigentes decretos antiguos —en algunos casos con más de una década— que establecen ratios muy superiores a las recomendaciones europeas.
Tras anunciada la convocatoria, el Ministerio de Educación aseguró que antes del verano comenzará la revisión del decreto que regula las ratios en esta etapa.
A pesar de ello, los sindicatos mantienen la huelga, considerando que los compromisos siguen siendo insuficientes y que muchas de sus demandas —como la equiparación salarial o la implantación generalizada de la pareja educativa— permanecen lejanas a su materialización.