Las claves

Los funcionarios penitenciarios alertan sobre la falta de protección frente a agresiones sexuales cometidas por internos, mientras que el protocolo del Ministerio del Interior se enfoca principalmente en garantizar la seguridad de los reclusos.

Durante 2025 se contabilizaron 119 incidentes relacionados con agresiones sexuales contra trabajadores, que incluyeron ataques, acoso y exhibicionismo, con especial incidencia en las prisiones de Alicante Cumplimiento, León, Madrid III y Sevilla II.

El reglamento penitenciario vigente no contempla adecuadamente las agresiones sexuales contra funcionarias, lo que dificulta la imposición de sanciones efectivas a los internos responsables.

Los sindicatos reclaman una revisión de los protocolos para incorporar medidas de protección inmediata para las víctimas y una definición clara de las conductas sancionables.

El Ministerio del Interior dispone de un protocolo actualizado a enero de 2026 para prevenir los abusos sexuales entre presos o aquellos cometidos contra ellos por funcionarios y personal colaborador.

No obstante, los trabajadores de prisiones denuncian la ausencia de un protocolo eficaz que respalde a las compañeras víctimas de agresiones sexuales y sexistas, un problema que, según fuentes del sector, está aumentando.

Según los datos a los que ha accedido EL ESPAÑOL, en 2025 se reportaron 529 agresiones totales contra funcionarios, de las cuales 119 tuvieron carácter sexual.

De estos, ocho se catalogaron como agresiones, 51 como acoso y 60 como exhibicionismo o provocación sexual, siendo las cárceles de Alicante Cumplimiento, León, Madrid III y Sevilla II las más problemáticas.

«Estas cifras ni siquiera reflejan la realidad completa. Hay muchas más situaciones que no se registran».

Estremera, el último ejemplo

El 22 de abril, un día antes de que un jefe de servicios fuera brutalmente atacado y trasladado en ambulancia en la misma prisión, una funcionaria de Madrid VII, en Estremera, sufrió «tocamientos en el trasero».

«El preso, un interno africano, llegó a Estremera con una denuncia previa por intento de agresión sexual contra otra compañera. Mientras estaban en el patio, le pasó al lado y le tocó el trasero con la mano», confirman las fuentes.

«Al pedirle explicaciones, él justificó que fue un gesto al sacar la mano del bolsillo. Luego añadió: ‘Es que usted es muy guapa'».

Cristina del Villar, funcionaria y miembro de la plataforma sindical Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), señala que «se observan conductas muy machistas en los módulos, desde la falta de respeto hacia la autoridad femenina hasta silbidos, comentarios ofensivos y exhibicionismo».

Ella misma ha experimentado estas situaciones en la cárcel de Zuera, en Zaragoza.

«En ocasiones te amenazan con frases como ‘por dónde vas a ir, para cuando salgas a la calle’ o ‘te voy a dar por aquí y por allí‘. Luego están los tocamientos. Algunos presos se esconden en la celda hasta que llega la funcionaria para manosearla».

Una de sus críticas principales es la disparidad entre lo que el Código Penal contempla como agresiones sexuales y lo que el Reglamento Penitenciario, cuya clasificación de faltas data de 1981, considera «infracciones disciplinarias«, es decir, las sanciones internas aplicables a los presos.

«El problema es que muchas conductas no están recogidas», explica Joaquín Leyva, funcionario y portavoz de ACAIP-UGT.

«Por ejemplo, un tocamiento suele clasificarse como ‘comportamiento inadecuado‘ y solo recibe una falta disciplinaria. Hay que tener en cuenta que en 1981 los abusos sexuales no estaban tipificados porque las mujeres no trabajaban en departamentos masculinos».

En la prisión de A Lama, señala Leyva, una funcionaria sufrió una agresión sexual que le ocasionó una mordedura en el labio. «Se activó un protocolo por la herida física, pero sin ésta, el protocolo no se habría iniciado».

En situaciones como la de Estremera, donde hay contacto físico, la funcionaria afectada debe acudir al juzgado para denunciar, ya que la administración solo actúa de oficio en casos flagrantes debido a la laxitud del reglamento.

«Las trabajadoras que sufren acoso o agresiones sexuales quedan en un limbo. Es una situación vergonzosa«, añade Del Villar.

El protocolo que defiende a los presos

La sensación de desprotección se intensifica al conocer que, en enero de 2026, Instituciones Penitenciarias aprobó un Protocolo de actuación para la prevención, protección y atención de las personas privadas de libertad víctimas de violencia sexual en las cárceles.

Este documento, al que accedió este medio, establece como uno de sus objetivos «adoptar medidas de sensibilización, prevención, detección y sanción de toda violencia sexual, además de protección, atención inmediata y recuperación de las víctimas«.

El protocolo, centrado en los reclusos, destaca la importancia de la formación en género y diversidad para el personal penitenciario y promueve incluir estos contenidos en el título universitario oficial de la UNED, así como en la capacitación del personal sanitario y los equipos técnicos.

El texto distingue dos situaciones en las que los presos pueden ser víctimas, instándolos a dirigirse al Equipo de Igualdad del centro.

Por una parte, cuando enfrentan violencia sexual por parte de otros internos; por otra, en casos de agresión perpetrada por personal de la administración, colaboradores u otras personas no privadas de libertad.

Las funcionarias denuncian que «las agresiones habituales contra ellas no reciben protección» y que, a menudo, «se cuestiona al propio personal que cuida de estas realidades poco conocidas o residuales» antes que a ellas.

«Ante la creciente actividad delictiva sexual contra el personal penitenciario, resulta incomprensible que la única preocupación sea la libertad sexual de los internos«.

Desprotección institucional

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias implementó en 2017 el Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones (PEAFA).

Este protocolo estipula una serie de pasos para responder ante agresiones, pero los sindicatos critican que «no evalúa, no previene ni protege» y no cumple con las obligaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Además, existen protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos; sin embargo, no funcionan como se espera, pues están diseñados para el acoso entre personal y no son aplicables a internos en prisiones.

Como respuesta, en marzo de 2026, el PP presentó una proposición no de ley en el Congreso solicitando al Gobierno de Pedro Sánchez reforzar el protocolo contra agresiones, acoso y violencia sexual sufrida por funcionarias.

La ausencia de esta medida «transmite un mensaje de desprotección institucional» que, según la formación de Feijóo, «favorece la infradenuncia y genera una doble victimización«.

Joaquín Leyva subraya la importancia de definir con claridad qué se considera agresión.

«Es necesario incluir comportamientos sexuales como exhibicionismo, tocamientos o provocación sexual en el catálogo de faltas de los internos. Deben ser tipificados y trasladados de oficio a la Fiscalía para asegurar su consecuencia real».

También considera esencial que el protocolo PEAFA –actualmente en estudio para ser modificado– incorpore medidas de protección inmediata para las víctimas, como que el interno responsable sea trasladado de módulo, puesto en aislamiento provisional, y, en casos de hechos físicos graves, se le cambie de centro.