El Gobierno intenta mantener el equilibrio para satisfacer tanto a sus socios como a la OTAN a pocas semanas de la cumbre en Ankara

«España es un aliado serio y confiable de la OTAN», es la frase que la ministra de Defensa, Margarita Robles, repite constantemente desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, dirigió su atención hacia el Gobierno de Sánchez debido a su negativa a incrementar el gasto en Defensa. Este es un obstáculo que representa uno de los principales problemas para Pedro Sánchez. La OTAN y la UE han establecido como prioridad el aumento de financiamiento. Sin embargo, los socios de coalición rechazan el aumento del presupuesto militar, lo que limita las manos de La Moncloa en el Congreso, ya que debería recurrir al PP para aprobar cualquier iniciativa en esta área en la Cámara Baja. La estrategia del Ejecutivo, atrapado entre cumplir con sus compromisos y evitar los vetos de sus aliados, es la ingeniería económica. Consiste principalmente en acuerdos del Consejo de Ministros que permiten ampliar el presupuesto de Defensa, evitando así el control de la Cámara Baja. Paralelamente, las Fuerzas Armadas hacen todo lo posible para materializar el compromiso cumpliendo objetivos, mientras los ataques desde la administración Trump son constantes.
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De acuerdo con los informes de Operaciones de ejecución presupuestaria, sus modificaciones y operaciones de tesorería del Ministerio de Hacienda, en los últimos tres años, período en el que el Ejecutivo ha convivido con unos presupuestos prorrogados, el presupuesto de Defensa se ha modificado mediante créditos presupuestarios cercanos a 12.000 millones (11.482 millones). En concreto, se incrementó la partida inicialmente prevista en 2.423 millones en 2023; en 2.755 millones en 2024; y en 6.304 millones en 2025. A esta cantidad se suman partidas de otros ministerios como Interior, Seguridad Social, Industria o Transformación Digital, que están dirigidas a cuestiones de seguridad, incluyendo asignaciones para ciberseguridad.
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