Estas dos cuestiones se suman a la demanda de adaptar el Reglamento Europeo de Retornos para “fortalecer la política migratoria”
Los acuerdos de gobierno del PP y Vox en Aragón y Extremadura han situado nuevamente —si es que alguna vez dejaron de hacerlo— la cuestión de la integración como tema central del debate político. La implementación de la “prioridad nacional” para acceder a ayudas públicas ha acaparado la mayor parte de la atención. Representantes de ambos partidos han ofrecido distintas definiciones de este concepto, mientras la oposición lo califica de racista o clasista.
La petición de adaptar el Reglamento Europeo de Retornos para “fortalecer la política migratoria” y la primera prohibición autonómica del burka y el niqab en espacios públicos se suman a la prioridad nacional como otras de las medidas adoptadas en este sentido. Los partidos firmantes defienden estas acciones como una apuesta por la seguridad y el arraigo comunitario.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, contradice al PP respecto al concepto de «prioridad nacional» establecido en Extremadura para obtener ayudas sociales. Sostiene que inicialmente es “españoles primero” y no el “arraigo”, tal como defienden los populares.
Prioridad nacional en las ayudas públicas
La principal novedad del acuerdo es la aplicación del principio de “prioridad nacional” para el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Según el texto del pacto, quienes acrediten un arraigo auténtico, duradero y comprobable con la comunidad tendrán preferencia, reforzando la exigencia del empadronamiento y el vínculo con el territorio.
Los criterios para verificar este “arraigo” incluyen años de residencia registrada, lazos económicos, sociales, familiares, laborales y educativos, así como el historial de cotizaciones y contribuciones al sistema. Esto implica que aquellos que hayan residido más tiempo, trabajado por más años, tengan familiares en la región o hayan estudiado allí acumulan más puntos para acceder a ayudas o prestaciones.
No obstante, según la documentación oficial, no se concede puntuación adicional por haber nacido en España en comparación con quienes nacieron fuera del país, por lo que un español que llegue próximamente a Extremadura o Aragón no tendría ventaja alguna. Las dificultades para los migrantes se originan porque es mucho más complicado que cumplan criterios como los lazos familiares.
La portavoz de Juts, Míriam Nogueras, se pronuncia sobre la prohibición del burka propuesta por Vox. (Congreso de los Diputados)
Endurecimiento migratorio y prohibición del burka
Otra de las prioridades del pacto es pedir al Gobierno central que adapte de manera inmediata el nuevo Reglamento Europeo de Retornos, aprobado recientemente por el Parlamento Europeo. Este reglamento, orientado a endurecer el control sobre los retornos y la política migratoria, debería incorporarse a la legislación nacional antes de septiembre de 2026, según lo establecido por ambos partidos.
La décima página del pacto de Aragón, tras estas dos medidas, se completa con una de las cuestiones que ha generado mayor controversia en los últimos meses: la prohibición autonómica del uso del burka, el niqab y cualquier prenda que cubra totalmente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos de la comunidad. Esta restricción, respaldada por los dos partidos, se justifica con motivos de seguridad, identificación personal y convivencia, además de la defensa de los valores de igualdad y dignidad.
De esta manera, este acuerdo marca la primera vez que una comunidad autónoma limita el uso de estas prendas. Algunos ayuntamientos, principalmente bajo liderazgo de Vox, han impulsado medidas similares, pero nunca a nivel autonómico. Recientemente, lo anunció Lleida, gobernada por el Partido Socialista de Cataluña (PSC). La extensión de sus competencias restringe esta norma en la práctica, pero los espacios bajo la responsabilidad de la comunidad deberán cumplir con esta medida.