Las claves
En 2011, Patxi López, en su etapa como lehendakari, endureció el acceso a las ayudas sociales, incrementando de uno a tres años el periodo mínimo de residencia exigido en el País Vasco.
La iniciativa de López guarda semejanza con los actuales acuerdos de PP y Vox sobre la «prioridad nacional», aunque en distintas comunidades autónomas existen condiciones similares bajo otras denominaciones y plazos.
Esos requisitos de arraigo afectan de manera notable a la población inmigrante, que representa el 34% de los beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos en el País Vasco, pese a constituir solo el 10% del total de habitantes.
Comunidades como Baleares, Cataluña, Navarra y Canarias también exigen plazos mínimos de residencia para acceder a ayudas sociales o vivienda protegida, alcanzando hasta los 12 años en Canarias.
El concepto que PP y Vox denominan ahora «prioridad nacional» en sus acuerdos de Extremadura y Aragón no es una novedad absoluta.
Este mismo principio ha estado presente durante años en las normativas de diversas comunidades, independientemente de su signo político.
Sin embargo, no se denomina igual. En la ley catalana se habla de «residencia continuada y efectiva en los 24 meses anteriores», en el País Vasco de «tres años de empadronamiento», y en Canarias de «doce años de residencia». En esencia, la base es idéntica; solo cambian los nombres y los partidos que la promueven.
Aquí aparece Patxi López, que recientemente se ha posicionado como una de las voces más críticas contra el acuerdo entre los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, llegando a calificarlo como «el más retrógrado, inhumano y contrario a la igualdad en décadas».
Lo que López no recuerda es que, durante su mandato como lehendakari entre 2009 y 2012, promovió un endurecimiento normativo muy similar al que ahora cuestiona.
Fue pionero en elevar los requisitos de arraigo para acceder a las ayudas sociales del Gobierno vasco destinadas a colectivos vulnerables.
En 2011, bajo su dirección, el Parlamento vasco aprobó una reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que limitó las condiciones de acceso.
Así, el plazo de empadronamiento aumentó de un año a tres para la mayoría de solicitantes, es decir, se triplicó el requisito mínimo de residencia.
La reforma se aprobó con el respaldo de socialistas y populares, mientras que el PNV se abstuvo. Desde entonces, incluso con los nacionalistas nuevamente en el poder, esta condición ha permanecido vigente en cada legislatura.
Esta prestación es universal: puede ser recibida por españoles y extranjeros residentes en el País Vasco que no dispongan de ingresos suficientes.
En la práctica, el requisito de tres años de empadronamiento resulta mucho más difícil de cumplir para quienes llegaron recientemente y encadenan cambios frecuentes de domicilio o contratos temporales.
Organizaciones como SOS Racismo han señalado durante años que este tipo de exigencias afecta desproporcionadamente a la población inmigrante.
Aunque los extranjeros constituyen cerca del 10% de la población vasca, representan el 34% de los beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos, lo que indica un uso proporcionalmente mayor de esta ayuda.
Además, la renta vasca es actualmente la prestación de inserción más alta en España, llegando a 840,68 euros mensuales para personas solas.
A pesar de exigir tres años de empadronamiento, el requisito más estricto del país, el Gobierno vasco no ha relajado la supervisión.
Al contrario, en 2023, el Ejecutivo del PNV, en coalición con el PSOE, lanzó una campaña para verificar si los beneficiarios residían efectivamente en el lugar donde figuraban empadronados.
La Ertzaintza comenzó a realizar visitas domiciliarias para corroborarlo. Por ejemplo, plataformas sociales como Berri-Otxoak recogieron más de una docena de denuncias en solo tres meses, en las que se señalaban inspecciones policiales sin orden judicial y bajo la amenaza de suspensión de la ayuda si no permitían el acceso a los agentes.
El propio Gobierno admitió que entre 2023 y 2025 se realizaron 2.397 inspecciones en domicilios, encontrando irregularidades en el 52,6% de los casos. De las prestaciones retiradas, el 54,9% correspondieron a ciudadanos españoles y el 45,1% a extranjeros.
Cataluña, Asturias, Valencia…
Prácticamente todas las comunidades españolas aplican alguna condición de arraigo para otorgar rentas de inserción.
El caso vasco, junto con el balear, es uno de los más estrictos. Baleares, gobernado por el PP apoyado externamente por Vox, exige también 36 meses de residencia para acceder a su renta social garantizada.
Cataluña —gobernada tanto por partidos independentistas como por el PSC— establece un mínimo de 24 meses, igual que Navarra y Asturias, donde los gobiernos de PSN‑Geroa Bai y PSOE exigen dos años de residencia efectiva.
Andalucía y la Comunidad de Madrid, ambas bajo control del PP, disminuyen ese plazo a doce meses para sus respectivas rentas mínimas.
En la Comunidad Valenciana, el PP y Vox acordaron en marzo de 2026 incrementar de 12 a 15 meses el plazo de empadronamiento requerido para recibir esta ayuda social.
Los pactos en Extremadura y Aragón aún no detallan los tiempos concretos para estas rentas, mencionando únicamente «establecer un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio».
Canarias, 12 años
Los acuerdos en Extremadura y Aragón también incluyen la propuesta de endurecer el acceso a vivienda protegida, especificando diez años de empadronamiento para compra y cinco para alquiler.
No obstante, la exigencia más estricta en el acceso a vivienda procede de Coalición Canaria, que la estableció en marzo pasado.
El Gobierno de Fernando Clavijo aprobó un decreto hace un mes que requiere 12 años de residencia continua en las islas —o 15 si es discontinua— para acceder a vivienda pública, además de un arraigo municipal de cinco años.
Por otra parte, en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso presentó a finales de enero un borrador para regulación de vivienda protegida que exigía 10 años de empadronamiento tanto para compra como para alquiler.
Tras las protestas de solicitantes en lista de espera, el consejero de Vivienda redujo el requisito para alquiler a cinco años, manteniendo los diez años para la compra.
En el extremo opuesto se sitúa Navarra, que durante años otorgaba puntos adicionales para vivienda protegida a quienes llevaban más de ocho años empadronados.
Sin embargo, en 2016, el Gobierno nacionalista de Uxue Barkos, con respaldo del PSOE, eliminó este criterio, considerándolo «injusto y discriminatorio».