Las dos formaciones políticas han aprovechado una ley del PSOE que busca endurecer sanciones por aparcar en plazas reservadas a personas con discapacidad para presentar dos enmiendas
Desde el 1 de enero de este año, la normativa de tráfico en España obliga a que todos los vehículos lleven en su interior la baliza luminosa V-16. Este dispositivo sirve para alertar automáticamente sobre un incidente en la carretera y transmitir la ubicación exacta del mismo.
El propósito principal de esta medida es sustituir los triángulos de señalización tradicionales con el fin de disminuir los riesgos para los conductores y reducir los atropellos. Circular sin portar la baliza implica una multa de 80 euros, la misma sanción que tenía la ausencia de triángulos; sin embargo, la multa puede elevarse significativamente si se usa el dispositivo de manera inapropiada o con otro fin, llegando hasta los 30.000 euros en los casos más graves.
Tanto Vox como Sumar han aprovechado una ley promovida por el PSOE, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y busca endurecer las sanciones por estacionar en plazas reservadas a personas con discapacidad, para presentar dos enmiendas relacionadas con elementos de señalización y el régimen de multas de tráfico.
Vox: defensa de los triángulos y críticas a la obligatoriedad
La enmienda presentada por Vox plantea que la señal V-16 pueda usarse como alternativa a los triángulos en vez de reemplazarlos totalmente. El texto, difundido por Europa Press, indica que los triángulos “podrán seguir utilizándose sin límite temporal”, en contraste con la propuesta de la Dirección General de Tráfico que, aunque permite su uso si se emplea junto con la baliza, apuesta por la conectividad y digitalización como elementos centrales.
De acuerdo con la propuesta del partido, no debería ser obligatorio que la baliza incorpore conectividad con los sistemas de la DGT ni que cuente con geolocalización. Vox argumenta, en defensa de esta postura, que “la baliza V-16 es obligatoria solo en España” y que su eficacia ha sido cuestionada por varios organismos especializados en seguridad vial. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) coincide con este punto de vista y se “declina por la complementariedad en lugar de la obligatoriedad”.
En su enmienda, Vox indica: “No se comprende por qué el Gobierno elimina la opción para que sea el conductor quien decida qué dispositivo usar”. El partido expone que eliminar la obligatoriedad permitiría continuar con la investigación y evaluación de otras medidas, siempre apoyadas en estudios técnicos y forenses independientes. El objetivo principal que sostiene el partido es evitar “cargas adicionales para familias y empresas” y priorizar soluciones cuya efectividad haya sido demostrada en condiciones reales.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señala que aunque la baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero, habrá un periodo "flexible" y "razonable" en el que no se multará al que no la lleve.
Sumar: un modelo de multas según la renta
Sumar, por su lado, ha presentado una enmienda para modificar el sistema sancionador de tráfico y adaptarlo a la capacidad económica de cada infractor. Actualmente, las multas se establecen solo según la gravedad de la falta, con importes de 100, 200 o 500 euros, sin considerar los ingresos del sancionado.
La propuesta de Sumar plantea una escala progresiva: las multas se incrementarían un 150% para personas con ingresos anuales entre 70.000 y 85.000 euros, un 300% para quienes ganan entre 85.000 y 100.000 euros, y un 500% para aquellos con ingresos superiores a los 100.000 euros anuales.
El grupo parlamentario argumenta que “el efecto disuasorio no será igual” si la sanción pesa sobre una persona con ingresos mensuales de 1.100 euros que sobre otra que recibe 10.000 euros en el mismo periodo. Sumar señala que este modelo ya se aplica en varios países europeos desde hace más de un siglo, con Finlandia como pionera en 1921. La idea central es que el importe sea “razonable en función de la capacidad de pago”. Otros países que utilizan sistemas similares son Suiza, Dinamarca y Reino Unido.