Fuente de la imagen, Reuters

- Autor, Leire Ventas
- Título del autor, Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles
21 abril 2026Actualizado 3 horas
Tiempo de lectura: 7 min

Desde este lunes, en El Salvador se inicia un proceso judicial contra 486 individuos acusados de formar parte de la Mara Salvatrucha (MS-13), una de las pandillas más influyentes que aterrorizó al país y a la región durante años.

Así lo comunicó la Fiscalía General de la República este lunes, afirmando que entre los acusados que enfrentarán el juicio masivo hay varios fundadores y cabecillas de la organización criminal.

Según la Fiscalía, entre los delitos imputados se encuentra la orden para asesinar a 87 personas durante un solo fin de semana en marzo de 2022.

Este evento llevó al presidente Nayib Bukele a declarar la «guerra» contra las pandillas y a solicitar a la Asamblea la aprobación de un régimen de excepción que lleva cuatro años vigente y que, según cifras oficiales, ha resultado en más de 91.000 arrestos.

Desde su implementación, bajo este polémico estado de emergencia se han extendido las facultades para detener a quienes se sospecha estén vinculados a pandillas, suspendiendo derechos constitucionales. Debido a ello, grupos locales e internacionales de derechos humanos han denunciado que estas medidas han ocasionado detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales.

Mientras los defensores de la política firme del presidente Bukele aseguran que ha contribuido a que El Salvador sea un lugar más seguro, expertos de la ONU han advertido que «no se puede comprometer el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública».

En este marco, la Fiscalía entregó este lunes a los medios locales un video donde un fiscal, ocultando su rostro, detallaba que a los acusados en este proceso colectivo se les imputan 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo 29.000 homicidios, feminicidios y desapariciones.

De los acusados, 413 comparecerán de manera virtual, mientras que los otros 73 están prófugos pero serán juzgados en ausencia, explicó.

Más de 250 de los imputados permanecen encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad para pandilleros construida bajo el gobierno de Bukele, y los demás están en otros centros penitenciarios de alta seguridad.

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«Se procederá a juzgar y a saldar una deuda histórica. A los acusados se les atribuirán todos los delitos cometidos por la Mara Salvatrucha en estos 11 años», afirmó el fiscal.

Centros Judiciales de El Salvador, entidad que agrupa a los juzgados, indicó en su cuenta en X que entre los implicados figuran miembros de la «ranfla» (máxima jerarquía) de la MS-13, líderes de zonas y fundadores.

La MS-13 y su competencia, Barrio 18 —con sus dos escisiones—, surgieron en Los Ángeles (California, Estados Unidos) en los años 80 y evolucionaron hasta ser organizaciones transnacionales catalogadas como «terroristas» por Estados Unidos el año pasado. Según el gobierno de Bukele, llegaron a dominar el 80% del territorio nacional salvadoreño.

Dentro de este marco, a los imputados también se les procesa por el delito de rebelión, debido a que buscaban mantener el control territorial para establecer un estado paralelo, atentando así contra la soberanía nacional, según un comunicado oficial de la Fiscalía General.

Fuente de la imagen, Getty Images

«Posibilidad de sentencias injustas»

No es la primera ocasión en que se organizan audiencias masivas en El Salvador.

Fueron reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, aprobadas por la Asamblea Legislativa —dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas—, en el marco del régimen de excepción, las que facilitaron la realización de estos juicios.

Además de posibilitar juicios colectivos contra los detenidos en este contexto, se eliminó el límite máximo de duración de los procesos penales (antes 24 meses) y se otorgaron facultades de investigación a la Policía Nacional Civil.

«Estas normativas comprometen el derecho al acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa, los cuales están protegidos por tratados internacionales de derechos humanos», alertó en 2023 la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), sumándose a críticas de otras organizaciones nacionales e internacionales.

«Los salvadoreños tienen derecho a que los crímenes graves cometidos por pandillas sean investigados, juzgados y sancionados. Sin embargo, estos procesos masivos dificultan establecer responsabilidades individuales con evidencias sólidas y garantías reales de defensa, corriendo el riesgo de que la justicia se convierta en una puesta en escena», advierte Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Fuente de la imagen, AFP vía Getty Images

El juez salvadoreño Juan Antonio Durán Ramírez resalta que el proceso «exigirá mucha cautela por parte de los jueces, quienes deberán ser muy rigurosos en la revisión y análisis de las pruebas».

«Será necesario dedicar tiempo para identificar a cada acusado, individualizar los hechos y delitos imputados, así como las evidencias, con el fin de establecer correctamente la responsabilidad de cada persona, ya que existe el riesgo de generalizar responsabilidades y emitir sentencias injustas», añade.

En ese sentido, la Fiscalía comentó que dispone de «abundantes pruebas para solicitar las penas máximas» para los imputados, sin aclarar si se aplicará la cadena perpetua que entrará en vigor próximamente para homicidas, violadores y «terroristas», conforme a una reforma legal recientemente aprobada.

Asimismo, señaló que se espera que el juicio concluya «pronto», sin especificar plazos.

El juez Durán considera que debería «evaluarse la aplicación de procedimientos abreviados para garantizar los principios de celeridad y economía procesal».

«¿De qué servirían condenas de 300, 500, 800 o 1.200 años de prisión si no se cumplirán?,» cuestiona. «Sería más práctico negociar esas penas en función de las pruebas existentes, para garantizar que la responsabilidad y las sanciones sean proporcionadas».

El magistrado también destaca la existencia de una «atmósfera de presión» sobre los jueces y afirma que «el miedo a sanciones, represalias, exposición pública o críticas está muy presente».

«Sin duda, esto repercute negativamente en la calidad de la justicia y el funcionamiento de un sistema judicial independiente e imparcial», enfatiza.

«No obstante, se debe exigir a la judicatura mantener su independencia en las decisiones para evitar sentencias injustas. Se requieren decisiones objetivas, basadas en pruebas reales, confiables, corroborables y no cuestionables con otras evidencias igualmente válidas», agrega.

«Numerosos familiares sostienen la inocencia de algunos detenidos y esperan un sistema judicial independiente, imparcial y objetivo», continúa.

«Muchas personas han estado detenidas cuatro años o más, aguardando este momento, su día de juicio, y deberían poder conocer las pruebas en su contra, impugnarlas y demostrar su inocencia; los juicios masivos dificultan ese derecho pleno», explica.

«Es un gran desafío para los jueces, y hay una alta expectativa respecto a su desempeño, pues se aguarda justicia».