Fuente de la imagen, Gobernación de Chihauhua
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- Autor, Daniel Pardo
- Título del autor, Corresponsal de BBC Mundo en México
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En las primeras horas de este domingo, un convoy compuesto por cinco vehículos oficiales transitaba por la sierra Tarahumara, una extensa región montañosa en el estado mexicano de Chihuahua, conocida por su terreno escarpado y la actividad del crimen organizado.
Procedían de haber desarticulado seis laboratorios de narcóticos altamente equipados, localizados mediante sobrevuelos con drones, en un operativo que involucró a cerca de cien funcionarios; se trata de uno de los logros más destacados en años tanto para la fiscalía como para la policía de Chihuahua.
En medio de barrancas y zonas boscosas, el primer vehículo de la caravana sufrió un accidente: perdió el control, cayó por un precipicio y se incendió.
Cuatro personas fallecieron: Pedro Oseguera, director local de la Agencia Estatal de Investigación, su escolta Manuel Méndez y dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés), cuyos nombres han sido omitidos por los diarios Washington Post y The New York Times.
La CIA y el gobierno de Estados Unidos tampoco han divulgado los nombres ni confirmado si los dos hombres eran colaboradores de la agencia de inteligencia.
Aunque estos incidentes no son inéditos, el fallecimiento de funcionarios estadounidenses en territorio mexicano genera interrogantes importantes: ¿ha cedido México parte de su soberanía al permitir operaciones de agentes extranjeros? ¿Está Estados Unidos llevando a cabo el desmantelamiento de laboratorios en México, como pretende Donald Trump? ¿Es posible que la «colaboración» mencionada por las autoridades mexicanas sea más profunda de lo que habitualmente se reconoce?
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, frecuentemente niega la participación directa de funcionarios estadounidenses en operativos realizados en México.
«Según la información que poseemos hasta ahora, sí trabajaban en conjunto», declaró el martes. «Se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía para determinar si se infringió la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional».
Sheinbaum enfatiza casi diariamente la disposición de México para colaborar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, siempre y cuando se respete la soberanía nacional —es decir, la Ley de Seguridad Nacional—.
No obstante, durante décadas, los gobernantes mexicanos han negado lo que para numerosos especialistas constituye una realidad: agentes estadounidenses operan en México, ya sea con o sin autorización oficial.
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Esto sucede desde hace años, sin hacer ruido
David Saucedo, experto en Seguridad, asegura que la presencia de agentes estadounidenses en México está documentada desde hace décadas, pero subraya que lo que ha cambiado ahora es la intención del gobierno de Donald Trump de actuar con menor discreción y más exhibición.
«Desde hace tiempo existen operaciones encubiertas de agentes de agencias de seguridad de Estados Unidos: FBI, CIA, DEA y Homeland Security, algunas con conocimiento del gobierno mexicano y otras sin él».
«Participan en tareas de geolocalización, detención de narcotraficantes; portan armas y llevan a cabo labores de investigación criminal y policial que, en teoría, no estarían autorizados a realizar».
«Pueden brindar asesoría o proveer información, pero formalmente no tendrían la facultad para efectuar arrestos, incautaciones o portación de armas; sin embargo, estas prácticas ocurren en México desde hace años», explica el especialista.
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En febrero, el ejército mexicano eliminó a uno de los narcotraficantes más buscados a nivel mundial —el jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación, conocido como «El Mencho»— en un operativo que, según ambas autoridades, contó con inteligencia vital proporcionada por Estados Unidos.
Esta información provino de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel, una unidad del Comando Norte del ejército estadounidense creada durante la administración de Trump para combatir a los cárteles, considerados terrorismo por su amenaza hacia Estados Unidos.
En la lucha antidrogas, Washington suele tener acceso a datos confidenciales que las autoridades mexicanas no poseen, en especial información proporcionada por capos encarcelados en Estados Unidos, como Joaquín «el Chapo» Guzmán o Ismael «el Mayo» Zambada.
Trump ha disminuido su interés en realizar incursiones militares en México, pero asegura respetar la condición impuesta por Sheinbaum —en una compleja y continua negociación comercial, migratoria y, por supuesto, en materia de seguridad— de colaborar sin intervenir directamente.
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La delicada cuestión del intervencionismo
El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, inicialmente afirmó que los agentes estadounidenses no concluyeron su participación en el operativo, sino que brindaban capacitación en drones en la región y habían sido transportados por el convoy como un favor entre colegas.
Más tarde, sin embargo, reconoció que sí formaban parte de la operación, lo que llevó a Sheinbaum a señalar que «la fiscalía modificó su declaración».
«No existió una operación conjunta en tierra con agencias estadounidenses; su función fue de apoyo técnico y de formación», reiteró.
La diferencia entre las versiones de autoridades locales y federales, especialmente cuando el estado está gobernado por la oposición a Sheinbaum, plantea si existen gobiernos regionales comunicándose y colaborando con Washington sin informar a la presidenta.
Sheinbaum declaró incluso desconocer la presencia de los agentes en Chihuahua.
El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, no cerró la cuestión: «Esta tragedia es un serio recordatorio de los peligros que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses encargados de proteger a nuestras comunidades».
«Estas colaboraciones suelen ser secretas —explica Saucedo— no solo para evitar interferencias sino, principalmente, por la influencia que los cárteles tienen en las instituciones mexicanas y el temor a filtraciones».
Para Sheinbaum, este incidente representa un nuevo capítulo de un problema recurrente, no solo para ella sino para cualquier líder mexicano: cómo manejar el habitual intervencionismo estadounidense sin dar la impresión de renunciar a la soberanía.
En 1985 ocurrió el caso más reconocido de una serie de sucesos que ilustran este dilema: el asesinato en México de Kiki Camarena, agente de la DEA, desencadenó una operación de represalia estadounidense en territorio mexicano sin la aprobación oficial, que incluyó la captura —o detención, según perspectivas— de uno de los responsables, trasladado a Estados Unidos para enfrentar juicio.
Pero las tensiones datan de antes: desde que Estados Unidos arrebató gran parte del territorio mexicano a mediados del siglo XIX, México ha mantenido una política exterior ambivalente que rechaza el intervencionismo pero simultáneamente coopera con otros países para gestionar los intereses de Washington.
Los gobernantes mexicanos suelen autodefinirse como nacionalistas, pese a que una parte fundamental de su gestión implica considerar los intereses del gobierno estadounidense en funciones.
Hasta el momento, Sheinbaum ha logrado proyectar a la población que ha fortalecido el papel de México más que haber cedido; sin embargo, ese equilibrio está en riesgo constante, principalmente mientras Donald Trump sea su interlocutor. Probablemente, el escenario cambie en el futuro.