Las claves
María Guardiola ha sido proclamada presidenta de la Junta de Extremadura con el respaldo de PP y Vox, tras cuatro meses de negociación.
Guardiola ha justificado su acuerdo con Vox, comparándolo con los pactos de Pedro Sánchez con Bildu y partidos independentistas, y ha acusado al PSOE de anteponer intereses nacionalistas.
El pacto establece que Vox ostentará una vicepresidencia y una consejería en el Gobierno, además de la controvertida norma de «prioridad nacional» para ayudas y servicios sociales.
Esta alianza ha provocado críticas tanto de la oposición como de ciertos líderes autonómicos del PP, quienes cuestionan la legalidad de la «prioridad nacional».
Cuatro meses después de los comicios, María Guardiola ha sido proclamada presidenta de la Junta de Extremadura.
La votación contó con el respaldo del PP y Vox, que en conjunto suman 40 escaños, mientras que el PSOE y Unidas por Extremadura votaron en contra.
En su intervención, Guardiola defendió el pacto con Vox y lo contrastó, criticándolo, con los acuerdos que Pedro Sánchez ha firmado para mantenerse en La Moncloa.
«Su partido ha alcanzado acuerdos con el terrorismo de Bildu y con partidos cuyo objetivo es desmantelar España».
Además, acusó al PSOE de aplicar una «prioridad nazi-onalista» en sus acuerdos con los independentistas vascos y catalanes.
En su opinión, a diferencia de la fórmula de Sánchez, el pacto en Extremadura responde a la búsqueda de «estabilidad» y al «interés general».
Con la proclamación de Guardiola, PP y Vox completan un proceso de negociación que se ha extendido durante cuatro meses.
Ambas fuerzas políticas han formalizado un acuerdo que contempla la incorporación de la formación de Santiago Abascal al Ejecutivo.
En concreto, Vox asumirá una vicepresidencia y otra consejería en el nuevo Gobierno. Este punto supone un cambio respecto a la postura inicial de Guardiola, quien durante la campaña descartaba la entrada de Abascal y su equipo.
Una de las cláusulas más controvertidas del pacto es la adopción de la denominada «prioridad nacional», que otorga preferencia a los ciudadanos españoles para el acceso a ayudas y servicios sociales.
Esta medida constituye una de las principales reivindicaciones de Vox, que ha indicado que buena parte de su programa migratorio ha quedado incorporado en el acuerdo.
Pacto PP-Vox
El PSOE votó en contra de Guardiola, reprochándole que cedió la agenda social a la «ultraderecha» para garantizarse la presidencia.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, calificó el acuerdo de «infame» y advirtió que algunas de las medidas son «ilegales» o «imposibles de llevar a cabo» por carecer de competencias autonómicas.
Las críticas al acuerdo con Vox no se limitaron a la oposición; también provocaron malestar en varias lideranzas del PP, especialmente en aquellas regiones con mayorías absolutas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado la base legal porque la «prioridad nacional» para acceder a subvenciones «no es legal» si se aplica como figura en el texto aprobado en Extremadura.
En Andalucía, Juanma Moreno apoyó el acuerdo en Mérida, aunque marcó distancia respecto a la fórmula: él prefiere evitar pactos con Vox y «gobernar en solitario».