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Más de siete días después de emitir sus votos en la primera vuelta, los peruanos continúan sin conocer con certeza quiénes avanzarán a la segunda y decisiva etapa electoral en su país.
El conteo sigue sin concluir y la incertidumbre alcanza su máximo nivel en un escrutinio donde los candidatos que aspiran a disputar con la conservadora Keiko Fujimori, quien lidera la votación parcial, están muy igualados.
Con el 93,8% de las actas procesadas, la candidata de Fuerza Popular registra un 17% de los sufragios y, salvo un giro inesperado, estará presente en el balotaje.
La disputa por el segundo lugar la protagonizan el izquierdista Roberto Sánchez, que alcanza un 12% de los votos, y el ultraconservador Rafael López Aliaga, separados apenas por 15.000 votos, menos del uno por ciento.
La competencia entre ambos es crucial, ya que quien ocupe el segundo puesto accederá a la ronda final para la presidencia.
Distintas incidencias durante la jornada electoral y la demora en la entrega de resultados definitivos han generado críticas hacia las autoridades electorales peruanas y tensado el panorama político en las últimas semanas.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que los resultados finales podrían prolongarse hasta mediados de mayo.
El ente electoral supremo también presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de Piero Corvetto, director de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, debido a fallas logísticas que impidieron que varios colegios electorales del área metropolitana de Lima abrieran el domingo de votación. Diversos sectores políticos y medios de comunicación exigen la destitución de Corvetto.
Por su parte, López Aliaga calificó el proceso como «un fraude electoral sin precedentes en el mundo», solicitó la anulación de los comicios y convocó a sus seguidores a manifestarse.
La lentitud en el conteo y publicación del resultado final contrasta con la norma en otros países, pero Perú cuenta con antecedentes similares.
En 2021, por ejemplo, fue necesario esperar varias semanas para que Pedro Castillo fuera declarado oficialmente vencedor de la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori.
Existen varias razones que explican la ausencia de resultados definitivos y la posible prolongación de ese proceso.
Los problemas en Lima
Los inconvenientes comenzaron durante la jornada electoral, cuando en 15 colegios de Lima Metropolitana las mesas no pudieron instalarse debido a la falta de materiales electorales.
En consecuencia, cerca de 60.000 ciudadanos no pudieron emitir su voto ese domingo, lo que llevó al JNE a ordenar que los centros afectados abrieran sus puertas el lunes para permitir a esas personas votar.
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A pesar de que el JNE habilitó un día adicional para votar, algunas agrupaciones con fuerte respaldo en Lima, como Renovación Popular de López Aliaga, comenzaron a manifestar que esta medida les causó perjuicios.
Una elección muy compleja
Especialistas apuntan que la complejidad del proceso electoral originado por la reforma constitucional de 2024 ha dificultado significativamente el conteo y, en particular, la resolución de las observaciones e impugnaciones presentadas por los partidos.
Los votantes peruanos debieron elegir a candidatos para la presidencia y vicepresidencia, el Senado en circunscripciones nacional y regional, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea destacó en su informe preliminar que «estas elecciones generales constituyeron el proceso más complicado en la historia reciente del Perú» y que se desarrollaron bajo un marco legal renovado que presentó numerosos retos tanto para votantes como para la administración electoral.
José Tello, exministro de Justicia y experto en derecho electoral del Instituto Aklla, afirmó a BBC Mundo que «la complejidad fue tal que en realidad fueron cinco elecciones en una».
Las papeletas de votación medían alrededor de 42 por 44 centímetros e incluían cinco elecciones distintas, permitiendo a cada votante marcar hasta 12 opciones.
El elevado número de candidatos —35 solo para la presidencia— ha complicado el conteo, especialmente la revisión de las actas con observaciones y las impugnaciones.
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Tello explica que «en muchos centros electorales el escrutinio llevó varias horas, lo cual causó demoras y errores, a veces debido al agotamiento de los miembros de las mesas».
Actualmente se están procesando principalmente las actas observadas, aquellas donde la ONPE detectó errores formales o de fondo, como fallos en la suma de votos, cifras ilegibles o incorrectas, o ausencias de datos o firmas requeridas.
Esas actas se excluyen del conteo hasta que el Jurado Electoral Especial de cada jurisdicción —hay 60 en todo el país— las revisa y decide.
También existen las actas impugnadas, en las que representantes de partidos en las mesas cuestionan la validez de algún voto o incluso la identidad del elector, por ejemplo, si la marca sale del recuadro o se sospecha que el votante no es quien dice ser.
«Los partidos en Perú tienen la costumbre de impugnar muchos votos y estamos notando que el proceso está muy burocratizado», señala Tello.
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Ante una elección tan reñida, donde unos cuantos miles de votos decidirán quién avanza a la segunda vuelta, los partidos parecen estar dispuestos a luchar hasta el final.
En días recientes, el principal obstáculo parece ser la lentitud en la etapa de impugnaciones. Estas son dirimidas por los Jurados Electorales Especiales; si no satisfacen a los partidos, pueden apelar al Jurado Nacional de Elecciones, cuyos cinco magistrados radicados en Lima tienen la última decisión.
Factores estructurales
A la complejidad de esta elección y a las incidencias ocurridas en Lima, que cuestionaron la actuación de la ONPE, se suman factores estructurales.
Perú es un país con alta ruralidad, regiones montañosas y selvas, donde muchas personas residen en comunidades pequeñas y aisladas.
Con un sistema electoral que se apoya en documentos físicos y es poco digitalizado, la logística y transporte dificultan el rápido procesamiento de las actas.
Además, la población peruana en el extranjero ralentiza el transporte y la contabilización de votos desde el exterior.
Por ello, las elecciones de 2026 no son las primeras en las que la espera para conocer resultados se extiende por semanas.
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Pedro Castillo debió esperar hasta el 19 de julio de 2021 para ser declarado oficialmente ganador, casi seis semanas después de celebrarse la segunda vuelta.
En esa ocasión, las miles de solicitudes de nulidad presentadas por Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori, obligaron al JNE a revisar detalladamente cada caso en audiencias públicas, dilatando el resultado final.
Asimismo, en la primera vuelta de 2006 la definición entre el expresidente Alan García y la conservadora Lourdes Flores Nano para acceder a la segunda vuelta se resolvió solo dos semanas después, tras culminar el análisis de todas las observaciones, permitiendo a García avanzar a la presidencia con un margen ajustado.
Las dudas en torno al proceso
Las incidencias en Lima, las denuncias sin sustento de fraude formuladas por López Aliaga y la lentitud para confirmar resultados alimentan las dudas sobre la transparencia del proceso electoral.
«La votación está muy ajustada y existe un alto grado de desconfianza, especialmente por lo ocurrido en Lima», señala Tello.
No obstante, afirma que «si bien hubo irregularidades, no hubo fraude».
Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, indicó durante la jornada que los observadores europeos observaron «retrasos, pero en un ambiente bastante calmado y sin irregularidades».
La Misión Europea concluyó en su informe preliminar que «el escrutinio realizado por los miembros de mesa fue considerado generalmente transparente y bien intencionado, aunque afectado por la complejidad de los procedimientos y la preparación insuficiente del personal».
Al parecer, los peruanos deberán esperar aún más tiempo para conocer a los candidatos que avanzarán a la segunda vuelta.
En un contexto marcado por la desconfianza hacia los políticos e instituciones, como han detectado las encuestas desde hace tiempo, el retraso y las acusaciones infundadas de fraude podrían profundizar el alejamiento ciudadano en una república que elegirá a su noveno presidente en la última década.