Los tres grupos con menores ingresos son, en promedio, beneficiarios netos del sistema, según un informe de Fedea
En España, el sistema de impuestos y prestaciones públicas —es decir, lo que los ciudadanos entregan al Estado y lo que reciben a cambio— produce un efecto evidente: la redistribución de la renta. En términos sencillos, el dinero se traslada de determinados hogares a otros mediante impuestos, pensiones, ayudas o servicios públicos. Según el último informe de Fedea, esta redistribución alcanza tal magnitud que la mitad de los hogares españoles obtiene del Estado más recursos de los que aporta.
Los hogares afrontan pagos no solo por conceptos como el IRPF, el IVA o las cotizaciones sociales, sino que también reciben ingresos públicos en forma de pensiones, prestaciones por desempleo, ayudas sociales o servicios como la sanidad y la educación. Cuando se compara lo abonado frente a lo recibido, si el balance es positivo, el hogar se considera beneficiario neto; en caso contrario, si es negativo, es contribuyente neto, aportando más de lo que recibe.
El informe del Observatorio sobre la distribución de impuestos y prestaciones entre los hogares españoles, realizado por Fedea, analiza dos áreas principales de la intervención pública: por un lado, las prestaciones públicas, que comprenden tanto transferencias monetarias (pensiones de jubilación y supervivencia, subsidios por desempleo, invalidez, enfermedad, asistencia social, ayudas al estudio, familiares y a la vivienda) como prestaciones en especie (sanidad y educación); y por otro, el sistema fiscal, que incluye impuestos directos (IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio, cotizaciones sociales de trabajadores, autónomos y empresarios) e impuestos indirectos (IVA, ITPAJD, impuestos especiales sobre alcohol, hidrocarburos, tabaco y electricidad, así como el impuesto sobre primas de seguros y, en menor medida, el IBI).
Llega abril y con él la obligación de presentar la Declaración de la Renta. Se explican las fechas claves, las formas de presentación (online, telefónica o presencial) y los límites de ingresos que obligan a declarar.
El documento clasifica a los hogares españoles en cinco grandes grupos según su nivel de ingresos (los llamados quintiles). Y el resultado es claro: los tres grupos con menores ingresos son, en promedio, beneficiarios netos del sistema. Mientras tanto, los dos grupos con rentas más elevadas actúan como contribuyentes netos. Esto implica que la redistribución alcanza a una porción amplia de la sociedad. No se limita solo a los hogares más desfavorecidos, sino que también muchas familias de renta media reciben más de lo que pagan.
“Como era de esperar, la mayoría de beneficiarios netos se concentra en los primeros tres quintiles, y la mayoría de contribuyentes netos, en los dos últimos. Aunque también existen hogares en los primeros tramos de renta bruta que son contribuyentes netos, así como hogares en los dos quintiles superiores que resultan beneficiarios netos”, señala el informe.
La diferencia, eso sí, es notable según el nivel de ingresos. En el grupo con menores ingresos, el saldo positivo —la diferencia entre lo recibido y lo pagado— representa más del 80% de su ingreso total. Esto indica que las prestaciones públicas juegan un papel decisivo en sus ingresos. En el tercer quintil, correspondiente a renta media, el saldo positivo se reduce aproximadamente al 15%.
A partir de ese punto, la situación se invierte. En el cuarto quintil, los hogares ya contribuyen más de lo que reciben, aunque de forma moderada. En el segmento con mayores ingresos, el saldo negativo es sustancialmente más elevado: estos hogares financian claramente más al sistema que lo que obtienen a cambio.
Este proceso no es fortuito. Forma parte del diseño del Estado de bienestar, cuyo propósito es atenuar las desigualdades. El informe ratifica que la intervención pública —sumando impuestos y prestaciones— logra reducir la desigualdad de ingresos en España en cerca de un 32%.
Las pensiones de jubilación, la prestación más importante
¿Cuál es la fuente principal de ese impacto redistributivo? Principalmente, las prestaciones públicas. Dentro de ellas, las pensiones son el componente más relevante. Constituyen más del 75% de todas las ayudas monetarias que reciben los hogares y desempeñan un papel fundamental en la reducción de las desigualdades de ingresos.
De acuerdo con el informe, en 2023 las prestaciones monetarias públicas aumentaron su peso en la economía familiar española. Este conjunto de transferencias —integrado por pensiones de jubilación y supervivencia, subsidios y prestaciones por desempleo, invalidez, enfermedad, asistencia social y otras ayudas específicas— creció un 6,4% respecto al año anterior. El mayor impulso provino de las pensiones de jubilación, que aumentaron un promedio del 8,2%, mientras que las de invalidez y supervivencia crecieron un 6,9% y un 6,6%, respectivamente.
El mayor volumen de prestaciones recae en las pensiones, que en 2023 representaron el 77,4% del total recibido por los hogares, frente al 76,3% del año anterior. Este incremento forma parte de una tendencia sostenida, reforzada por la actualización del 8,5% aplicada a las pensiones contributivas según el IPC medio de 2022. Por otro lado, las prestaciones vinculadas al desempleo representaron el 10%, cifra que disminuyó ligeramente debido a la mejora del empleo.
Impuestos directos e indirectos y su rol redistributivo
El sistema fiscal español —que incluye tanto impuestos directos como el IRPF y las cotizaciones sociales, como indirectos como el IVA— también ejerce una influencia determinante en los ingresos finales de los hogares. En 2023, la recaudación fiscal creció un 6,7%, aunque por debajo del aumento del 8,2% de la renta de los hogares, lo que disminuyó ligeramente la proporción de impuestos hasta el 35,5% de la renta bruta. Además, mientras los impuestos directos se incrementaron, los indirectos descendieron.
El IRPF continua siendo la principal herramienta redistributiva desde el lado de los impuestos, aunque su impacto se redujo levemente en 2023. Otros tributos, como el Impuesto sobre Sociedades, también son progresivos, pero su efecto es limitado debido a su menor peso relativo. Por su parte, las cotizaciones sociales tienen un comportamiento heterogéneo: representan una carga relativamente alta para los hogares con ingresos bajos y menor para los más adinerados, en parte a causa de los topes máximos de cotización.
En 2023, los impuestos redujeron la desigualdad en un 1,55%, frente al 2,65% de 2022
En conjunto, el sistema fiscal contribuye a disminuir la desigualdad, aunque de forma moderada y con menos intensidad que en años previos. En 2023, los impuestos rebajaron la desigualdad en un 1,55%, comparado con el 2,65% obtenido en 2022. La progresividad del sistema se ve limitada, además, por ciertos impuestos indirectos y porque los hogares con mayores ingresos asumen proporcionalmente una carga menor en algunos tributos.
Sanidad y educación
El gasto público en sanidad y educación funciona como una de las herramientas más importantes para la redistribución, aunque esta no se traduzca de manera directa en dinero. Estas prestaciones en especie aumentaron en 2023 un 5,2% en promedio —con un 4,9% en sanidad y un 5,6% en educación— y, al sumarse a los ingresos de los hogares, generan la llamada renta disponible extendida, que creció un 8,4%. En términos relativos, la sanidad equivale al 8,7% de la renta bruta de los hogares y la educación al 5,2%.
El efecto de estos servicios públicos sobre la desigualdad es relevante. En conjunto, sanidad y educación disminuyeron la desigualdad de la renta disponible en un 10% en 2023, aunque con un impacto algo menor que el año precedente.