Las claves
María Guardiola respalda el pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura, afirmando que el convenio es claro y que la Junta siempre respetará la legalidad.
El acuerdo contempla medidas como el endurecimiento de la política migratoria, la reducción de subvenciones a cooperación y ONG vinculadas a la inmigración, y la priorización de españoles en las ayudas sociales.
Esta alianza ha provocado manifestaciones sociales y críticas desde la oposición, que acusa a Guardiola de ceder la agenda social a la ultraderecha para asegurar la presidencia.
Incluso dentro del PP existe malestar; Ayuso cuestiona la legalidad de la «prioridad nacional» y Moreno prefiere no formar coaliciones con Vox.
María Guardiola se defendió este martes explicando su pacto de gobierno con Vox en Extremadura , asegurando que el acuerdo «no oculta nada».
Aunque reconoció que el pacto ha provocado «ruido» y «diversas interpretaciones interesadas», aclaró que «lo firmado será ejecutado» y que bajo ninguna circunstancia la Junta «incumplirá la ley».
Estas declaraciones las hizo durante su discurso de investidura en la Asamblea, una sesión que seguirá este miércoles con los discursos de los grupos políticos.
La votación tendrá lugar el día 24 y, con los 40 escaños que suman PP y Vox, salvo imprevistos, se aprobará su elección como presidenta de la Junta.
La candidata popular definió el pacto como el camino para «superar el bloqueo y dar paso a la acción», garantizando «estabilidad» mediante una hoja de ruta «duradera, confiable y a largo plazo» con presupuestos para los próximos cuatro años.
Indicó que la meta es «consolidar un modelo integrador» y marcar el inicio de una «etapa seria» que «perdure y deje una huella» en Extremadura.
Sin embargo, aclaró que PP y Vox no son «la misma formación, cada uno mantiene su identidad y su perspectiva».
Es un gobierno formado por PP y Vox «construido desde el diálogo, entre dos partidos diferentes, respetando sus diferencias e incluso sus discrepancias».
Ambos comparten el objetivo de que «Extremadura funcione a pleno rendimiento y deje atrás una etapa de bloqueo”, añadió.
Fuera del hemiciclo, el sector social de la izquierda se concentró frente a la Asamblea para protestar contra el acuerdo, que consideran una apertura hacia más «racismo y xenofobia».
La convocatoria fue organizada por la Coordinadora Extremeña de ONG de Desarrollo (Congdex), que agrupa a muchas ONG de cooperación y derechos humanos presentes en Extremadura.
La manifestación recordó, aunque en menor medida, los movimientos Rodea el Congreso de 2012 contra los recortes de Mariano Rajoy y la réplica de octubre de 2016, cuando tras unas elecciones generales repetidas, la izquierda volvió a rodear el Congreso.
Pacto PP-Vox
El acuerdo que facilitará la presidencia de Guardiola incluye medidas como un endurecimiento de la política migratoria, llevar al mínimo legal las subvenciones a cooperación al desarrollo, reducir a la mitad las ayudas a sindicatos, patronales y entidades privadas, así como suprimir subvenciones a ONG que «promuevan la inmigración ilegal».
El documento también rechaza la distribución de «inmigrantes ilegales» por parte del Gobierno central y establece la implementación de la “prioridad nacional” para españoles en el acceso a ayudas y servicios sociales, uno de los pilares de Vox.
La formación de Santiago Abascal se enorgullece de que una gran parte de su programa migratorio se haya incluido en el acuerdo de gobierno en Extremadura.
El PSOE anunció que votará en contra de Guardiola, acusándola de haber cedido la agenda social a la «ultraderecha» para asegurarse la presidencia.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, calificó el acuerdo de «despreciable» y advirtió que algunas medidas son «ilegales» o «impracticables» por la falta de competencias autonómicas.
Las críticas al pacto con Vox no sólo provienen de la oposición. El acuerdo también ha generado malestar en ciertas baronías importantes del PP, sobre todo aquellas con mayorías absolutas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó dudas sobre la legalidad de la «prioridad nacional» para acceder a subvenciones, considerándola ilegal si se aplica como está en el texto firmado en Extremadura.
En Andalucía, Juanma Moreno apoyó el entendimiento en Mérida, pero mostró distancia respecto a la fórmula: él prefiere evitar una coalición con Vox y «gobernar en solitario».